Sumando Voces
El conflicto de la Asociación de Productores de Coca de los Yungas (Adepcoca) ha dado un giro de 180 grados, al punto que el Gobierno de Luis Arce ahora reconoce que el mercado de venta de coca instalado por la dirigencia de Arnold Alanez en la zona de Villa El Carmen de La Paz, es ilegal. No sólo eso, sino que ha clausurado ese centro de abasto y ha puesto custodia policial para evitar la comercialización de coca.
Todo indica que este cambio de postura se debe a la afinidad de Alanez con el expresidente Evo Morales, que ahora es enemigo del presidente Arce. En esta postura se inscriben los legisladores evistas y el propio dirigente Alanez, ahora caído en desgracia.
Sin embargo, no falta quien afirma que, tras el escándalo del narcotraficante Sebastián Marset, el Gobierno quiere desligarse de la venta ilegal de coca para evitar ser relacionado con el negocio ilícito de las drogas. En esta postura está la abogada del dirigente cocalero César Apaza, Evelyn Cossío.
El caso es que el gobierno de Arce avalaba al dirigente Alanez y permitía el funcionamiento del mercado ilegal de coca, lo que ha provocado un enfrentamiento fratricida entre cocaleros de Los Yungas, con saldos violentos y dramáticos, que incluye heridos, detenidos y perseguidos.
El dirigente Alanez, en recientes declaraciones al diario El Deber, dijo haberse reunido en tres ocasiones con Morales y que tras esos encuentros ha sentido las represalias del Gobierno. Según su relato, tras el primer encuentro, ha sido amenazado; tras la segunda reunión, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, se presentó en Villa Fátima “a darle las manos a los delincuentes”, y tras la tercera cita, el Gobierno cerró el mercado paralelo de venta de coca.
Alanez presume que, para ejecutar el operativo policial en ese centro de abasto, él fue llevado a prisión por una deuda de asistencia familiar, la que finalmente terminó pagando para recuperar su libertad.
Pero, no sólo el Gobierno muestra un giro en este conflicto, sino el propio Alanez, que ahora reconoce su cercanía con Morales luego de haber negado sistemáticamente que respondía al MAS.
En la misma línea ha declarado la diputada del ala evista, Gladys Quispe, quien considera que existe una persecución de parte de los ministros de Arce a los dirigentes que son afines a Evo Morales.
“Lamentablemente los ministros no están obrando bien, es una traición a nuestros sectores sociales, porque esos hermanos, ese sector ha estado en las calles, ha estado en los bloqueos, ha estado en la lucha, han votado por Luis Arce Catacora y esto es una traición”, dijo.
Caso Marset
En cambio, la abogada Cossío considera que el Gobierno ha cerrado el mercado ilegal para enviar un mensaje a la comunidad internacional en sentido de que no promueve el comercio ilegal de coca ni el narcotráfico, porque, según dijo, en el mercado de Alanez se vendía coca excedentaria.
En declaraciones a Sumando Voces dijo que, con el destape del caso Marset, “se ha puesto en evidencia que en Bolivia se está viviendo un narcogobierno, que hay autoridades con peso político que aparentemente estarían vinculadas con estos ciudadanos, en consecuencia, creo que el hecho de cerrar el mercado paralelo es a raíz del cuestionamiento de entidades encargadas de controlar desde la producción hasta la comercialización de la hoja de coca”.
Cossío no cree que haya trasfondo político y asegura que Adepcoca orgánica no tiene ninguna cercanía con el gobierno de Luis Arce.
¿Qué pasará con los detenidos?
Pero más allá de los motivos que llevaron al Gobierno a este giro, ahora surge la interrogante sobre el futuro de César Apaza y otros dirigentes de Adepcoca que están detenidos o perseguidos por la destrucción del mercado que el gobierno ahora reconoce como ilegal.
El periodista Andrés Gómez, por ejemplo, considera que deberían ser liberados. “César Apaza y Freddy Machicado marcharon porque el mercado de Alanes es ilegal y pidieron al gobierno cerrarlo. El gobierno de Luis Arce les dio la razón y lo cerró. Entonces, ¿qué esperan, señores del gobierno de Arce, para liberar a ambos dirigentes que pidieron lo correcto?”, escribió en su cuenta de Twitter.
La abogada Cossío, en cambio, pide que se encuentre a los verdaderos responsables de la destrucción del mercado paralelo porque “en más de 10 meses de investigación, el Ministerio Público no ha podido probar la participación y autoría del ciudadano Julio Cesar Apaza Tintaya y de los otros dirigentes”.
Recuerda que su defendido, que se encuentra preso y delicado de salud tras una embolia sufrida en plena prisión, está acusado de 13 delitos, entre ellos incendios, robo, lesiones graves y gravísimas, entre otros. “Los actos de violencia no van a ser tolerados desde cualquier punto de vista, lo que nosotros exigimos es que se dé con los verdaderos autores”.
Recuerda que el 8 de septiembre se ha desarrollado la marcha que ha derivado en la acusación contra Apaza, pero que ésta se ha dado por la inoperancia de las autoridades del Gobierno. Asegura que se ha enviado varias notas al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras pidiendo el cierre del mercado paralelo, pero que no hubo respuesta, por lo que se ha generado el conflicto.
La respuesta ha llegado casi un año después, con el cierre del mercado paralelo porque ahora el Gobierno reconoce que es ilegal.
