Esta es la caseta en la que las víctimas permanecieron durante 10 años. Foto: ERBOL
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió una demanda contra el Estado boliviano planteada hace casi 10 años por la Unión Nacional de expresos y exiliados políticos, que agrupa a más de 400 personas, por las presuntas irregularidades relacionadas con la falta de reparación a las víctimas de las dictaduras ocurridas entre 1964 y 1982.
“La parte peticionaria denuncia que el Estado no ha cumplido su obligación de garantizar una reparación a las presuntas víctimas por los hechos de violencia que sufrieron durante los gobiernos dictatoriales ocurridos entre 1964 y 1982. Arguye que, a pesar de que existe un marco normativo que regula un procedimiento para tal fin, este no ha resultado eficaz debido a que contiene requisitos imposibles de cumplir”, señala el informe No 70/23 de la CIDH respecto a la posición de las víctimas.
La petición fue planteada el 27 de diciembre de 2014 y ha sido admitida el 7 de junio de 2023. El abogado peticionante es Franco Albarracín, quien afirmó que “actualmente, el caso se encuentra en su etapa final, lo que implica que el Estado podría ser sancionado por violar los derechos reconocidos en la convención Americana”.
La CIDH decidió “declarar admisible la petición en relación con 8 (garantías judiciales),24 (igualdad ante la ley) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana”, mientras que declara “inadmisible la presente petición en relación con 10 (derecho a indemnización), 11 (protección de la honra y de la dignidad), 14 (derecho de rectificación y respuesta) y 15 (derecho de reunión) de la Convención Americana”.
En mayo del año pasado, el Gobierno de Luis Arce informó sobre el inicio del pago de 12,6 millones de bolivianos por concepto de resarcimiento a las víctimas de las dictaduras.
En agosto de 2022, 1.174 familiares y víctimas de las dictaduras llegaron a un acuerdo con el Gobierno para ese pago, luego de una década de haber permanecido en vigilia en El Prado esperando una respuesta del Estado.
Al respecto, Albarracín, citando a las víctimas afirma que muchas “no han recibido el pago por requisitos excesivos de parte del Gobierno; pero, sobre todo, la mayor parte de las víctimas siguen sin recibir ni un solo centavo”.
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