Gabriela Canedo Vásquez
“La única intención era poder salir con vida y no en una caja”, dijo César Apaza tras haberse acogido a un juicio abreviado en el que se declaró culpable de delitos que no cometió. Se le dio una pena de tres años de cárcel que por “perdón judicial” podrá cumplirlos en libertad condicional. Solo así pudo dejar el penal de San Pedro después de 16 meses de estar detenido preventivamente. Apaza dirigente de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca) fue detenido de manera brutal, en septiembre de 2022, en el contexto del continuo conflicto de esa organización con su ala progubernamental, liderada por Arnold Alanes, por el mercado y la producción de coca de los Yungas.
Apaza fue acusado de haber cometido los siguientes delitos: incendio, lesiones graves, privación de libertad, allanamiento de domicilio, robo agravado, secuestro, quema de bienes públicos. Sin embargo, durante casi año y medio, no se demostró indicios de su culpabilidad.
Durante su reclusión, Apaza sufrió una embolia provocada por la tremenda paliza y tortura que recibió en el momento de su detención. En repetidas ocasiones y en la audiencia de “acción de libertad” por su delicado estado de salud, la justicia nauseabunda le negó la posibilidad de defenderse en libertad. Enmanillado a la camilla, con medio cuerpo paralizado, se lo tuvo en una celda de dos por dos metros que compartió con otros reos. No recibió la atención de salud adecuada, por tanto, se vulneró su derecho humano a la vida. La justicia sometida al poder político de turno resulta ser el mismísimo infierno para los presos políticos y chivos expiatorios que denuncian al Gobierno o no se cuadran ante él: ya lo vimos con Marco Antonio Aramayo, Elvira Parra, Franklin Gutiérrez y ahora con César Apaza.
En el tiempo que estuvo en prisión él recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al igual que a la Defensoría del Pueblo que dejan mucho que desear, al no haber intercedido, ni actuado frente a la vulneración de sus derechos.
Después del calvario que le supuso estar recluido en los penales de Chonchocoro y San Pedro, Cesar Apaza dejó la prisión. Esperar que la justicia llegue con un juicio justo, hubiese supuesto que saliera de la cárcel en ataúd. La salud deteriorada de él, de su madre, de su hermana y el afán solitario y penoso que llevaba su familia tras su detención, lo llevó a tomar la decisión de declararse culpable.
Recordemos que los dirigentes de Adepcoca están en la mira del Gobierno. Años antes fue encarcelado también Franklin Gutiérrez, quien tuvo una experiencia penosa durante su reclusión. Luego, le tocó a César Apaza, enfermo y preso con un juicio en el que no existían evidencias claras en su contra.
El modus operandi del Gobierno, de encarcelar a los dirigentes que no se alinean con el régimen, junto con la retardación de justicia, escarmientan a cualquier disidente. Es una forma de darles el castigo ejemplificador utilizando una supuesta institucionalidad, el peso de la ley y un sistema judicial podrido. Apaza después de 18 años de trayectoria sindical, y ahora en “libertad” reconsiderará por razones obvias si continuará en la vida sindical.
Los poderosos, detrás de un sistema de justicia nauseabundo, dirán que se hizo justicia, parcializándose (pues ¿qué acusación pesa sobre Alanes?), sentenciando a inocentes y jactándose de haberle otorgado el “perdón judicial”, al estilo del “perdonavidas”.
El caso de César Apaza, es solo una muestra de que el desacuerdo y el no alineamiento al Gobierno y al poder político son castigados. Y si se corre con suerte son “perdonados”. Por tanto, la detención preventiva de dirigentes como escarmiento, no es solo una pulseta con determinados sectores a los que se les pretende doblar el brazo sino, en última instancia, es una afrenta donde perdemos todos. La no aceptación de la crítica y la disidencia corroe y escamotea la democracia.
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Gabriela Canedo es socióloga y antropóloga.
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