Editorial Sumando Voces
La marcha evista y los grupos de choque del arcismo terminaron este lunes sus escaramuzas dejando entre sus víctimas a la libertad de prensa y de expresión. Según un recuento de los gremios de prensa, al menos 14 periodistas de medios privados y públicos sufrieron hechos de violencia, retención indebida, destrozo de equipos, golpes, empujones, amenazas, insultos y descalificación, así como impedimento para realizar el registro de imágenes y videos o la transmisión en directo de los hechos.
Lo sucedido en la marcha evista fue un recordatorio del período más oscuro en la relación entre prensa y poder en Bolivia en tiempos de democracia, y fue, además, una advertencia de lo que podría deparar el futuro, si no se exige respeto a los derechos y se alza la voz en contra de las vulneraciones.
En ese contexto, es importante recordarles a los líderes políticos, a los gobiernos, tanto al nacional como los subnacionales, y a las autoridades que la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales suscritos por el Estado boliviano garantizan la libertad de prensa y de expresión y que es deber del Estado cumplir y hacer cumplir estos derechos, además de proteger la labor periodística incluso cuando la información difundida pueda ser crítica o inconveniente para los intereses de éstos.
En sus recomendaciones para los estados, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH indica que los actos de violencia contra periodistas tienen un triple efecto: Vulneran el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas, opiniones e información; generan un efecto amedrentador y de silenciamiento en sus pares; y violan los derechos de las personas y las sociedades a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo. Ahí radica el aporte de la labor periodística, en la construcción de una verdadera democracia y por ello la importancia de protegerla.
Ante la ausencia de información pública transparente son los periodistas los que desarrollan esta labor en favor de la sociedad civil, generando condiciones para el debate con diversidad de opiniones y permitiendo la toma de decisiones informada de la población. Sin libertades de prensa y expresión, la democracia no puede sostenerse.
Los agresores de los periodistas que cubrieron la marcha evista son plenamente identificables. El gobierno a través de las instancias que corresponde tiene la obligación de promover una investigación y la consiguiente sanción para los vulneradores. La protección a los periodistas ayuda a combatir la impunidad de los crímenes contra ellos y protege la libre circulación de información hacía la sociedad. No hacerlo conduce a un triple efecto de impunidad, amedrentamiento y socavamiento de la democracia.
Según el Observatorio de Defensores de UNITAS, en lo que va del año se han registrado 27 casos de vulneración a la libertad de expresión y 80 a la libertad de prensa en el país.
Todos los ataques ocurridos en la marcha son repudiables, pero dos de ellos causaron mayor indignación por el grado de violencia e intolerancia de los manifestantes. Un caso tiene que ver con la periodista Irene Torrez, corresponsal de Cadena A en Oruro, que fue brutalmente golpeada por siete hombres, quienes le obligaron a borrar su material; y del periodista Víctor Mendizábal, de red UNO, quien fue acorralado y luego apedreado por los manifestantes.
Desde Sumando Voces expresamos nuestra solidaridad con los periodistas agredidos y exigimos el cese de la violencia, el amedrentamiento y la censura para garantizar la plena vigencia de las libertades fundamentales y garantías constitucionales. El rol que los periodistas juegan es de vital importancia para garantizar un estado democrático; siendo que, la democracia es participación informada y los/las periodistas son canales de información para la ciudadanía. Sólo con libertad de prensa y expresión, la ciudadanía será capaz de ejercer y reclamar el respeto a otros derechos.
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