Empresa productora de azúcar en San Buenaventura, La Paz. Costó más de 260 millones de dólares. No funciona.
Planta de Urea de Bulo Bulo en el Chapare. Costó mil millones de dólares. Funciona a menos de la mitad de su capacidad.
Planta separadora de líquidos en Yacuiba, Tarija. Costó setecientos millones de dólares y apenas funciona a una tercera parte de su capacidad.
Aeropuerto internacional de Chimoré en el Chapare. Costó 34 millones de dólares, sin funcionamiento regular.
Sede del parlamento de la UNASUR en Cochabamba. Costó 72 millones de dólares. La UNASUR está casi desaparecida y se usa en fiestas de promoción y matrimonios.
En todo el país hay canchas y estadios donde no hay ni jugadores ni espectadores, mercados que sirven como depósitos, hospitales y centros de salud que nunca se terminan de construir o que si se terminan no hay ni personal ni equipamiento para que funcionen, campos feriales que se usan una vez al año, escuelas y tinglados donde no hay alumnos, canalizaciones de ríos donde no hay agua, empresas estatales sin materia prima o que trabajan a pérdida, y mucho, mucho más derroche.
Y mientras seguimos viviendo en un país en el que los enfermos de cáncer y sus familias claman por atención. Donde las personas discapacidad tienen que movilizarse. Donde niños y niñas viven en los límites de la pobreza, con una educación ineficiente e incapaz de ofrecerles un futuro. Donde el contrabando y el narcotráfico son moneda de cambio diario. Donde los dirigentes sociales tienen que ponerse de rodillas frente a las autoridades de turno para que cumplan su deber de otorgarles recursos para sus proyectos.
Vivimos en un país donde todos hemos adoptado la actitud del mendigo, creemos que las autoridades son dueñas de los recursos del Estado y nosotros tenemos que estirar la mano para que nos atiendan. Tenemos que agradar el jefe, al líder, a la autoridad. Y todos alargamos la mano, desde alcaldes, concejales, hasta líderes de organizaciones sociales y la ciudadanía misma.
Pareciera que el despilfarro y la corrupción es la norma y la honestidad y la verdad se castiga.
Es tiempo de recuperar la dignidad del ciudadano con todas las prerrogativas que nos da la constitución. Exigir que las autoridades sean verdaderos servidores públicos, que haya participación verdadera en el diseño de las políticas públicas y en el destino de los recursos, que la transparencia y el control social sean fomentadas. Merecemos vivir en un país donde las autoridades sean las primeras en cumplir la Constitución y la Leyes, donde de verdad, y esta vez en serio, haya un cambio para vivir bien.
José Luis Paniagua Boyerman
Director Fundación ACLO regional Tarija
