Sumando Voces
Un encuentro nacional para la complementación del anteproyecto de Ley Nacional de Emergencia Climática en Bolivia alertó que se avecina una crisis hídrica que afectará a La Paz y a otras regiones del país. Ese es uno de muchos signos de lal naturaleza que obligan a agilizar la presentación de esta propuesta normativa hasta finales de septiembre de este año ante la sociedad en general y ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, para su tratamiento y pronta aprobación.
«Este año se va a registrar el fenómeno del niño, parecido a lo que ocurrió en 2016, cuando partes de La Paz se quedaron sin agua debido a la tardía llegada de las lluvias. Si bien ahora estamos con el 60% de aguas en la ciudad de La Paz y El Alto, nada nos garantiza que las lluvias vayan a llegar a tiempo debido», sostuvo el biólogo técnico de la Plataforma para hacer frente al Cambio Climático, Marcos Nordgren Ballivian.
Agregó que, además del fenómeno del niño, el aumento de temperaturas y, por ende, mayor consumo de agua para el uso doméstico, el riego de jardineras municipales, el deshielo de glaciares en las cuencas y disminución de agua en las represas, podrían converger en un momento de crisis de desabastecimiento del agua.
El especialista criticó al Gobierno por enfocarse en la lucha del poder, cuando se avecinan problemas realmente importantes por la escasez del líquido. «Ya lo está haciendo Potosí, ya lo está haciendo gran parte del área rural de este país. Vamos a visitar Totora Marca en Oruro, el chaco chuquisaqueño o tarijeño y nos damos cuenta que la situación está más allá de la normalidad», puntualizó.
Ayer, jueves, el gerente general de la Administración Autónoma para Obras Sanitarias (AAPOS) de Potosí, Carlos Chumacero, se quebró en llanto al informar que están con un volumen de almacenamiento por debajo del 20% y exhortó al pueblo potosino a afrontar esta realidad con valentía.
“Estamos con un volumen de almacenamiento por debajo del 20%. Actualmente, estamos con 100 litros por segundo. A nuestra población potosina -dijo entre lágrimas- enfrentaremos nuevamente esta sequía como seres humanos valientes, con lo que tenemos y con lo que podemos”.
El biólogo Marcos Nordgren agregó que la industria de litio contribuirá a la escasez del recurso hídrico, ya que demandará «enormes» cantidades de agua para su procesamiento.
Frente a toda esta situación, que no solo tiene que ver con la escasez de agua, sino con el aumento de temperaturas, las inundaciones, las sequías, la mortandad animal, migración, contaminación, deforestación de bosques, afectación a comunidades y pueblos indígenas, entre otros, la sociedad civil organizada, con el apoyo de organizaciones no gubernamentales, encararon desde el 2020 un proyecto de ley para hacer frente al cambio climático con una ley nacional.
Ésta, de acuerdo a las sugerencias que dio la sociedad civil en el encuentro nacional realizado este 1 de septiembre en La Paz, prevé que se denomine Ley Nacional de Gestión de Crisis y Emergencia Climática. Y, en primera instancia, se busca que se visibilice la crítica situación ambiental que vive Bolivia y la afectación a las comunidades, pueblos indígenas y población urbana.
La sociedad organizada, además, exige que tras el tratamiento y aprobación de esta normativa, se ejecuten planes inmediatos de emergencia climática sectorial para hacer frente a la deforestación, el cambio de uso de suelo, la migración ambiental, actividades extractivistas y gestión de recursos hídricos.
Piden que se enfoque la atención en la protección y restauración de sistemas de vida y se dote de asistencia humanitaria oportuna a las poblaciones vulnerables, fortaleciendo los programas de resiliencia climática, entre otros puntos.
En las mesas de trabajo se enfatizó en que la responsabilidad para frenar la crisis ambiental no solo es del Gobierno, sino, es una tarea conjunta en la que todos deben aportar.
Impactos ambientales en 2022
En los últimos años, la temperatura del planeta ha aumentado debido a las distintas actividades humanas, y que están relacionadas a la economía del país. “Por ejemplo, la industria, energía, sector agropecuario, la ganadería, producción y deforestación son grandes actividades que contribuyen a la concentración de estos gases de efecto invernadero y, por tanto, la temperatura”, refirió la integrante de la Plataforma Boliviana de Acción frente al Cambio Climático, Maria Fernanda Zeballos.
En Bolivia, al menos 64 municipios se declararon en emergencia en octubre de la gestión pasada. El 75% de las pérdidas por heladas se registraron en noviembre de 2022 e incrementó la mortandad animal, principalmente del ganado camélido. La sequía dejó alrededor de 250 millones de dólares en pérdidas agrícolas, y después se pasó a inundaciones en enero de este 2023, que siguieron sumando los daños.
En el altiplano norte se registró el 40% de disminución de lluvias, lo que se retrasó las siembras y provocó que las represas en La Paz lleguen a tan solo el 40% en reservas de agua.
“En el municipio de San Julián, donde es una región muy cálida, han estado recibiendo granizos, donde nunca antes habían visto ese fenómeno. En nuestro caso, que estamos en la zona andina, estamos recibiendo olas de calor y temperaturas no registradas en esta época del año”, sostuvo.
En 2023, se registró la “peor epidemia de dengue” a causa del aumento de temperaturas y las condiciones ambientales que se vive en la actualidad. “Analicemos un poco, la crisis climática no sólo afecta a actividades de desarrollo socio-económico, también a la educación y a la salud”, acotó.
