Nada menos que quienes estaban convocados a cumplir con su responsabilidad con la mayor integridad, decencia y honestidad resultaron ser villanos: varios jueces y fiscales se convirtieron en los protagonistas del mayor escándalo de corrupción en el sistema judicial, abarcando al Tribunal Supremo de Justicia y a sus tribunales departamentales, al Consejo de la Magistratura y a la Fiscalía General del Estado.
No se trata únicamente del retiro de visas a algunos fiscales y jueces por parte del gobierno de Estados Unidos, sino de los alarmantes niveles de corrupción a los que han llegado desde sus espacios de poder como autoridades judiciales. La justicia es el pilar de todo sistema democrático; si esta se encuentra golpeada y contaminada, la democracia consecuentemente se debilita y corre graves riesgos. Y hoy, la justicia está golpeada por las mismas autoridades encargadas de impartirla.
El detonante fue la aprehensión del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, a quien se sindica de ser el jefe de una organización criminal y de lavado de dinero del narcotráfico, sumada a la huida del expresidente del TSJ, Romer Saucedo, quien un día antes de su captura alistó maletas y se puso a buen resguardo en el exterior. Le llovieron los delitos y las acusaciones más graves.
Las imputaciones cruzadas entre las propias autoridades judiciales han sido de alto vuelo: corrupto, drogadicto, narcotraficante, sobornador, delincuente, etc, como se evidencia a continuación:
– Charles Mejía, vocal constitucional de Beni: «Corrupto, mentiroso y narcoconsejero», refiriéndose al presidente del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer.
– Julio César Porras: «Delmy guardaba la droga», en alusión a la fiscal Delmy Guzmán.
– Aldo Quezada, expresidente del TDJ: «La esposa de Romer, Paola, fue a la oficina en agosto o septiembre, muy angustiada, para denunciar que Romer Saucedo consumía droga».
– La exdiputada Rojas: «El dueño de las 32 maletas es Romer Saucedo; le decían el alemán».
– El juez Hebert Zeballos: «Las maletas que contenían marihuana eran de un tal alias el alemán, que era el Dr. Saucedo».
A todos ellos y a otros involucrados se los investiga por los delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa, enriquecimiento ilícito, sobornos y confabulación dentro del denominado «caso Maletas».
Cuando asesinan a un sujeto con varios disparos, la Policía suele atribuirlo a un ajuste de cuentas entre gente comprometida con el narcotráfico. Si bien entre fiscales y jueces no hay balazos ni torturas físicas de por medio, lo que presenciamos es un verdadero ajuste de cuentas donde están sacando a la luz pública sus propios delitos, rencillas, odios y traiciones. ¿Nos merecemos esto?
Para no amargarnos más la vida, nos quedamos con estas graves acusaciones provenientes de quienes han tenido en sus manos la administración de la justicia —consagrada en la Constitución Política del Estado como un derecho humano al que todos debemos tener acceso, con la garantía del debido proceso, entre otros principios—. Pero la realidad ha sido muy distinta: el sistema judicial navega en una crisis profunda que, si no genera una indignación generalizada y no provoca al menos la preocupación de las demás instancias del Estado y de la sociedad, nos condenará a seguir nadando en la cloaca de la corrupción.
La crisis del sistema judicial no es exclusiva de estos personajes que nos han conducido al extremo; abarca a todo el Estado, desde el presidente de la república hasta las universidades. En sus facultades de Derecho, estas casas de estudios deberían al menos mostrar preocupación y propiciar espacios de debate y propuestas. Sin embargo, pareciera que el asunto no va con ellas, prefiriendo mantenerse al margen o guardar silencio.
Es notoria la ausencia del sistema universitario, de los colegios de abogados, de las academias constitucionales y de otras instancias sectoriales que no han tomado un rol activo frente a esta crisis en términos de estudio, investigación, generación de documentos y orientación, algo que tanta falta hace. Debe recordarse que quienes se han corrompido y han utilizado la justicia como un recurso económico y de poder son profesionales formados en las facultades de Ciencias Jurídicas de las universidades públicas y privadas. Cabe entonces preguntarse: ¿están fallando los niveles de formación en ética, moral, integridad y honestidad? Porque, al fin y al cabo, de eso se trata cuando alguien asume un alto cargo o es designado fiscal o juez: de ser recto, honesto y poseer la fortaleza necesaria para rechazar cualquier intento de soborno, ofrecimiento de dinero, favores o regalos.
Si tantos fiscales y jueces fallan, es evidente que también fallan el sistema universitario y los colegios de abogados. Estas instituciones deberían contar con mecanismos rigurosos de censura o sanción, aplicando medidas disciplinarias severas a cualquier autoridad judicial u operador legal que sea absorbido por las ambiciones del enriquecimiento fácil e ilícito.
“Con los hackers se puede robar, y con los abogados se puede legitimar los robos”, sentencia el escritor sueco David Lagercrantz, reflejando una realidad que tristemente se ha vuelto común en la formación de los profesionales en leyes.
Al fin y al cabo, los bolivianos asistimos a un maremoto de ilegalidades, complicidades y contubernios gestados desde el interior de los juzgados y sus autoridades, entrelazados con las sombras de la delincuencia de cuello blanco y del narcotráfico, cuyas redes no dudaban en repartir dólares a sus encubridores con rostro de fiscales, jueces, autoridades gubernamentales o policías.
La gente está indignada y molesta. Así lo demuestra al hacer uso de su libertad de expresión y opinión en las redes sociales, un clamor que debería conmover a los propios administradores de justicia para promover reformas profundas en el sistema judicial. De lo contrario, que se vayan todos a sus casas para empezar a reconstruir la justicia como lo que verdaderamente es: un derecho humano fundamental y el pilar del Estado de derecho.
“Todos somos iguales ante la ley, si pagamos lo mismo”, remata Lagercrantz.
Hernán Cabrera es periodista y licenciado en Filosofía.
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