Bolivia se acerca al final del estado de excepción decretado después de una de las crisis político-sociales más graves de los últimos años. Pero el levantamiento de las medidas extraordinarias no significa que hayan desaparecido las razones que alimentan el malestar. La persistente escasez de diésel y gasolina, el costo del dólar, la pérdida del poder adquisitivo y la inflación siguen golpeando a las familias y a los sectores productivos. Y mientras se discute una eventual ampliación del estado de excepción, distintas organizaciones ya anuncian nuevas medidas de presión.
Las demandas son legítimas. El derecho a reclamar al Estado, a organizarse y a expresar el desacuerdo forma parte de una democracia viva. La Constitución Política del Estado reconoce, en su artículo 21, la libertad de reunión y asociación con fines lícitos, la libertad de expresión y opinión y el derecho a acceder y comunicar información. También garantiza la libertad de circulación. Es decir, la propia Constitución reconoce un conjunto de derechos que deben convivir, no competir entre sí.
La pregunta es cómo ejercer la protesta sin que la defensa de un derecho termine anulando los derechos de otros. La experiencia de mayo y junio dejó una respuesta dolorosa. La Defensoría del Pueblo documentó 22 fallecimientos ocurridos en el contexto de conflictividad, 19 de ellos correspondientes a terceros afectados por los bloqueos. De igual manera registró decenas de personas heridas y múltiples afectaciones a la integridad, la salud, la circulación y otras garantías. Detrás de cada caso hubo una vida y una familia que no puede quedar reducido a una disputa política
También hubo un costo económico que todavía se siente. Los bloqueos interrumpieron el traslado de alimentos y mercancías, afectaron la producción y contribuyeron a presiones sobre los precios. El propio INE atribuyó parte del comportamiento de los precios de julio y agosto a la normalización del abastecimiento después de los 51 días de conflictividad. En agosto, la inflación mensual fue de 1,10%; la acumulada llegó a 3,01% y la interanual a 5,02%.
A esto se suma que el país enfrenta, además, una realidad cambiaria que no puede ignorarse. El Banco Central de Bolivia registra para estos días un tipo de cambio muy por encima del valor que rigió durante años. La combinación de escasez de combustibles, dificultades de acceso a divisas y aumento del costo de vida configura un escenario complejo como para exigir respuestas urgentes.
Precisamente por eso, la ciudadanía y las organizaciones sociales también tienen una responsabilidad. No se trata de desmovilizarse ni de renunciar a la protesta. Se trata de desescalar la confrontación y recuperar una participación social crítica, informada, propositiva y consciente de que todos somos sujetos de derechos.
Una organización social fuerte no es aquella que paraliza más, sino aquella que puede defender sus intereses, plantear alternativas y exigir respuestas empleando los recursos que le otorga la institucionalidad democrática.
La crisis reciente ha demostrado que la presión puede dejar daños que terminan pagando quienes menos capacidad tienen para soportarlos. Un productor que no logra sacar su cosecha, un trabajador que no puede llegar a su empleo, una persona enferma que no alcanza un hospital o una familia que no consigue alimentos no son responsables de la crisis política y tampoco deberían convertirse en sus víctimas.
La responsabilidad, por supuesto, no es exclusiva de las organizaciones sociales. El Estado, a través de sus gobernantes, tiene el deber de atender las causas del malestar, garantizar el abastecimiento, transparentar sus decisiones y abrir canales efectivos de diálogo.
La democracia no puede pedir paciencia indefinida a una población que enfrenta dificultades concretas. Pero tampoco puede construirse una salida democrática cuando se vulneran los derechos de otros.
En este nuevo escenario, las organizaciones sociales tienen la oportunidad de demostrar que la movilización puede evolucionar. Que reclamar no significa necesariamente bloquear. Que ejercer presión no significa vulnerar derechos. Que el descontento puede ir acompañado de propuestas y que la defensa de intereses sectoriales puede convivir con la responsabilidad hacia el conjunto de la sociedad.
Bolivia necesita precisamente eso: una ciudadanía que no sea pasiva frente al poder, pero que tampoco sea utilizada por él; organizaciones que fiscalicen, cuestionen y propongan, sin convertirse en instrumentos de intereses partidarios; y autoridades dispuestas a escuchar antes de que el conflicto vuelva a escalar.
El estado de excepción podrá terminar, pero sus causas no desaparecerán por decreto. Tampoco desaparecerán las dificultades económicas ni las demandas sociales. Lo que sí puede cambiar es la manera de enfrentarlas.
La democracia necesita una ciudadanía movilizada, pero también consciente de que defender los propios derechos implica respetar los derechos de los demás. Esa puede ser una de las lecciones más importantes que nos deja esta crisis.
