El Tribunal Supremo Electoral (TSE) abrió un proceso participativo para modificar las normas que regulan los comicios y las organizaciones políticas. Pero para que esta reforma fortalezca la democracia, no basta con convocar a distintos sectores: la institución que la impulsa también debe demostrar independencia, transparencia y respeto a las reglas que pretende mejorar.
El TSE desarrolla encuentros en los nueve departamentos para recoger propuestas de organizaciones políticas, sociedad civil, pueblos indígenas, organizaciones de mujeres y ciudadanía. La iniciativa busca avanzar en tres ejes: fortalecer la independencia institucional, modernizar el sistema electoral y establecer nuevas reglas para las organizaciones políticas y las candidaturas.
La apertura es positiva. Las leyes 018 del Órgano Electoral y 026 del Régimen Electoral, vigentes desde 2010, necesitan responder a los problemas identificados en sucesivos comicios. Entre los desafíos están fortalecer el padrón electoral biométrico, garantizar la independencia de la justicia electoral y mejorar el funcionamiento de las organizaciones políticas.
El informe de integridad electoral de Fundación Jubileo sobre las elecciones subnacionales de 2026 reconoce fortalezas operativas, pero también advierte dificultades en la gestión de controversias, la información electoral y la representación política.
Por su parte, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea formuló 19 recomendaciones tras las elecciones generales de 2025. Entre ellas figuran fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas del TSE, evaluar el alcance de la exclusión del padrón electoral —con especial atención a los colectivos vulnerables— y revisar la disposición que cancela la personalidad jurídica de las organizaciones políticas que no alcanzan el umbral del 3%.
La sociedad civil también busca ampliar este debate. La Fundación Jubileo y las organizaciones de la Alianza Observación Ciudadana de la Democracia (OCD Bolivia) impulsan el proceso “La ciudadanía propone: camino a la reforma electoral”. A partir de la observación electoral desarrollada desde 2020 y de un Informe País sobre el sistema electoral, la iniciativa busca construir propuestas con especialistas de Bolivia, Ecuador, Colombia y Brasil, organizaciones sociales y participantes de los nueve departamentos.
Los planteamientos de las organizaciones de mujeres también muestran por qué esa participación importa. La Coordinadora de la Mujer identificó seis nudos críticos que ponen en riesgo la paridad, entre ellos las sustituciones de candidaturas, la violencia política y la subrepresentación femenina en los espacios de decisión. Sus datos sobre las subnacionales de 2026 reflejan retrocesos en la presencia de mujeres entre las candidaturas a alcaldías y gobernaciones. La paridad formal, por sí sola, no garantiza una representación efectiva.
Sin embargo, este proceso ocurre en medio de una fractura interna que no puede ignorarse. La suspensión de la vocal Celedonia Cruz dio lugar a denuncias de violencia política y cuestionamientos sobre un posible intento de apartar a voces críticas de la gestión institucional. El vocal Carlos Goitia también denunció presuntas irregularidades en la designación de personal. Estos señalamientos deben esclarecerse mediante procedimientos imparciales, sin dar por probadas las acusaciones. Pero las disputas plantean una pregunta inevitable: ¿cómo fortalecer la independencia institucional si dentro del propio organismo existen cuestionamientos sobre la toma de decisiones y el respeto a las diferencias?
Esta crisis no puede quedar al margen de la reforma. Si el objetivo es fortalecer la institucionalidad electoral, también es necesario revisar cómo se toman las decisiones, cómo se resuelven los desacuerdos y qué garantías existen para que las diferencias internas no deriven en prácticas que debiliten la autonomía del organismo. La credibilidad del proceso dependerá tanto de las propuestas que se recojan como de la capacidad del TSE para actuar con transparencia y coherencia.
Pero el trabajo no termina en el Órgano Electoral ni en los espacios de participación ciudadana. La reforma es también un proceso político, porque definirá las reglas bajo las cuales se elegirán las autoridades y representantes del país, incluidas las y los legisladores. Por eso, la Asamblea Legislativa Plurinacional tendrá un papel decisivo cuando corresponda debatir y aprobar los cambios normativos. Su responsabilidad será examinar las propuestas con apertura, deliberación pública y criterios de interés general, sin reducir la discusión a cálculos partidarios o a las ventajas que determinadas reglas puedan ofrecer a quienes hoy ejercen cargos de representación.
El Legislativo no debería esperar a recibir un proyecto cerrado para recién abrir la discusión. Las y los asambleístas pueden contribuir desde ahora, recogiendo las preocupaciones de sus regiones y sectores y preparándose para un debate informado. La legitimidad de la reforma dependerá también de que quienes tendrán la última palabra escuchen a la ciudadanía y expliquen sus decisiones. Una propuesta construida con participación social, pero desvirtuada después por intereses coyunturales en el Parlamento, difícilmente contribuirá a fortalecer la democracia.
El desafío es que los encuentros del TSE, las iniciativas de la sociedad civil y el debate legislativo se articulen y se traduzcan en cambios verificables, construidos sin exclusiones ni privilegios. De lo contrario, la participación corre el riesgo de quedarse en una suma de reuniones sin incidencia real en las normas.
La reforma electoral debe ser una construcción colectiva, no solo porque necesita muchas voces, sino porque las reglas de la democracia tienen que generar confianza incluso entre quienes discrepan.
