Niños que sobreviven en las calles, con diversos oficios. Foto: Redes sociales.
«Lo que no se registra, no existe». Con esta afirmación, la Defensoría del Pueblo llamó la atención sobre la ausencia de información oficial sobre la situación de la Niñez y Adolescencia en Situación de Calle (NNASC) en Bolivia. Han pasado 12 años desde el último censo realizado para obtener información sobre las condiciones en las que sobrevive esta población, falencia que según la entidad defensoria, impide planificar, diseña e implementar políticas públicas que respondan a sus necesidades.
«El último registro oficial de personas en situación de calle en Bolivia fue realizado hace 12 años, en 2014, y no ha sido actualizado. Esta ausencia de información limita la posibilidad de dimensionar el fenómeno, planificar respuestas oportunas y diseñar políticas públicas sostenibles», alerta la Defensoría en su informe “Derechos a la Intemperie”.
Ese año se estableció que un total de 3.768 niños, niñas y adolescentes sobrevivían en situación de calle en todo el territorio nacional.
Transcurrida más de una década, esta cifra se mantiene como la única referencia oficial, lo que califica como un «absurdo» metodológico para la gestión pública actual, en palabras de Nelson Churqui, jefe de la Unidad de Derechos Generacionales y Género de la Defensoría.
«Lo que no se registra no existe. No podemos hacer política pública en razón a los 3.768 niños, niñas y adolescentes que han sido registrados en 2012, sería un absurdo gestionar o planificar con base en esos datos. No tenemos un dato oficial actualizado por parte del Estado, incluso teniendo en cuenta que en 2024 se hizo un censo nacional donde se pudo generar esta información» lamentó Churqui en entrevista con el programa Claroscuro de RTP.
La falta de registros diferenciados también se evidencia en distintas instituciones. El Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS) no cuenta con variables que permitan identificar si una atención corresponde a una niña, niño o adolescente en situación de calle, sostiene el informe.
De igual manera, el Ministerio de Educación, el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) y el Servicio de Registro Cívico (SERECI) no cuentan con registros diferenciados para esta población.
«Otra vulneración es el acceso a un derecho primigenio, el cual es el derecho a la identidad y se plasma en el derecho a acceder a un certificado de nacimiento, pero la niñez en situación de calle no lo pueden hacer. Esto afecta a otros derechos como como la salud, la educación», indicó Churqui.
Solo 2 gobernaciones y el 30% de municipios intervienen
La ausencia de planificación y atención de los NNASC se evidencia también en la escasa respuesta de los gobiernos subnacionales. Solo dos de las nueve gobernaciones —Cochabamba y Santa Cruz— tienen programas específicos para la atención de la niñez y adolescencia en situación de calle.
A nivel local, la situación es aún más crítico: siete de cada diez municipios del país carecen de programas especializados para esta población, lo que deja desprotegidos a miles de menores de edad que sobreviven en las calles sin redes de contención ni asistencia estatal.
Vulneraciones: Del certificado de nacimiento a la violencia policial
La vulneración de derechos arranca con la falta de acceso al derecho a la identidad. Para la niñez en situación de calle, obtener un certificado de nacimiento se topa con la exigencia de requisitos inaccesibles, lo que desencadena un efecto dominó de exclusión.
Sin identidad no logran tramitar su certificado de nacimiento ni cédula. Al carecer de documentos, quedan excluidos del Sistema Único de Salud (SUS) y la misma falta de papeles dificulta o imposibilita su inscripción en el sistema escolar formal.
A esta exclusión institucional se suma la violencia directa en el entorno urbano. Declaraciones de autoridades defensoriales revelan denuncias sobre malos tratos, agresiones físicas y acoso cometidos por servidores policiales y guardias municipales.
«Incluso hay testimonios en sentido de que personal de las alcaldías y la policía los golpeaban y les echan agua para desalojarlos de algunos lugares», lamentó Churqui.
Exigencia al Legislativo: Priorizar una ley de protección integral
Frente a este crítico diagnóstico, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para priorizar el tratamiento y aprobación de una norma nacional específica que garantice la protección integral de las niñas, niños y adolescentes en situación de calle. La entidad recalca que sin un mandato legal con asignación presupuestaria obligatoria, las iniciativas continuarán siendo esfuerzos aislados.
Desde la institución defensorial enfatizaron que el Órgano Legislativo debe asumir la responsabilidad de coordinar un marco normativo que obligue a los tres niveles del Estado —nacional, departamental y municipal— a articular mecanismos de prevención, reintegración familiar y protección social.
