El Consejo Ciudadano de Personas con Discapacidad de La Paz y el Programa Urbano de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS) está en proceso de elaboración de una propuesta de política pública que promueva una educación inclusiva con enfoque de género y sin violencia que beneficie a las personas con discapacidad. Esta iniciativa cuenta con apoyo del Fondo de Canadá en Bolivia.
En ese marco, el 19 de enero se desarrolló una sesión de socialización con representantes de distintas organizaciones e instituciones públicas para que conozcan las directrices de este proyecto de ley y puedan aportar en la propuesta desde su experiencia institucional.
Las personas con discapacidad se enfrentan a múltiples barreras en el sistema educativo (barreras físicas y arquitectónicas) que impiden que exista igualdad y equiparación de oportunidades. Faltan rampas, barandas, intérpretes de lengua de señas que apoyen el trabajo en las aulas, herramientas adecuadas para el aprendizaje de las personas ciegas, la ausencia de docentes especialistas, entre otros.
«Se ha podido constatar que el maltrato, la discriminación e incluso la tortura son componentes que están presentes en el sistema educativo plurinacional, en las escuelas, en las familias también y son aspectos que no se están trabajando adecuadamente», refirió Fabiola Achá, quien facilitó la sesión para la elaboración de esta política pública.
Durante la sesión en la que estuvieron representantes de la sociedad civil, de las personas con discapacidad y autoridades públicas, se analizó la situación de las personas con discapacidad y la lucha constante de sus familias para ingresarlos a las escuelas y los distintos niveles educativos del Estado. Allí, el primer obstáculo con el que se topan los padres, madres o tutores es la del rechazo a la inscripción al centro educativo. En caso de superar este paso, los estudiantes se topan con profesores que no saben cómo formarlos y, simplemente, optan por aislarlos o pasarlos de año «por pena» y sin haber aprendido lo necesario, expresaron algunos de los presentes.
Es por ello que esta propuesta normativa tiene tres dimensiones: Políticas, prácticas y cultura inclusivas, para lograr que, en un futuro cercano, en Bolivia se hable de una educación inclusiva y no de educación especial para las personas con discapacidad, ya que todos y todas tienen los mismos derechos, y por ende no deben ser excluidos por ninguna razón.
La política pretende impulsar «que las escuelas opten por el paradigma de la educación inclusiva y se generen estas prácticas inclusiva a partir de un diseño plural de aprendizaje que respete los ritmos de aprendizaje, que se cuente con material didáctico adecuado, pero sobre todo con maestros y maestras formadas», añadió Achá.
Respecto a las culturas inclusivas, se prevé que cese el bullying, la discriminación, el maltrato y la tortura contra las personas con discapacidad.
En esa misma línea, Martha Saico Escobar, otra de las facilitadoras, manifestó que la integralidad no sólo debe darse en las escuelas, sino en todos los espacios recreativos. «Si bien antes creíamos en la educación especial, donde las personas con discapacidad debían estar alejados de las personas sin discapacidad, ahora no, es un derecho estar en una educación para todos, en una inclusión social para todas las personas con discapacidad», sostuvo.
Al respecto, durante la sesión, el director del Comité Nacional de Personas con Discapacidad (CONALPEDIS), Javier Salguero, indicó su satisfacción con este tipo de propuestas, pues generarán un cambio real en la sociedad. Indicó que nunca estuvo de acuerdo con el bono de discapacidad, ya que «es sólo un asistencialismo» que no ayuda a combatir el fondo del problema.
Mostró su satisfacción con el proyecto, pero dijo que está preocupado porque anteriormente otras instituciones no gubernamentales ya tuvieron este tipo de iniciativas, pero no prosperaron. En ese marco, sugirió que se trabaje de manera conjunta con el gobierno central y que el documento normativo se lo presente al CONALPEDIS. «Tenemos nosotros un Consejo Plurinacional de Discapacidad que va a funcionar y entre las atribuciones que tiene el CONALPEDIS es elaborar políticas públicas para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad», dijo.
Ante ese comentario, las facilitadoras respondieron que efectivamente se trabaja con las autoridades gubernamentales, por ello se los convocó para la sesión de socialización de esta normativa.
Finalmente, el representante de la Defensoría del Pueblo, Carlos Franklin Vargas, refirió que «hay que ser conscientes de que en Bolivia no hay educación inclusiva y sí hay segregación educativa», porque incluso los centros especiales tienen políticas segregativas.
«Cuando hablamos de educación inclusiva tenemos que hablar de personas con discapacidad en el aula regular, no sólo abrirles las puertas sino darles las condiciones necesarias de acuerdo a su necesidad específica, independientemente del tipo o grado de discapacidad que tengan, entonces tenemos que trabajar en esa línea», puntualizó.
La sesión concluyó con el compromiso de las autoridades presenten en trabajar en pro de las personas con discapacidad y su inclusión igualitaria a los centros educativos regulares y en la sociedad en general.
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