El TCP retiene el proceso para elegir magistrados sin explicaciones.
Cuando falta menos de un mes para que terminen los mandatos de los magistrados de las altas cortes del país, no existen consensos para llenar el vacío de poder que se producirá desde el 1 de enero del próximo año.
Mientras el evismo plantea una ley corta para evitar la prórroga de los mandatos de los magistrados titularizando a los suplentes, la opositora Comunidad Ciudadana (CC) quiere que jueces y vocales asuman los cargos interinamente, mientras el sistema político se pone de acuerdo para elegir a los magistrados por voto popular.
En ese contexto, ¿qué está haciendo el gobierno de Luis Arce? Aparentemente nada, sin embargo, las altas cortes sí están operando mediante recursos judiciales para autoprorrogarse en sus cargos, aparentemente con la anuencia del Gobierno.
Luego de la fractura del MAS, el presidente Luis Arce perdió mayoría en la Asamblea Legislativa, por tanto, según el jurista Ramiro Orías, el Mandatario está buscando gobernabilidad con la judicatura, particularmente con el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo de justicia.
“Claramente, este va a ser un Gobierno con la judicatura, con el Tribunal Constitucional, con el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), sometidos a las políticas del Ejecutivo”, dijo Orías a Sumando Voces.
Y la prueba de eso es que durante el segundo semestre del año, ambas instituciones han trabado el proceso para seleccionar candidatos a magistrados y para convocar a elecciones judiciales, tal como manda la Constitución.
De hecho, la última maniobra en ese sentido fue ejecutada en noviembre, cuando el Tribunal Supremo de Justicia planteó al Tribunal Constitucional una ampliación de consulta respecto al proyecto del Legislativo para las elecciones judiciales.
Hasta ahora, el Tribunal no se ha pronunciado sobre esa ampliación de consulta y la interpretación del propio Orías y de la jurista Kathia Saucedo es que los magistrados buscan prorrogar sus mandatos.
“Es una situación de conflicto de interés, porque en el fondo lo que se están buscando es una autoprórroga de falto de sus mandatos”, dijo Orías, al advertir que el Tribunal en este tema debe estar sometido a la voluntad de la Asamblea y no al revés.
El especialista comentó que “esto es preocupante porque sus mandatos son improrrogables, no son reelegibles y van a ampliar sus mandatos más allá de la forma y el procedimiento que ejerce la Constitución boliviana, lo cual es una vulneración al orden democrático”.
En la misma línea, la jurista Saucedo escribió en su más reciente columna que “la intencionalidad del contenido de la ampliación de la consulta parece estar dirigida a forzar una interpretación constitucional que suprima la preselección a cargo de la ALP (Asamblea Legislativa), que elimine la elección popular de las altas cortes judiciales y que otorgue el aval final a la prórroga de mandato de los actuales magistrados y magistradas”.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres, confirmó las sospechas de los juristas esta semana, cuando rechazó los proyectos del evismo y de la oposición argumentando que la Asamblea no tiene la facultad de nombrar magistrados. Y, por el contrario, dijo que el único que puede interpretar la Constitución es el Tribunal Constitucional.
«Hemos llegado a este punto sin elegir magistrados, sin que exista un proceso de convocatoria, de selección y obviamente de elección de magistrados. No puede generarse un vacío de poder, no puede haber vacancia en los altos tribunales del Estado (…) El único facultado para interpretar la CPE es el TCP y eso es lo que requerimos en este momento: una interpretación del TCP para salir de esta situación crítica», dijo según un reporte de Los Tiempos que cita al programa Que no me pierda.
Antecedentes
Luego de tres recursos previos, el Tribunal Constitucional dispuso que todo el proceso de selección de candidatos y la convocatoria a elecciones debía realizarse por dos tercios de votos, lo que trabó el proceso e la Asamblea. Luego, esos dos tercios se consiguieron en el Senado, sin embargo, cuando la norma llegó a Diputados, su presidente envió el proyecto en consulta a diversas instituciones, entre ellas al Tribunal Supremo de Justicia, que a su vez hizo una consulta al Tribunal Constitucional.
Para terminar de bloquear el proceso, en noviembre el TSJ hizo una ampliación de esa consulta ante el TCP, con lo que hasta la fecha el Asamblea no ha podido tratar el tema.
Pero, el asunto es calificado de absurdo porque los magistrados son parte interesada en este caso. “Se imagina que por una serie de recursos constitucionales se suspenda la elección del presidente, y el presidente en funciones se quede hasta que resuelvan los recursos pendientes, es un absurdo”, mencionó Orías.
