Foto referencial sobre las personas adultas mayores. Imagen: Unal
En las comunidades rurales de Bolivia, la vejez se ha convertido en sinónimo de abandono, exclusión y precariedad. Los adultos mayores enfrentan no solo la pobreza económica, sino también múltiples formas de maltrato institucional y comunitario.
Félix Larrazábal, presidente de la Asociación Nacional de Adultos Mayores de Bolivia (Anambo), resume esta situación: “La pobreza en los adultos mayores de la ciudad no es tanto como ocurre en el área rural, donde es peor, con 350 bolivianos tienen que sobrevivir sin sus hijos que han migrado por buscarse un futuro mejor”.
A este abandono económico se suma una serie de sanciones comunitarias que vulneran sus derechos más básicos. Según Larrazábal, en varias comunidades los adultos mayores son castigados por no participar en marchas o actividades comunales. “Les quitan sus rentas con multas de hasta 200 bolivianos, les despojan de sus bienes, de sus terrenos. La situación del adulto mayor es peor en el campo”, lamenta en declaraciones a ANF.
En las zonas urbanas, aunque las condiciones siguen siendo precarias, algunos logran al menos acceder al comercio informal para sobrevivir. “Aquí en la ciudad un adulto mayor ¿qué tiene que hacer? Salir a vender sus pastillas, cigarros o comprarse algunos papeles higiénicos. Y eso ni siquiera le da un poco de sensibilidad a nuestros gobernantes: ni gobiernos departamentales ni municipales, peor el gobierno nacional”, critica Larrazábal.
Pese a las solicitudes formales de Anambo para mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores, en febrero el Gobierno central descartó un aumento a la Renta Dignidad para 2025. La viceministra de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Hortencia Villanueva, respondió que “no es viable ningún incremento, ya que se debe priorizar la sostenibilidad y la continuidad del pago”.
Benjamín Ajata, presidente de la Asociación Departamental de Adultos Mayores de La Paz (Adampaz), afirma que esta negativa a un incremento -ellos proponen Bs 1.500 mensual frente a los Bs 350 que reciben- ha generado un profundo malestar.
“La gente de la provincia está bien molesta con el gobierno por la negativa a incrementar la Renta Dignidad. Por eso se está impulsando una marcha que llegará a la ciudad, y no solo en La Paz, sino a otras capitales”, anuncia.
El descontento no se basa solo en el bajo monto del beneficio, sino en las condiciones extremas que enfrentan en el área rural.
“Los adultos mayores están sufriendo, no tienen ingresos, hasta sus cultivos de papa todo se ha podrido por el agua. Hay mucha lluvia, y ahora no tienen con qué vivir. El gobierno no se da cuenta, todo está agotado, no quiere dar nada, como si nunca fueran a llegar a ser viejos”, denuncia Ajata.
Para muchos ancianos entre los 70 y 80 años, la vejez llega sin pensión, sin acceso a salud y sin familia, dice el dirigente.
“Muchos de sus familiares se fueron del campo porque también están luchando por su sobrevivencia, y no hay justicia para el adulto mayor, tampoco medicamentos ni hospitales”, agrega.
El informe “Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores en el Estado Plurinacional”, elaborado por la Defensoría del Pueblo, reconoce que, aunque Bolivia cuenta con una base legal robusta para proteger a este grupo, existen serias deficiencias en su implementación.
El documento resalta que la vejez requiere una atención integral por parte del Estado y la sociedad. Sin embargo, en el área rural, factores como la discriminación por edad, el desconocimiento de derechos y las prácticas culturales restrictivas impiden que los adultos mayores accedan a beneficios garantizados en la Constitución y en leyes específicas como la 1886 de descuentos y privilegios.
El informe también advierte sobre diversas formas de maltrato que afectan a esta población: físico, psicológico, económico, por descuido y cultural. En las provincias, muchos adultos mayores viven bajo amenaza de despojo o abandono, sin recursos legales efectivos para protegerse.
Ajata también señala la ausencia de instituciones que velen por los adultos mayores en las provincias y lanza sus críticas al Ministerio de Justicia.
“El Ministerio de Justicia solo está para la gente de la ciudad. Para los adultos mayores de las provincias que sufren injusticias, no está”, asegura.
Además, cuestiona la falta de voluntad política para atender sus demandas y dice que son cinco veces que el gobierno les ha negado el incremento de la Renta Dignidad. “No quiere conversar con nosotros, no quiere ver a los adultos mayores”.
La base social, explica, está cada vez más impaciente. Dice que ya se ha cansado y se ha agotado de tanto pedir sin obtener respuesta, por lo que está muy enojada.
El rol de la Defensoría del Pueblo, según los dirigentes, también es cuestionado, ya que “el defensor del Pueblo tampoco hace nada, no hay esa institución para los adultos mayores y estamos totalmente discriminados por el gobierno”.
El informe de la Defensoría reconoce que, aunque existen esfuerzos para garantizar los derechos de este grupo, aún no se han erradicado las prácticas de exclusión, sobre todo en áreas rurales e indígenas.
Frente a este panorama, Larrazábal insiste en que el país necesita políticas públicas que vayan más allá de un bono.
“Los adultos mayores necesitan algo más que una Renta Dignidad simbólica. Necesitan servicios de salud, acceso a justicia, respeto por sus derechos y protección real”, concluye.
En 2023, la Defensoría del Pueblo recibió 312 denuncias de maltrato contra personas adultas mayores, un 48% de ellas provenientes de zonas rurales. La mayoría de los casos correspondía a despojo de tierras, negligencia familiar, violencia económica y falta de acceso a atención médica oportuna.
También te puede interesar:
