La votación con la que se aprobó la norma en el Senado. Ahora, pasó a Diputados.
La Cámara de Senadores aprobó este jueves el Proyecto de Ley “De Acceso a la Información” y lo remitió a Diputados para continuar su tratamiento. El texto que avanza en la Asamblea incorpora ajustes planteados por organizaciones de la sociedad civil y gremios periodísticos, entre ellos la eliminación de la exigencia de demostrar el “uso lícito” que se dará a la información solicitada al Estado, una condición que podía limitar el ejercicio efectivo de este derecho.
«Cabe destacar que las y los senadores han comprendido el espíritu y la relevancia que tiene la aprobación de esta norma e introdujeron modificaciones a los artículos 8 y 9, que habían sido bastante cuestionados por las organizaciones de la sociedad civil y las entidades periodísticas dado que eran restrictivos. El artículo 8 exigía como requisito para la solicitud de información un justificativo y el artículo 9 establecía que ‘el mal uso de la información’ hacia pasibles a sanciones penales o legales a los solicitantes», sostuvo Fernanda Valencia Tejerina ,responsable de formación y coordinación con organizaciones defensoras de DDHH del Programa Defensa de Derechos de UNITAS.
Por su lado, Susana Saavedra, directora ejecutiva de Fundación Construir, explicó que el mantener dichos condicionamientos se constituían en factores que solo hubieran contribuido a la autocensura. «El acceso a la información es un derecho humano que no requiere formalismos y la ley aprobada responde ahora a los estándares de libertad de información y libertad de expresión».
Según Saavedra, se espera que la propuesta sea aprobada en la Cámara Baja en esta legislatura, la esperanza es que se lo haga lo ante posible. Recordó que Bolivia es el único país de Sudamérica que no cuenta con una norma para regular la obligatoriedad de los funcionarios de entregar información que administran.
Mediante un pronunciamiento, la articulación de la sociedad civil y los gremios periodísticos que hace seguimiento al tratamiento legislativo del proyecto de ley valoró la voluntad política demostrada en el Senado para abordar esta demanda histórica.
«Este paso representa un avance sin precedentes para garantizar el derecho fundamental de la ciudadanía a fiscalizar la gestión pública y exigir rendición de cuentas», se lee.
Tras este avance, las entidades anunciaron que se mantendrá en vigilancia permanente durante el trámite de la norma en Diputados. Exhortaron a los legisladores a actuar con la celeridad que exige la ciudadanía para sancionar ley, saldando así una deuda pendiente con la democracia, el periodismo y el Estado de Derecho en Bolivia. «Recordamos que con la norma Bolivia avanzará en el cumplimiento de importantes compromisos internacionales de derechos humanos», dice el pronunciamiento.
El espíritu de la norma
La propuesta normativa tiene como eje garantizar el ejercicio pleno del derecho de acceso a la información pública y fortalecer la transparencia en su generación, administración y gestión. Su alcance comprende a todas las instituciones y entidades públicas de los cuatro órganos del Estado y en todos los niveles) empresas públicas, universidades públicas y otras instancias que administren recursos o presten servicios públicos.
Entre sus principios centrales, el proyecto establece que la información en poder del Estado es pública como regla general, salvo las excepciones expresamente determinadas por ley. Además, reconoce que cualquier persona podrá solicitar información pública sin necesidad de justificar o explicar las razones de su requerimiento.
Durante el tratamiento en detalle, el pleno realizó ajustes al texto, entre ellos modificaciones al mecanismo encargado del seguimiento de la norma, que pasará a denominarse Observatorio, además de establecer un plazo de 90 días, a partir de su publicación en la Gaceta Oficial, para la reglamentación correspondiente.
La presidenta en ejercicio de la Cámara de Senadores y proyectista de la norma, Soledad Chapetón, destacó que la propuesta es resultado de un trabajo iniciado en febrero, que recogió aportes de legisladores, representantes de la prensa, organizaciones de derechos humanos y experiencias normativas desarrolladas en distintas regiones del país.
Remarcó el carácter colectivo de la construcción de la propuesta, después de años de iniciativas, seguimiento y aportes provenientes de distintos sectores. “Este es un proyecto, por lo tanto, absolutamente de todos”, expresó.
Para la redacción del texto también se consideraron antecedentes normativos y experiencias desarrolladas en otras regiones del país. «Hemos estado a la altura y al tamaño de lo que Bolivia necesita, que son instrumentos legislativos que les devuelvan y les garanticen el ejercicio de sus derechos plenos”, afirmó Chapetón durante la sesión.
Actores que promovieron los ajustes
Forman parte de la articulación que promovió los ajustes para que la propuesta de ley alcance estándares internacionales un conjunto de organizaciones de la sociedad civil y gremios periodísticos.
En el primer grupo están la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo y Acción Social (UNITAS), la Comunidad de Derechos Humanos (CDH), Fundación CONSTRUIR, la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos, Fundación Internet Bolivia, la Asociación Boliviana de Investigadores de la Comunicación (ABOIC) y el Consejo Nacional de Ética Periodística (CNEP).
Y en el segundo, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), el Círculo de Mujeres Periodistas de La Paz, la Asociación Boliviana de Radiodifusoras (ASBORA), la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional (ACPI), la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) y la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia.
