Por Forus
Siete años después de la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – casi a la mitad del plazo de 2030 – la promesa visionaria de justicia social y de un mundo basado en los derechos, equitativo y ecológicamente justo para todos parece ser un sueño lejano.
1300 participantes de grupos históricamente marginados y excluidos, así como organizaciones de la sociedad civil de más de 127 países, piden a los líderes mundiales que tomen medidas audaces y transformadoras para hacer frente al actual sistema injusto, desigual y extractivo.
En la Asamblea Mundial de los Pueblos, organizada por la Global Call to Action Against Poverty (GCAP) y sus aliados, durante la 77ª sesión de la Asamblea General de la ONU, se aprobó el martes 22 de septiembre una Declaración elaborada con las aportaciones de más de 30 asambleas populares nacionales y regionales. «El momento de actuar es ahora», el grupo pide que se comparta el poder político y económico de forma equitativa entre el norte y el sur global, y que haya una democracia global y un espacio cívico sólido.
«Hemos intentado galvanizar las voces de las comunidades más marginadas en las asambleas populares organizadas a nivel nacional, regional y mundial. La declaración de la asamblea mundial se ha preparado en un proceso ascendente tomando las aportaciones de los grupos de base a los que los líderes mundiales tienen que escuchar», afirma Ingo Ritz, director del Global Call to Action Against Poverty (GCAP).
«La Asamblea Mundial de los Pueblos crea un espacio importante para que surjan opiniones y voces alternativas mientras los jefes de Estado se reúnen en Nueva York. Los reunidos en la asamblea creen que la ONU no puede seguir siendo un club exclusivo de gobiernos. Es necesario incluir al pueblo, a la sociedad civil y a los representantes electos», añade Andreas Bummel, Director Ejecutivo de Democracy Without Borders.
La Asamblea Mundial de los Pueblos pide a los responsables de la toma de decisiones que vinculen las necesidades de las generaciones futuras con las prioridades presentes, incluida la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que pongan fin al militarismo y que actúen frente a la crisis climática, con una estrategia fundada en los principios de los derechos humanos y la equidad intergeneracional, esencial para preservar los intereses de las generaciones presentes y futuras.
«Para lograr la justicia global, debemos lograr la justicia climática, y para lograr la justicia climática, debemos «Detener el Ecocidio». El ecocidio es un crimen contra mi generación y contra la humanidad. Centrar a mi generación en la lucha por la justicia global es clave, porque es nuestro futuro el que estamos forjando», afirma Emma Buretta, de Fridays For Future, a la que se unirán miles de personas en las calles de la ciudad de Nueva York para la próxima huelga climática.
La Declaración hace especial hincapié en los retos actuales en materia de derechos humanos en todo el mundo y pide a los líderes mundiales que garanticen las libertades fundamentales de reunión pacífica, asociación y expresión y que defiendan el derecho de todos a participar plenamente en la vida económica y cívica.
«Las condiciones del espacio cívico siguen siendo un reto en todo el mundo, ya que sólo el 3,1% de la población mundial vive en países donde se respetan y protegen las libertades fundamentales. Los ODS no pueden alcanzarse por completo sin la participación de quienes se ven afectados por ellos, y dicha participación solo puede llevarse a cabo en un entorno propicio. Es fundamental que la sociedad civil participe plena, activa y eficazmente para acelerar los compromisos de la Agenda 2030», afirma Lysa John, Secretaria General de CIVICUS.
Hablando sobre el espacio cívico de cara a las próximas elecciones presidenciales, Athayde Motta, director ejecutivo del Instituto Brasileño de Análisis Sociales y Económicos (IBASE) y personal ejecutivo de Abong, afirma que «las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales brasileños han sido objeto de procesos de criminalización burocrática cuyo objetivo es impedir que exijan derechos para los sectores más pobres de la sociedad brasileña. Los espacios cívicos han sido completamente cerrados en Brasil y la participación ciudadana en la elaboración de políticas y la toma de decisiones ha sido borrada. El resultado es claro: políticas sociales menos eficaces y menos dinero para los programas sociales o, simplemente, más pobreza».
