Por Bruno F. Parada
El jaguar (Panthera onca) es un felino cuya distribución histórica fue extremadamente amplia, extendiéndose desde el sur de Estados Unidos hasta el sur de Argentina (Cuyckens, et al., 2017). Es decir, su distribución abarcaba diferentes pisos ecológicos y ecosistemas de América desempeñando su funcionalidad como un depredador tope. Actualmente su distribución se ha reducido fuertemente entre un 50 a 55% de su distribución original en los últimos 70 años, dando lugar a poblaciones pequeñas, fragmentadas y regionalmente amenazadas en el continente. En algunos países el jaguar es una especie extinta como el Salvador, Uruguay e incluso se estima como muy probable su extinción en Argentina (cats.org). Esta reducción de su área de distribución no implica necesariamente que haya desaparecido la misma proporción de individuos, ya que distribución geográfica y tamaño poblacional son dos cosas distintas.
A nivel mundial, el jaguar está categorizado como Casi Amenazado (NT) según la IUCN. Sin embargo, en Bolivia la situación es más preocupante. Desde 1996 la categoría se mantuvo como Vulnerable (VU) y mantuvo esa categoría en evaluaciones posteriores, hasta la actualización de 2026 del Libro Rojo de los Vertebrados de Bolivia, que la recategorizó como En Peligro (EN).
Existen varias razones por las que las poblaciones de jaguar se ven amenazadas. Según la IUCN Cat Specialist Group las amenazas a esta especie son:
- Pérdida y fragmentación del hábitat.
- Persecución por conflicto con la ganadería
- Disminución de presas.
- Caza ilegal y comercio de partes.
- Fragmentación y aislamiento de las poblaciones.
Estos antecedentes de la especie se contrastan con un hecho ocurrido en la ciudad de Guayaramerín el pasado 6 de agosto que tuvo un impacto mediático nacional sobre la muerte de un espécimen de jaguar que fue baleado y posteriormente el desollado, decapitado y desmembrado. Ello causó un debate fuerte principalmente entre personas indignadas por el animal y entre las personas que legitiman la defensa de la familia por el peligro que representaba la presencia del felino y la posible falta de capacidades de las instituciones públicas para poder acudir al caso.
Hace unos días salió una crónica publicada en el medio digital de la Agencia de Noticias Ambientales escrito por miembros del colectivo de Lucha por la Amazonía Boliviana que aporta elementos importantes para comprender los hechos relacionados con el caso del jaguar abatido en el barrio San Francisco, en Guayaramerín, y permite conocer con mayor profundidad un caso que inicialmente se hizo público a través de las redes sociales. La reconstrucción de testimonios y la exposición de las limitaciones operativas de las instituciones encargadas de responder ante conflictos con fauna silvestre permiten entender que la situación es mucho más compleja que simplemente llamar a POFOMA u otra instancia ambiental. Sin embargo, precisamente por la información que aporta la propia crónica, considero que hay algunos puntos que deben continuar ser discutidos.
1. ¿Podemos responsabilizar a POFOMA y otras entidades públicas responsables de la gestión ambiental por sus carencias?
Si una institución no cuenta con los medios, el equipamiento ni el personal capacitado necesarios, ¿podemos responsabilizar directamente a quienes trabajan en ella por no responder de manera ideal? ¿O deberíamos preguntarnos quién tiene realmente la responsabilidad de dotar a estas instituciones de las capacidades necesarias?
Es necesario visibilizar estas carencias institucionales, pero no podemos convertirlas en un argumento para cerrar la discusión: “como POFOMA no puede hacerlo, entonces no había otra opción”. Precisamente esta realidad debería impulsarnos a exigir que existan las capacidades necesarias para responder adecuadamente ante futuras situaciones de este tipo.
2. El problema no es solamente este jaguar
Me parece pertinente que la crónica no presente el caso como un hecho aislado, sino como parte de un problema mucho mayor. La pérdida y fragmentación de hábitats naturales, los incendios y la transformación de ecosistemas enteros por la expansión agrícola y otros cambios en el uso del suelo pueden incrementar la probabilidad de encuentros entre fauna silvestre y personas.
A esto se suma la percepción negativa que existe hacia los animales carnívoros, impulsada principalmente por el miedo y porque representan, para muchas comunidades, una amenaza para su economía al depredar ganado. Esto puede contribuir a prácticas ilegales como la persecución y cacería de estos animales. En algunos contextos, además, la muerte de individuos puede estar relacionada con el aprovechamiento o comercio ilegal de sus partes, mientras que en otros casos sus cadáveres pueden ser utilizados como una forma de escarmiento o advertencia.
En redes sociales se generó una especie de batalla digital entre distintos “bandos de indignación”: quienes se indignaron por la muerte del jaguar, quienes consideraron que las personas podrían haber sido atacadas y quienes señalaron que los incendios forestales provocan la muerte de millones de animales y constituyen una problemática mucho mayor. Muchas de estas opiniones sacaron conjeturas no demostradas, como la posibilidad de que el animal haya sido un individuo cautivo, ya que aún no hay evidencia ni resultados de una pericia hasta la fecha.
