El fiscal general José Urioste (derecha atrás) en Beni durante el informe que la fiscalía departamental le brindó sobre los hechos. Foto: FGE.
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La Fiscalía General del Estado (FGE) anunció que supervisará el caso de la violencia armada ejercida contra el Pueblo Movima en el intento de desalojo de ocupantes ilegales de su territorio, sucedido el pasado fin de semana. La justicia dispuso detención domiciliaria para el único imputado, en tanto que Jorge Paz Marpartida, señalado reiteradamente por testigos como la persona que daba órdenes al imputado, no fue incorporado a la causa.
En un comunicado general emitido en el feriado, la Fiscalía General informó que su titular José Armando Urioste visitó la Fiscalía Departamental de Beni “para garantizar una investigación oportuna y efectiva”. Entre “los procesos objeto de revisión y seguimiento” se encuentra el que consigna como víctima a Alfredo Zelada Supa, quien fue alcanzado con un proyectil de bala en el pie durante el conflicto.
El hecho sucedió el sábado 31 de octubre, cuando decenas de personas del pueblo movima y sus dirigentes acudieron al predio conocido como “California”, ubicado a unos 15 kilómetros de la carretera San Ignacio de Moxos-San Borja, para intentar el desalojo de Paz Marpartida, acto previamente comunicado, por estar ocupando ilegalmente esa área de más de 4.500 hectáreas.
De acuerdo con la investigación preliminar de la Fiscalía, el imputador Hernando Paz Vaca habría actuado con el rostro cubierto y armado con una pistola, siendo posteriormente reducido y aprehendido por los propios comunarios presentes en el lugar.
Según la imputación, Paz Vaca efectuó dos disparos con arma de fuego contra la concentración de comunarios que participaba en el desalojo por avasallamiento de tierras, y una de las balas hirió a Zelada.
El juez de San Ignacio de Mojos valoró elementos como registros fotográficos, declaraciones testificales, el historial clínico de la víctima, el secuestro de un arma de fuego y la extracción quirúrgica de un proyectil calibre 9 milímetros alojado en el pie de la víctima. La imputación también menciona videos incorporados al cuaderno de investigación.
Testigos de la violencia
Al cabo de la audiencia, el imputado recibió la medida cautelar de detención domiciliaria, mientras que Jorge Paz Marpartida no fue incorporado al caso.
En su declaración ante la Fiscalía, una persona de iniciales R.C. afirmó que en la parte posterior del inmueble había sujetos portando «armamento pesado de tipo ametralladora» y que posteriormente hubo disparos contra los comunarios. Otra persona, de iniciales W.A., declaró que, tras una señal atribuida a Jorge Paz Marpartida, salieron varios sujetos encapuchados armados que efectuaron disparos.
La propia Fiscalía sostiene en su imputación que «al menos tres sujetos armados con ametralladoras y armamento pesado se dieron a la fuga hacia el monte» después de los hechos.
La propiedad de la tierra
Los testimonios recogidos por la Fiscalía coinciden en señalar que la movilización indígena buscaba ejecutar la Resolución Territorial 02-2026 de la Subcentral Indígena del Pueblo Movima (SPIM), emitida para exigir el desalojo de personas que ocupaban el predio llamado California.
El Estado boliviano, a través del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) definió al predio California como tierras fiscal en un proceso de saneamiento de tierras que duró más de una década. Esto implica que ninguna persona o personas lograron demostrar propiedad y/o cumplimiento de la función económica social (FES) sobre esa tierra. En 2023, el INRA (RA 038/2023) entregó ese predio de alrededor de 4.500 hectáreas en dotación a la TCO Movima II, representada por la Subcentral del Pueblo Indígena Movima (SPIM).
Una vez reconocido este derecho propietario, la Subcentral Indígena del Pueblo Movima inició el proceso de desalojo. Primero se activó la intervención del INRA, entre 2024 y 2025, con el respaldo de la Resolución Administrativa 023/2025, para que Jorge Paz Marpartida, Wilfredo Paz y Franklin Paz desalojaran las tierras de manera voluntaria. Ante la falta de resultados, en abril de este año, cuando la SPIM fue notificada con el título ejecutorial de las tierras, se activó la vía de la justicia indígena originaria campesina (JIOC) y se promovieron espacios de diálogo con los ganaderos mencionados.
El 31 de octubre, cerca de 70 personas del pueblo movima y dirigentes acudieron al lugar para desalojar a Paz Marpartida, pero encontraron resistencia armada.
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