Para la mayoría de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), el cierre de año es sinónimo de rendición de cuentas, redacción de informes narrativos para los financiadores y balances contables.
Sin embargo, el escenario actual exige un cambio radical de prioridades. La promulgación del Decreto Supremo 5673 transforma este mes de diciembre en una ventana de tiempo crítica para la supervivencia institucional.
El DS 5673 no es una simple actualización de requisitos burocráticos; es una herramienta de escrutinio intensivo diseñada para buscar asimetrías entre lo que la organización ejecuta en el territorio, lo que declaran sus estatutos y el origen de sus fondos. Si las instituciones esperan a enero para revisar sus expedientes, se encontrarán con un aparato estatal ya activado y en posición sancionatoria, capaz de paralizar personerías y congelar cuentas operativas bajo el argumento de «incumplimiento formal».
Dejando de lado la discusión dogmática o la posterior impugnación constitucional de la norma, la respuesta táctica e inmediata para toda organización que defiende derechos humanos o articula desarrollo social es ejecutar una auditoría legal preventiva de cierre de gestión.
Antes de cerrar las oficinas por las fiestas de fin de año, el directorio y el equipo técnico deben asegurar que la institución haya neutralizado las tres principales causales de observación que introduce este decreto:
Primero. Sincronización del objeto social con el trabajo de campo: El DS 5673 establece controles rigurosos para sancionar a las organizaciones que, a criterio del Estado, ejecutan proyectos «fuera del alcance» de su personería jurídica. Si los estatutos originales indican fines genéricos de «salud o educación», pero hoy la ONG documenta abusos de autoridad o patrocina litigios socioambientales, existe una vulnerabilidad latente.
Diciembre es el momento procesal oportuno para celebrar asambleas extraordinarias y redactar actas que interpreten, justifiquen y vinculen estratégicamente las acciones actuales con el objeto social fundacional, preconstituyendo prueba ante cualquier intento de revocatoria.
Segundo. Saneamiento quirúrgico de mandatos y poderes: La causa número uno de asfixia administrativa será la caducidad silenciosa de las directivas. El Estado utilizará los plazos y registros del DS 5673 para rechazar descargos de representantes legales cuyos poderes estén vencidos por un solo día. La tarea práctica es revisar minuciosamente las fechas de expiración de los testimonios de poder del director ejecutivo.
Si vencen en el primer trimestre del próximo año, el proceso de renovación (o la emisión de actas de continuidad de mandato por ultraactividad) debe quedar firmado, notariado y listo para su registro antes del 31 de diciembre.
Tercer. Trazabilidad normativa de los fondos de cooperación: La lupa del nuevo decreto está puesta milimétricamente sobre el origen y destino del financiamiento. La administración pública cruzará los datos de las cuentas bancarias con los reportes exigidos por el VIPFE y los ministerios sectoriales. La recomendación operativa es cerrar el año estructurando un «expediente espejo»: una carpeta legal y contable, debidamente foliada, que demuestre que cada transferencia internacional tiene su respaldo en un convenio marco aprobado y reportado.
Si existen desfases, es imperativo presentar cartas de aclaración voluntaria ahora, de forma proactiva, antes de que el Estado envíe una conminatoria en febrero.
Las instituciones deben comprender que la mejor defensa contra las normativas restrictivas no siempre es el amparo constitucional reactivo; la inmensa mayoría de las veces, es el rigor implacable del archivo administrativo.
El DS 5673 operará como una red de arrastre para aquellas organizaciones que dejen sus trámites a la deriva. Aprovechar las últimas semanas del año para realizar este cierre de gestión legal es el movimiento estratégico más inteligente.
Un escritorio blindado jurídicamente en diciembre es la única garantía operativa para sostener la incidencia en las calles, en las comunidades y en los tribunales durante el próximo año.
Diego Alejandro Gutiérrez es abogado experto en litigio de alta complejidad y defensa técnica de OSC.
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