La Declaración se centra en varios temas principales: la igualdad de vacunas, la democracia y los derechos humanos tanto en línea como fuera de ella, un enfoque transformador de género, la necesidad de cumplir y superar el acuerdo climático de París, la deuda y la justicia económica, en particular en lo que respecta a la financiación para el desarrollo y un sistema financiero mundial responsable, la necesidad de pacifismo y, por último, las reformas de la ONU de cara a la Cumbre del Futuro de 2024, en la que nadie debería quedarse atrás.
«La discriminación basada en la casta y la intocabilidad, conocida como discriminación basada en el trabajo y la ascendencia en términos de la ONU, es una causa fundamental de la pobreza extrema, la no representación, la violencia, la exclusión, la esclavitud y la injusticia para los dalits. Hay que eliminar estas injusticias y desigualdades aplicando eficazmente las leyes y políticas nacionales e internacionales», afirma Bhakta Biswakarma, del Foro de Asia sobre los Derechos de los Dalits.
«El mundo está fuera de la senda de la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. No podemos abordar la situación con un enfoque de continuidad; necesitamos acciones urgentes y extraordinarias hacia una recuperación justa e inclusiva». Para #HittheGoals (#CumplirLosObjetivos), todos debemos trabajar para que el desarrollo sea más eficaz. Las áreas clave son: que los países proveedores de ayuda entreguen el 0,7% de su renta nacional como ayuda oficial al desarrollo (AOD) y se adhieran a los principios de eficacia; que los planes den prioridad a los más empobrecidos y marginados para garantizar que no dejamos a nadie atrás; que el sector privado se adhiera a los derechos humanos y a las normas laborales; y que la sociedad civil se comprometa como actor independiente del desarrollo, libre de represión y persecución», comenta la CSO partnership for Development Effectiveness (CPDE).
Mientras la sociedad civil se esfuerza seriamente por lograr la implementación de los ODS, los sistemas políticos y económicos nos están fallando. El aumento de los precios de los alimentos y la energía, la pérdida de medios de vida, la degradación del medio ambiente y las graves deficiencias en materia de atención sanitaria -incluida la desigualdad en materia de vacunas y otras desigualdades en la lucha contra el COVID-19- están empujando a la gente a los márgenes y haciendo que nuestro planeta sea inhabitable. De manera urgente, la asamblea exige que se garantice el acceso gratuito y universal a la vacuna contra el COVID y a todas las pruebas y tratamientos, dando prioridad a los países más marginados, yendo un paso más allá de la decisión de la Conferencia Ministerial de la OMC de junio de 2022 para incluir una exención total de los ADPIC para la vacuna, las pruebas y los tratamientos. Por último, se debe adoptar el tratado sobre pandemias propuesto por la OMS.
«La realidad es clara. Todas las sociedades, ya sean grandes o pequeñas, fuertes o débiles, son vulnerables tanto a las catástrofes naturales como a las provocadas por el ser humano. Desde la crisis climática hasta los numerosos conflictos visibles e invisibles, son obviamente las poblaciones las que sufren las consecuencias a corto y largo plazo. Lamentablemente, casi nunca tienen voz y a menudo se les excluye del proceso de toma de decisiones. Estas puertas no pueden ni deben permanecer cerradas y hay que ampliar y reforzar las posibilidades de diálogo. Iniciativas como la Asamblea Mundial de los Pueblos regeneran espacios en los que los activistas y las organizaciones de la sociedad civil pueden reunirse, fortalecerse mutuamente, expresar su solidaridad y elaborar estrategias con las comunidades que quedan en la periferia del mundo político actual. Me refiero, por supuesto, a los jóvenes, a las mujeres, a las personas con discapacidad, a los ancianos y a todos aquellos que quedan al margen debido a los desequilibrios de poder. Es hora de escuchar sus voces. Hay que cerrar la brecha entre la retórica y la realidad. Traduzcamos por fin las promesas en acciones. Que todos, líderes, investigadores, grupos de la sociedad civil y todos los demás actores del mundo, encuentren en mis palabras una llamada a la acción», concluye Mavalow Christelle Kalhoule, presidenta de Forus y de SPONG, la red de ONG de Burkina Faso.
