JORGE QUISPE, SUMANDO VOCES
La ampliación del estado de excepción por otros 90 días ocurre en un momento particularmente sensible para Bolivia. La medida fue aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) la madrugada del jueves 17 de septiembre, apenas un día antes de que el presidente Rodrigo Paz anunciara el fin de la subvención al diésel. Desde entonces, distintos sectores sociales han anunciado medidas de protesta frente al incremento de los costos y al nuevo escenario económico.
El Gobierno sostiene que la continuidad del estado de excepción responde a riesgos que todavía persisten. El Ministerio de Gobierno presentó ante la Asamblea 12 informes de la Policía, las Fuerzas Armadas y las carteras de Gobierno y Defensa para sustentar la solicitud. Según esa información, existen amenazas de bloqueos, marchas y paros que podrían afectar corredores estratégicos de combustible, alimentos, medicamentos, oxígeno e infraestructura crítica.
La Asamblea autorizó la ampliación por 90 días, hasta el 16 de diciembre, con 100 votos a favor y 58 en contra. La decisión se produjo después de más de ocho horas de debate y en medio de cuestionamientos de legisladores a los ministros responsables de la seguridad del Estado.
Un día después, el Gobierno promulgó el Decreto Supremo 5716, que eliminó la subvención al diésel y estableció un nuevo esquema de comercialización. La medida elevó el precio del combustible y generó rechazo de organizaciones sindicales y sectores del transporte, que anunciaron distintas acciones de protesta.
La coincidencia de ambas decisiones vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que Bolivia ya enfrentó durante la crisis de mayo y junio: ¿cómo preservar el orden público sin restringir más allá de lo necesario las libertades y derechos de la población?
La respuesta no es unívoca. Para algunos actores, el estado de excepción es una herramienta constitucional para prevenir nuevos escenarios de violencia y desabastecimiento. Para otros, su prolongación puede convertirse en un riesgo si las restricciones dejan de ser excepcionales y terminan afectando el ejercicio de derechos fundamentales.
Una herramienta para proteger el orden democrático
Desde el análisis constitucional, el estado de excepción es una medida extraordinaria y su aplicación está sujeta a límites legales.
El abogado constitucionalista experto en derechos humanos Ramiro Orías señala que este mecanismo “está diseñado para proteger la democracia ante riesgos a la estabilidad y al Estado de derecho, rigiéndose estrictamente por la Constitución”.
El jurista advierte que los escenarios de polarización pueden generar una normalización de las restricciones.
“Tienden peligrosamente a normalizar la limitación de derechos y la concentración de poder”, sostiene.
Orías recuerda, además, que el uso de mecanismos coercitivos y de las Fuerzas Armadas tiene límites establecidos por la ley y que «cualquier exceso debe ser investigado y sujeto a rendición de cuentas».
Desde el Legislativo, el diputado Ricardo Rada (Partido Demócrata Cristiano) defiende la ampliación como una herramienta destinada a contener las tensiones que todavía persisten. Según el legislador, el objetivo es “evitar que las movilizaciones se rearticulen”.
Rada califica la autorización como “una licencia condicionada que le estamos dando al Ejecutivo” y señala que el Gobierno informó a la Asamblea sobre una alerta referida a la preparación de unas 12.000 posibles movilizaciones.
El dato forma parte de los argumentos utilizados por el Ejecutivo para solicitar la ampliación. De acuerdo con el Ministerio de Gobierno, los informes presentados ante la ALP identificaron factores de riesgo vigentes en los nueve departamentos.
La discusión, por tanto, no se reduce a si existe o no riesgo de conflictividad. También alcanza a determinar hasta dónde puede llegar el Estado para prevenirla y qué controles deben operar mientras están restringidos determinados derechos.
El límite: las libertades de la población
Para la Iglesia Católica, la legitimidad de una medida de excepción está vinculada directamente con la protección de la persona.
El padre Giovanni Mendoza, secretario pastoral de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB), sostiene que la función del Estado debe priorizar “garantizar el desarrollo y las libertades de la población” y advierte que este tipo de herramientas no puede utilizarse para perpetuarse en el poder.
