La sociedad boliviana necesita realizar una tarea titánica para lograr cohesión social y superar la confrontación, la ruptura y la violencia que está sembrada como bomba de relojería en todo el territorio. Un último conflicto que se ha producido por una exposición fotográfica en Manzana Uno, en Santa Cruz, ha puesto en entredicho tres realidades: la ancestral hoja de coca reivindicada como representación cultural y simbólica de una parte de la población boliviana; la existencia de la práctica generalizada del acullico, pijcheo, boleo, defendido con múltiples argumentos; y la relación inocultable de la producción excedentaria de hoja de coca para consumo humano, destinada al narcotráfico.
Vivimos en una suerte de chantaje perverso pues en el fondo, la mayoría de la población que toma distancia de los tres fenómenos, se ve acosada diariamente por sus consecuencias. El gran olvidado de lo que ocurre es el ciudadano común que, por exclusión, vive en este fuego cruzado en el que no puede haber inocencia ni ingenuidad pues todos los días los titulares de los medios giran en torno a la hoja de coca.
En un esfuerzo académico por facilitarnos la vida, he encontrado que, desde el interés cotidiano, la situación tiene dos temas que deben enfrentarse: el que corresponde a la responsabilidad del Estado que garantice salud pública e inocuidad alimentaria, y el de la regulación del boleo que respete el derecho de quienes no lo practican, lo que le corresponde a los gobiernos municipales.
Dejando de lado el debate sobre las manifestaciones ancestrales, ceremoniales, medicinales y culturales que le reconocen quienes practican su consumo, insisto que debe reglamentarse el uso público de la hoja de coca, que establezca el respeto y las condiciones en relación a quienes no lo hacen. Evidenciando que el Estado reconoce la legalidad de su consumo, denunciamos que no existen normas que regulen el boleo en espacios públicos y sociales, llegado al absurdo que, siendo alentado por el Gobierno, la hoja de coca en estado natural para consumo humano, no está sujeta al control de inocuidad alimentaria por el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG).
Existen investigaciones que dejan en evidencia los riesgos del consumo masivo sin garantías de normas de inocuidad como lo revela el «Estudio microbiológico en la hoja de coca Chapareña y Yungueña en Bolivia», realizado por Rocío Condori Bustillos, Mireya Panozo Rojas, Noelia Lorena Villca López, Adriana Concepción Santa Cruz Rodríguez; la investigación dejó en evidencia la «concentración de bacterias con valores fuera de las permitidas para alimentos de este tipo, y de alta contaminación con hongos, parásitos y cuerpos extraños como piedrillas, tela de araña, cabellos». Unido a ellos, se hace necesario superar las incomodidades generadas por el consumo de la hoja de coca en ambientes cerrados, vigilando los espacios en los cuales se realiza su expendio, regular el destino de los deshechos que provoca su masticación, y asumir el Estado la responsabilidad de ofrecer garantías de salubridad para quienes la están consumiendo,
El Estado ha aprobado la Ley 906, su decreto reglamentario, DS Nº 3318 (del 6 de septiembre de 2017), y el Reglamentando la Ley 864 de declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial al acullico. En todos sus contenidos, regulan materias sobre la producción y el comercio desde los mercados autorizados hasta el consumidor final, promocionando el consumo, reconociendo el boleo como “símbolo de diálogo, reciprocidad y equilibrio con la naturaleza, trascendiendo esta práctica los diferentes estratos sociales del pueblo boliviano”; establecen procedimientos para otorgar licencias de comercialización, crea el registro único de productores al detalle y de comerciantes al detalle de la hoja de coca. Define el carnet de comercializador como licencia otorgada por el Viceministerio de Coca y Desarrollo Integra a los productores al detalle y a los comerciantes al detalle, y declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, al acullico, como la “masticación tradicional de la Hoja de Coca, que permite extraer el contenido de sus nutrientes.” Sin embargo, no establece ninguna regulación sobre el consumo dejando un vacío regulatorio deplorable sobre la venta directa de la hoja de coca para el consumo humano, carente de registros sanitarios válidos.
Frente a ese olvido monumental, le corresponde a los gobiernos municipales la responsabilidad de ejecutar el control de calidad, sanidad e inocuidad de los alimentos en los mercados locales, transporte local y comercios de su jurisdicción, por mandato de la Constitución, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización; al no existir una disposición expresa sobre la materia de carácter nacional, le corresponde a los gobiernos municipales en uso de sus facultades legislativas, promulgar sus propias leyes de inocuidad y control higiénico sobre el consumo de la hoja de coca, en favor de la población.
Carlos Hugo Molina es director de innovación del CEPAD.
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