Con esta pregunta: ¿De quién es la justicia en Bolivia? epiloga el libro “CELDA 38: La historia real que el poder quiso silenciar”, recientemente publicado por el periodista Eddy Luis Franco Nogales, quien relata su experiencia personal, cargada de resiliencia y entereza, de cuando tuvo que recorrer el largo y enrevesado laberinto del sistema penal y penitenciario boliviano que lo llevo sin pruebas al secuestro de su libertad.
Esta es una historia personal muy emblemática, porque constituye un testimonio que nadie escribe ni documenta sobre las prácticas generalizadas -quizás incluso normalizadas- de arbitrariedad y abuso de poder de jueces, fiscales, abogados, policías y autoridades públicas que usan el sistema de justicia como herramienta de persecución política. Es una secuencia fotográfica sobre cómo el sistema de justicia se convirtió en Bolivia en arma jurídica de un proyecto político. Es el retrato sobre cómo jueces y fiscales se instrumentalizaron en agentes de represión del proceso de cambio.
Esta obra, escrita en la Celda 38 de la cárcel de San Pedro muestra el uso prologando de la detención preventiva, el hacinamiento, así como las condiciones precarias de encarcelamiento de las personas privadas de libertad, quienes están sometidas además a la discrecionalidad, retardo y mora de los procesos judiciales, que en vez de garantizar el debido proceso y la presunción de inocencia, los vulneran de forma recurrente. El libro retrata la corrupción policial, el sometimiento de la justicia al poder político; cómo ministros de Estado y el propio Procurador General interfirieron sobre la independencia judicial. Pone en evidencia un poder paralelo e incluso criminal que administra la vida al interior de los penales; refleja que el castigo a los reclusos es doble, son víctimas de la injusticia del sistema, pero también de la ley del más fuerte, donde todo tiene un precio. Las exacciones y extorsiones vienen desde los niveles más bajos, y muchas veces encadenados a los niveles superiores, de quienes tienen la misión de custodia y protección.
Esta historia, muy conmovedora en lo personal, es aún más dramática cuando narra otras historias que le tocó acompañar. Esta voz de un periodista que se ha formado para relatar noticias, cuando cuenta todas estas experiencias se convierte en la voz de los sin voz, en la voz de los que tienen que callar, porque la denuncia les puede significar mayor castigo y opresión. Pero que juntas muestran una forma de actuar como sistema, un verdadero patrón sistémico de funcionamiento. Si en el país se debe formar una Comisión de la Verdad, debería ser una comisión independiente para el esclarecimiento de la corrupción judicial, para que nunca más se vuelvan a repetir historias como esta.
Recordemos que el Relator Especial de NNUU sobre Independencia de los Jueces y Abogados, Diego García-Sayán, en su visita oficial a Bolivia del año 2022 concluyó que: “La justicia está lejos de la gente. La construcción de un sistema de justicia independiente y accesible es un reto fundamental de la sociedad boliviana”. También García-Sayán remarcó que la corrupción es uno de los problemas más serios en la justicia boliviana, debido a que varias víctimas le revelaron las extorsiones que sufrieron de parte de jueces, fiscales y régimen penitenciario, además de liberaciones irregulares de reos sentenciados y presiones de operadores de justicia hacia las víctimas. “La corrupción puede ser una herramienta de ataque a la independencia judicial”.
El Relator Especial de NNUU sobre la Tortura en su informe (A/HRC/40/59), presentado al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el año 2021 ha descrito el vínculo indisoluble que existe entre la corrupción y la tortura, especialmente en contexto de encarcelamiento, concluyendo que: “Los actos o las amenazas de violencia y abusos que equivalen a tortura se utilizan deliberadamente como instrumento para obstruir las medidas de prevención, investigación, enjuiciamiento y sentencia en casos de corrupción”, habitualmente a través de coaccionar a las víctimas o los testigos para obtener falsas confesiones, testimonios o denuncias a fin de ocultar y eludir la responsabilidad por la corrupción. Así, la corrupción se convierte en un crimen de abuso de poder, en una forma de tortura, ya que cuando se exacciona a una persona privada de libertad se lo victimiza doblemente: como víctima de sus derechos humanos vulnerados, y como víctima de la corrupción.
Eddy Luis Franco, al final del libro responde la pregunta, y nos dice “la justicia debería ser de todos, y no es de nadie”, convocando a remover esta maquinaria mediante un gran acuerdo nacional para la reforma de la justicia.
Estamos a tiempo de hacer las cosas bien para que la justicia sea para todos.
Ramiro Orías es Oficial de Programas Senior en la Fundación para el Debido Proceso – DPLF.
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