La injusticia laboral es un concepto atribuido a la falta de respeto a los derechos laborales de los trabajadores. Buena parte de los documentos sobre los derechos laborales refieren al conjunto de normas de orden público y de cumplimiento obligatorio que tiene por objeto brindar tutela y protección a la clase trabajadora durante el desempeño de sus actividades laborales.
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y la normativa nacional, así como los tratados y convenios internacionales ratificados por el Estado, establecen que los derechos laborales, incluido el conquistado por los trabajadores, son inviolables, irrenunciables, imprescriptibles y de cumplimiento obligatorio.
Entre los derechos laborales más generalizados señalamos aquellos relacionados con los beneficios sociales a corto, mediano y largo plazo, creación y afiliación a sindicatos, jornada de ocho horas, salario justo, pago de horas extras, entre otros.
Durante los últimos 10 años, en el país, se han emitido una serie de normas y políticas públicas en materia laboral con la finalidad de mejorar las condiciones laborales, brindar mayor protección a los derechos de la clase trabajadora. Sin embargo, la realidad de los trabajadores en Bolivia da cuenta de una permanente y sistemática violación a sus derechos.
El sector más afectado y vulnerable respecto a los derechos laborales son los trabajadores en aseo junto a obreros de construcción, trabajadores del hogar, entre otros; sectores en las que se presentan mayores niveles de precariedad laboral y se cometen una serie de injusticias que ponen en evidencia las relaciones de desigualdad y discriminación, reproducidos por la parte patronal.
Los trabajadores en aseo a nivel nacional sobrepasan las 6.000 personas, afiliados en 22 sindicatos distribuidos entre las ciudades capitales y ciudades intermedias de los nueve departamentos del país; orgánicamente pertenecen a la organización matriz la Federación Nacional de Trabajadores en Aseo de Bolivia (FENTRAB), entidad afiliada a la Central Obrera Boliviana.
El sector de las trabajadoras y trabajadores en aseo son los que, cotidianamente, cumplen el rol de barrido o limpieza, recolección, transporte, disposición final y tratamiento de los residuos sólidos. Actividad que por su forma laboral son expuestos a contacto diario con elementos nocivos para su salud como los elementos biológicos, físicos y químicos.
La relación laboral de este sector está definida por empresas descentralizadas, privadas, tercerizadas y/o concesionarias del servicio de aseo en cada Municipio del país. En esta relación laboral los problemas más recurrentes que enfrentan los sindicatos de aseo y la FENTRAB tienen que ver con los tipos de contrato en su mayoría bajo la figura de contratos a plazo fijo, con una duración de un año, contratos eventuales o de tres meses.
Un aspecto que llama la atención es el tipo de contrato que suscriben entre las dos partes, obrero-patronal, bajo la figura de “consultores en línea”. Si bien el contrato como “consultores en línea” es legal, según la jurisprudencia nacional éste precede de un tratamiento especial y diferente respecto a otras formas de contrato y como tal no goza de la protección de la Ley General de Trabajo.
Según el reporte de la FENTRAB, este tipo de contrato es muy usual en el sector de aseo cuyas condiciones hace entrever la intención de eludir las responsabilidades socio-laborales por parte de las empresas y lo peor es dar luz verde a la “flexibilidad laboral” para cometer injusticias en contra de las trabajadoras y trabajadores en aseo.
Otras injusticias que van en contra de los derechos laborales de los trabajadores en aseo son los recurrentes retrasos en el pago de salarios, el no pago del subsidio de frontera en los casos de trabajo en las fronteras, la sobrecarga de actividades, la falta de dotación de ropa de trabajo, de limpieza y equipo de seguridad, los bajos salarios, el no pago de horas extras por trabajo fuera de las ocho horas o por trabajados realizados durante los feriados y domingos, además de no reconocer el derecho de los trabajadores a ejercer o ser parte de sus sindicato. A todo esto, sumamos las frecuentes denuncias de acoso sexual, acoso laboral, amenazas de despidos, abusos y malos tratos que reciben las trabajadoras y los trabajadores al momento de realizar acciones en defensa y reivindicación de sus derechos u otras circunstancias.
Toda esta situación pone en evidencia de que este importante sector se encuentra en constante indefensión respecto al goce de sus derechos laborales, frente a una necesidad inminente de trabajar para cubrir las necesidades básicas y las de sus familias, en lo mínimo que implica el derecho al trabajo en el contexto legal y/o constitucional.
En el contexto de la pandemia por la COVID-19, los trabajadores en aseo, a pesar de la precariedad laboral y la constante violación a sus derechos, no han sido considerados como trabajadores en primera línea. Este sector junto al personal de salud, las fuerzas policiales y otros sectores han continuado realizando sus actividades a pesar de la cuarentena rígida decretada, arriesgando su vida, su seguridad, salud y la de sus familias.
Finalmente, en el marco del principio fundamental de los derechos humanos en el que todas las personas, trabajadoras y trabajadores, son iguales ante la ley y cuentan con la misma protección y garantías, es un imperativo exigir al Estado cumplir con su obligación de hacer respetar, defender y garantizar los derechos laborales de los trabajadores y por sobre todo desmontar aquel sistema que reproduce discriminación, desigualdad, explotación y dominación en contra de las trabajadoras y los trabajadores en aseo de Bolivia. ¡Por la dignidad de las trabajadoras y los trabajadores en aseo!
Alfredo Cahuaya
Coordinador nacional del Programa Urbano de UNITAS
