Observar a fiscales acusados de tener nexos con el narcotráfico o de ser parte de estructuras mafiosas en el ejercicio de sus funciones, y que el gobierno de Estados Unidos les retire la visa en resguardo de sus intereses y soberanía; ver que la máxima autoridad del Ministerio Público esté entre rejas, con un ramillete de denuncias y señalada como la cabecilla de la “mafia judicial”.
Ver que a los jueces se los sindique por actos de corrupción, por comprometerse con fallos a favor de narcos y corruptos, y que el gobierno de EE. UU. les diga: “No son deseables en mi país y les retiro la visa”.
Observar también las duras y agrias polémicas en las que están metidos los jueces y el presidente del Tribunal de Justicia, a quien acusan de guardar silencio ante múltiples irregularidades.
En fin, observar que los operadores de justicia están pringados de tantas y tantas acusaciones que a los ciudadanos nos carcome el miedo cada vez que escuchamos la palabra «justicia» o metemos la mano al bolsillo al enterarnos de algún proceso legal.
Algo oscuro, tenebroso y vergonzoso está pasando en el sistema judicial boliviano, una situación delicada que no es de ahora, sino que arrastramos desde hace años, asumiendo con resignación que la justicia se encuentra en una crisis y podredumbre tal que socava la democracia construida con tanto sacrificio por el pueblo boliviano.
Pero no es solo eso. A lo anterior se suman los altos niveles de impunidad e injusticia en casos de gran repercusión mediática y en la opinión pública: las 32 maletas decomisadas y sus dos dueños —un juez y una diputada— liberados sin ninguna responsabilidad penal ni judicial; los lingotes de oro incautados de contrabando, de igual manera sin responsables; y el exalcalde Jhonny Fernández, acusado de innumerables hechos de corrupción en su gestión, que sigue en libertad e impune, lo que hace pensar en un acuerdo secreto entre este personaje y la actual gestión municipal.
El abogado Alejandro Colanzi precisa que la impunidad responde a una red de relaciones de poder político y económico.
El filósofo Platón decía que la justicia es un derecho de los poderosos, de aquellos que tienen recursos económicos e influencias de alto nivel para torcer la voluntad de jueces y fiscales, quienes fundamentalmente deberían demostrar ser probos, rectos y virtuosos, características indispensables en la administración de justicia.
El sistema judicial ha recibido un golpe duro con el retiro de visas por parte de Estados Unidos. Si bien esto no constituye una prueba legal de que los afectados hayan cometido delitos, funciona como un sistema de alerta de que dichos ciudadanos no iban por buen camino y utilizaban sus cargos para fines personales y de enriquecimiento ilícito.
La justicia en Bolivia tiene ahora una oportunidad histórica para recuperar credibilidad y restaurar la fe de la gente, que a través de las redes sociales expresa su malestar y sus denuncias con ejemplos como los siguientes:
- Jimmy Luis Peredo: «Sabemos que todos estos son corruptos, así de claro, ya están cayendo uno a uno».
- José Antonio Saavedra Baldiviezo: «Les comento que cuando viajé a Santa Cruz para un trámite judicial, un funcionario del juzgado me dijo cuánto eran sus honorarios y, para que no haya pruebas, me escribió el monto en la pantalla de su celular».
- Negra Paredes: «Bien sabido es que si tienes un pleito con la justicia boliviana, no contrates un abogado: contrata un juez».
- Ana María Angulo Vaca: «Están probando de su propia medicina, a ver si les alcanza su dinero para salir».
El Gobierno, las universidades y diversas fundaciones vienen anunciando que la justicia deberá transformarse; sin embargo, siempre recurren al fácil expediente de justificarlo con la falta de presupuesto, buscando financiamiento internacional para esos fines. No obstante, la administración de justicia no depende únicamente de recursos económicos, sino de profesionales dispuestos a hacer bien su trabajo y a obrar con rectitud.
El expresidente de Bolivia Eduardo Rodríguez Veltzé sintetizó esta crisis judicial con una frase lapidaria: “La justicia se ha convertido en un espectáculo de revanchas y de protección”. Cabe recordar que él también fue presidente del Tribunal Supremo de Justicia.
Por su parte, la periodista Gina Mendia señaló que “no existe fecha de vencimiento para rendir cuentas. Si alguien falló mientras servía al pueblo, debe responder ante la ley de su propio pueblo, esté en el cargo o ya lo haya dejado. “El narcotráfico no necesita dominar el gobierno. Solo necesita influir en quienes deciden si la ley se aplica. Los fiscales determinan qué investigaciones avanzan y cuáles se archivan”.
Más allá de estar de acuerdo o no con la decisión del gobierno de Estados Unidos —medida que los sectores más críticos tachan de injerencia—, lo que Washington alertó claramente en su comunicado fue lo siguiente: «Si el sistema de justicia está infiltrado, ninguna ley, ningún ejército y ninguna frontera funcionan. Por eso apuntan justo ahí: donde se decide si el delito se paga o se perdona».
Un diagnóstico que debe instalarse de inmediato en la agenda de esta vergonzosa crisis del sistema judicial, de la cual solo se saldrá mediante una cirugía sin anestesia y con la participación de hombres y mujeres íntegros, rectos y profundamente comprometidos.
Hernán Cabrera es periodista y licenciado en Filosofía.
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