Julio Lero, indígena tsimane. Foto: Defensoría del Pueblo
Julio Lero, indígena del pueblo tsimane, fue absuelto del delito de asesinato en el proceso por la muerte de Francisco Marupa, debido a que no se encontraron pruebas suficientes para demostrar su responsabilidad penal. El joven permaneció detenido durante un año y nueve meses en la cárcel de San Pedro, mientras la Fiscalía había solicitado una condena de 30 años de prisión, informó Tania Nava, coordinadora del Programa Defensa de Derechos de la Red UNITAS.
«¡Estamos muy felices de que Julio Lera haya sido absuelto, porque creemos que después de casi dos años de un proceso donde no hubo mayores pruebas, o por lo menos hubo bastantes observaciones, se ha hecho justicia!», manifestó Nava en entrevista con Sumando Voces. Destacó, además, que la decisión se produjo después de un seguimiento al caso realizado por diferentes instituciones y de una inspección técnico-ocular en el lugar de los hechos, que según Nava, fue determinante para el caso.
En cuanto a la liberación de Lero, Nava señaló que debía concretarse de manera inmediata y estimó que podría producirse en los dos o tres días siguientes a la audiencia. Sin embargo, indicó que las organizaciones continuarían haciendo seguimiento para conocer la situación y confirmar su retorno a la comunidad.
«El joven va a tener la posibilidad de volver a su comunidad, va a recobrar su libertad de locomoción», expresó Nava, al destacar la decisión judicial que dejó sin efecto la acusación por asesinato ante la falta de pruebas suficientes.
Observaciones al proceso
La coordinadora del Programa Defensa de Derechos explicó que durante el proceso se identificaron observaciones a la investigación y a los elementos probatorios presentados por la Fiscalía, que no habrían sido suficientes para establecer que Lero fue el autor del asesinato. En ese sentido, consideró que la investigación pudo haber incurrido en errores desde sus primeras etapas, al no contemplar aspectos fundamentales para garantizar los derechos del acusado.
Uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con el idioma. Nava señaló que Lero no habla español y, aunque conoce algunas palabras, no tiene una comprensión suficiente de esta lengua. Esta situación no fue considerada adecuadamente durante el proceso, pese a que se trataba de un joven indígena que enfrentaba una acusación penal por asesinato y permanecía privado de libertad.
Explicó que, en determinado momento, se presumió que Lero comprendía el español porque respondía afirmativamente cuando le preguntaban si hablaba ese idioma. Sin embargo, no se tomó en cuenta que, en la cultura tsimane, existe la costumbre de responder inicialmente «sí» como una primera afirmación.
Nava indicó que las organizaciones que acompañaron el caso sugirieron a la defensa solicitar la participación de un intérprete de lengua tsimane, al considerar que su intervención habría permitido una comunicación más adecuada, tomando en cuenta no solamente el idioma, sino también los aspectos culturales y antropológicos del acusado. Sin embargo, no se viabilizó esta petición.
El acompañamiento institucional se realizó desde hace un año y nueve meses, con la participación de la Red de Pueblos Indígenas y Amazónicos (REPAM), la Pastoral Carcelaria, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y la Red UNITAS. Estas organizaciones efectuaron un monitoreo del proceso y contribuyeron a que se desarrollaran algunas actuaciones investigativas pendientes.
Sobre la inspección técnica-ocular
Entre ellas estuvo una inspección técnico-ocular en el lugar de los hechos, una zona de difícil acceso a la que se llega tanto por vía terrestre como fluvial. Para concretar esta diligencia, las instituciones, la familia de Lero y los dirigentes de su comunidad realizaron gestiones y aportes para facilitar el traslado de los fiscales.
Según Nava, después de esta actuación y de la valoración de los elementos durante el juicio oral, se estableció que no existían pruebas suficientes para sostener la acusación por asesinato.
Respecto a una posible apelación, la coordinadora del Programa Defensa de Derechos señaló que la Fiscalía no presentó ese recurso durante la audiencia, aunque aclaró que la posibilidad permanece abierta dentro del procedimiento. Consideró que, ante la insuficiencia probatoria y las observaciones a la investigación, sería difícil revertir la decisión en una segunda instancia.
«Yo creo que es una muestra de que se ha hecho justicia, porque el juez ha ordenado y se ha cumplido con el traslado de Julio Lero, junto con sus custodios. En la comunidad, sus dirigentes siempre han estado presentes, junto con la familia. Desde las instituciones hemos realizado aportes y un seguimiento para que los fiscales puedan asistir. Dadas estas actuaciones, se ha llegado a la conclusión, en esta fase del proceso, de que ha sido absuelto por no existir pruebas suficientes para incriminarlo por asesinato», dijo Nava.