Sin embargo, estas posiciones no son necesariamente contradictorias. Una indignación no invalida a la otra. Nadie plantea que la vida de un animal deba estar por encima de la vida de una persona. Es comprensible que, ante una situación de peligro, las personas busquen protegerse y proteger a sus familias. También es posible que la falta de una respuesta institucional inmediata haya influido en la decisión de actuar de esa manera.
Pero que una decisión pueda ser comprensible en una situación de emergencia no significa necesariamente que deba convertirse en la única respuesta aceptable.
El caso también evidencia posibles falencias en los mecanismos de prevención, respuesta y capacitación. Estas carencias no pueden atribuirse automáticamente a los funcionarios de las instituciones, pero sí deberían convertirse en una exigencia para fortalecerlas y evitar que, ante futuros encuentros, matar al animal sea considerado la única solución posible.
Por otro lado, es cierto que millones de animales mueren a causa de los incendios forestales. Pero no creo que esto permita relativizar la muerte de un jaguar por tratarse de un caso “aislado”. Ambas situaciones son indignantes y, de hecho, están profundamente relacionadas.
La pérdida de hábitats naturales puede disminuir la disponibilidad de recursos como agua, alimento y refugio, aumentando la probabilidad de que los animales se acerquen a zonas habitadas por personas. Por tanto, a medida que la transformación de los ecosistemas avance, es razonable preguntarnos si los encuentros entre fauna silvestre y seres humanos serán cada vez más frecuentes.
En una entrevista, el biólogo Vincent Vos señala algo que resulta especialmente preocupante: la normalización de que cada año exista una “época de incendios” como si se tratara de un fenómeno inevitable. Esto es algo que, como sociedad, debemos cuestionar y frente a lo cual debemos tomar acciones.
De la misma manera, tampoco podemos normalizar que, cuando un animal silvestre aparece en una zona habitada, la primera o única respuesta sea matarlo. Ahora bien, si estos encuentros pueden volverse más frecuentes, cabe preguntarnos: ¿Estamos preparando a nuestras instituciones y a la población para responder ante esta realidad?
3. Aún quedan preguntas por responder sobre lo ocurrido
Incluso si aceptamos que existió un riesgo real, que POFOMA no tenía la capacidad suficiente para afrontar la situación y que, bajo una circunstancia de emergencia extrema, una persona puede verse obligada a defender su vida, todavía quedan preguntas que necesitan respuesta:
- ¿Se intentó contactar a las autoridades?
- ¿Qué sucedió exactamente entre el ingreso del jaguar a la propiedad y su muerte?
- ¿Por qué no se dio parte a las autoridades una vez muerto el animal?
- ¿Por qué el cuerpo fue separado en distintas partes y quiénes participaron?
- ¿Cómo habría procedido POFOMA y la alcaldía ante una situación de este tipo?
- ¿Contaban con los materiales, personal y capacitación necesarios para intervenir?
- ¿Qué protocolo existe —si existe— para determinar cuándo un animal silvestre representa una amenaza que requiere una intervención letal?
No vale la pena convertir este caso en una disputa entre quienes “defienden al jaguar” y quienes “defienden a las personas”. Ambos necesitan protección, y eso requiere instituciones con mecanismos y protocolos adecuados para responder cuando ocurren encuentros con fauna silvestre, pero también una ciudadanía capacitada para saber cómo actuar, protegerse y conocer las leyes sobre la protección de la fauna. Para ello la realización de talleres enfocados en conservación por ejemplo en comunidades, mercados y colegios son necesarios. En ciudades como por ejemplo Riberalta y Cobija los mercados todavía venden productos con partes de animales como billeteras, cinturones, incluso artesanías como adornos hechos con caimanes pequeños taxidermizados.
4. Los animales silvestres tampoco deberían estar condenados a morir simplemente porque nuestras instituciones no cuentan con los medios suficientes para manejar estas situaciones.
Pero más allá de preguntarnos qué hacer cuando aparece un animal —sea un jaguar, un oso bandera, un jukumari o un puma— debemos hacernos una pregunta mucho más importante: ¿Estamos realmente preparados para afrontar encuentros que podrían ser cada vez más frecuentes? ¿Se están estableciendo mecanismos eficientes de prevención y respuesta? ¿Estamos fortaleciendo a las instituciones y capacitando a las comunidades? ¿Estamos actuando antes de que ocurran los conflictos o simplemente reaccionando cuando ya es demasiado tarde?
Los grandes incendios forestales se han vuelto recurrentes en los últimos años, y su impacto sobre los ecosistemas y la fauna ya no puede tratarse como un fenómeno excepcional.
Los animales no conocen fronteras, propiedades privadas ni áreas protegidas. Tampoco conocen nuestras leyes o nuestros mecanismos de sanción: responden a sus necesidades de supervivencia.
Conservar la fauna requiere, entre otras cosas, comprender lo que nos dice la ciencia, incorporar el conocimiento local y reconocer las capacidades institucionales reales. Solo a partir de ese diagnóstico podremos generar las condiciones necesarias para que las personas y la fauna silvestre puedan coexistir cuando nuestros caminos se cruzan.
Bruno F. Parada es biólogo de Lucha por la Amazonia Boliviana (LxA).
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