Advierten “autoprórroga de facto” de los magistrados y ven que Arce gobierna con la judicatura
Cuando falta menos de un mes para que terminen los mandatos de los magistrados de las altas cortes del país, no existen consensos para llenar el vacío de poder que se producirá desde el 1 de enero del próximo año.
Mientras el evismo plantea una ley corta para evitar la prórroga de los mandatos de los magistrados titularizando a los suplentes, la opositora Comunidad Ciudadana (CC) quiere que jueces y vocales asuman los cargos interinamente, mientras el sistema político se pone de acuerdo para elegir a los magistrados por voto popular.
En ese contexto, ¿qué está haciendo el gobierno de Luis Arce? Aparentemente nada, sin embargo, las altas cortes sí están operando mediante recursos judiciales para autoprorrogarse en sus cargos, aparentemente con la anuencia del Gobierno.
Luego de la fractura del MAS, el presidente Luis Arce perdió mayoría en la Asamblea Legislativa, por tanto, según el jurista Ramiro Orías, el Mandatario está buscando gobernabilidad con la judicatura, particularmente con el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo de justicia.
“Claramente, este va a ser un Gobierno con la judicatura, con el Tribunal Constitucional, con el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), sometidos a las políticas del Ejecutivo”, dijo Orías a Sumando Voces.
Y la prueba de eso es que durante el segundo semestre del año, ambas instituciones han trabado el proceso para seleccionar candidatos a magistrados y para convocar a elecciones judiciales, tal como manda la Constitución.
De hecho, la última maniobra en ese sentido fue ejecutada en noviembre, cuando el Tribunal Supremo de Justicia planteó al Tribunal Constitucional una ampliación de consulta respecto al proyecto del Legislativo para las elecciones judiciales.
Hasta ahora, el Tribunal no se ha pronunciado sobre esa ampliación de consulta y la interpretación del propio Orías y de la jurista Kathia Saucedo es que los magistrados buscan prorrogar sus mandatos.
“Es una situación de conflicto de interés, porque en el fondo lo que se están buscando es una autoprórroga de falto de sus mandatos”, dijo Orías, al advertir que el Tribunal en este tema debe estar sometido a la voluntad de la Asamblea y no al revés.
El especialista comentó que “esto es preocupante porque sus mandatos son improrrogables, no son reelegibles y van a ampliar sus mandatos más allá de la forma y el procedimiento que ejerce la Constitución boliviana, lo cual es una vulneración al orden democrático”.
En la misma línea, la jurista Saucedo escribió en su más reciente columna que “la intencionalidad del contenido de la ampliación de la consulta parece estar dirigida a forzar una interpretación constitucional que suprima la preselección a cargo de la ALP (Asamblea Legislativa), que elimine la elección popular de las altas cortes judiciales y que otorgue el aval final a la prórroga de mandato de los actuales magistrados y magistradas”.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres, confirmó las sospechas de los juristas esta semana, cuando rechazó los proyectos del evismo y de la oposición argumentando que la Asamblea no tiene la facultad de nombrar magistrados. Y, por el contrario, dijo que el único que puede interpretar la Constitución es el Tribunal Constitucional.
«Hemos llegado a este punto sin elegir magistrados, sin que exista un proceso de convocatoria, de selección y obviamente de elección de magistrados. No puede generarse un vacío de poder, no puede haber vacancia en los altos tribunales del Estado (…) El único facultado para interpretar la CPE es el TCP y eso es lo que requerimos en este momento: una interpretación del TCP para salir de esta situación crítica», dijo según un reporte de Los Tiempos que cita al programa Que no me pierda.
Antecedentes
Luego de tres recursos previos, el Tribunal Constitucional dispuso que todo el proceso de selección de candidatos y la convocatoria a elecciones debía realizarse por dos tercios de votos, lo que trabó el proceso e la Asamblea. Luego, esos dos tercios se consiguieron en el Senado, sin embargo, cuando la norma llegó a Diputados, su presidente envió el proyecto en consulta a diversas instituciones, entre ellas al Tribunal Supremo de Justicia, que a su vez hizo una consulta al Tribunal Constitucional.
Para terminar de bloquear el proceso, en noviembre el TSJ hizo una ampliación de esa consulta ante el TCP, con lo que hasta la fecha el Asamblea no ha podido tratar el tema.
Pero, el asunto es calificado de absurdo porque los magistrados son parte interesada en este caso. “Se imagina que por una serie de recursos constitucionales se suspenda la elección del presidente, y el presidente en funciones se quede hasta que resuelvan los recursos pendientes, es un absurdo”, mencionó Orías.
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