Mendoza plantea que tanto el orden como la libertad requieren límites. La restricción de derechos, explica, no puede convertirse en una respuesta permanente frente a la conflictividad.
“Tiene que estar marcada por el respeto a la vida y a la dignidad; si se hace por el bien del pueblo, se hace, pero no debe estar más allá de lo necesario, después debe levantarse”, afirma.
Su planteamiento introduce uno de los criterios centrales en la discusión sobre los estados de excepción: la temporalidad. Una medida extraordinaria tiene un propósito específico y un periodo determinado; mantenerla requiere que persistan las circunstancias que la justificaron y que las restricciones sean proporcionales a ese objetivo.
¿Qué ocurre cuando la excepción coincide con la crisis económica?
El debate adquiere otra dimensión cuando la restricción de derechos coincide con decisiones económicas que pueden generar nuevas demandas sociales.
El analista y defensor de derechos humanos Hernando Calla considera que las limitaciones pueden afectar precisamente las herramientas que tiene la ciudadanía para expresar su desacuerdo.
“Lo que efectivamente hacen es suspender las libertades que permiten defender esos derechos”, sostiene.
Calla plantea también un riesgo político: que un Gobierno encuentre conveniente mantener restringidas las libertades de reunión, protesta o movilización mientras aplica medidas que pueden generar rechazo social.
“Cualquier gobierno, obviamente, le va a convenir que estén restringidas las libertades de reunión, de protesta, de movilización porque las medidas que va a tomar son demasiado duras y, por lo tanto, si la población estuviera con posibilidad, seguramente se movilizaría”, afirma.
El escenario económico añade presión. La eliminación de la subvención al diésel modificó los costos de transporte y abrió un nuevo frente de conflictividad. La Confederación Sindical de Choferes anunció un repliegue nacional de 24 horas para el lunes 28 de septiembre en rechazo al Decreto Supremo 5716, mientras otros sectores evalúan sus propias medidas.
La situación no es homogénea dentro del transporte: dirigentes del transporte pesado anunciaron que no se sumarán al repliegue convocado por los choferes y pidieron otras alternativas frente al incremento del combustible.
Para Calla, el impacto de estas decisiones terminará sintiéndose en la economía cotidiana.
“No podemos vivir en una sociedad donde los precios cambian no cada año, sino cada mes”, advierte, al referirse al efecto que los cambios en los combustibles pueden tener sobre el transporte y la canasta familiar.
Así, la discusión sobre el estado de excepción vuelve a encontrarse con el problema que está detrás de buena parte de la conflictividad: cómo procesar las decisiones económicas y las demandas sociales sin que las diferencias terminen nuevamente en bloqueos y enfrentamientos.
La excepción no reemplaza al diálogo
La ampliación del estado de excepción no elimina las causas que pueden generar nuevas protestas. Tampoco las protestas hacen desaparecer la obligación del Estado de garantizar el orden público y los derechos de quienes no participan de ellas.
Ese equilibrio es precisamente el centro de la discusión.
Para Orías, la preservación de la democracia requiere que cualquier restricción tenga límites claros y mecanismos de control. Para Mendoza, la medida debe estar subordinada al respeto a la vida y la dignidad. Calla advierte sobre sus efectos en las libertades ciudadanas, mientras que desde la Asamblea Rada sostiene que existe una situación de riesgo que justifica mantenerla.
Las posiciones difieren sobre el alcance de la medida, pero hay un punto que atraviesa el debate: un estado de excepción no puede convertirse en sustituto de la política ni del diálogo.
La experiencia reciente de Bolivia dejó una referencia concreta. Los 51 días de movilizaciones y bloqueos de mayo y junio terminaron con pérdidas económicas, afectaciones a derechos y 22 personas fallecidas, según la Defensoría del Pueblo. La ampliación de la excepción ocurre ahora cuando el país vuelve a enfrentar demandas sociales vinculadas a una decisión económica de alto impacto.
El desafío, por tanto, no es únicamente mantener las carreteras transitables o impedir que una protesta escale. También consiste en garantizar que las medidas destinadas a preservar el orden no terminen debilitando aquello que buscan proteger.
«Bolivianos por el diálogo y la paz social»
