Foto: Opinión
ANF
“Los avasallamientos están peor que antes, ahora ya nos hacen Acción Popular y nos paralizan a los que tenemos derechos adquiridos”, señaló Néstor Choque, presidente de la Cámara Nacional de Minería (Canalmin).
La Cámara agrupa a los mineros pequeños de los departamentos de Oruro, Potosí, La Paz y Cochabamba que se dedican a la explotación de complejos, estaño, no metálicos y muy pocos a la extracción de oro.
Choque informó que de los yacimientos que están en producción, “por lo menos un 5% tiene problemas de avasallamiento, y de los que no están en actividad ni siquiera sabemos, no se han reportado porque inclusive hacer la denuncia ha sido complicado para los que están trabajando”.
Los avasallamientos mineros en Bolivia se comprenden como la toma ilegal y violenta de minas, ingenios, campamentos y derechos colaterales por personas o agrupaciones que pretenden obtener derechos con sus acciones. Los casos se presentan principalmente en los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí.
Choque explicó que las autoridades tardan en reaccionar cuando ellos hacen las denuncias o simplemente no hacen nada.
“Ellos dicen fácil ‘haga una denuncia o comunique a la AJAM’, pero definitivamente la AJAM no hace nada, tenemos muchos problemas, con los avasallamientos estamos tropezando en todo el sector”, dijo a ANF.
Además, que para hacer la denuncia incluso el afectado debe contar con dinero para pagar a los policías, y eso no es garantía por la cantidad de los comunarios que avasallan.
“Y si hacemos la denuncia ellos (AJAM) tampoco van a venir, nos piden que contratemos a los policías, y eso también tiene costo, todo es plata, en cada unidad creo que tienen dos o tres policías y eso no es suficiente, un avasallamiento es de 1.000 a 2.000 campesinos, y que vaya con tres o cuatro soldados no es efectivo, corremos el riesgo, y para manejar eso tenemos que tener recursos y el operador minero chico no está en esas condiciones”, apuntó.
El avasallamiento de las áreas mineras está tipificado como delito en el Código Penal, por lo que las autoridades competentes deben actuar en consecuencia, perseguir a los que invaden concesiones por la fuerza, sobre las cuales no tienen autorización de explotación.
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