Manifestación de extrabajadores de la Editorial Canelas. Foto: Extrabajadores de Los Tiempos
Los extrabajadores del periódico Los Tiempos de Cochabamba -que era parte de la Editorial Canelas S.A.-, exigen que se reserve los fondos del primer remate de bienes inmuebles para que se les cubra los salarios y beneficios sociales adeudados que afectan a 150 familias. El remate está programado para el 18 de agosto de este 2026.
“No estamos pidiendo un privilegio. Estamos exigiendo que se cumpla la Constitución y que no se deje en cero a más de 150 familias trabajadoras”, señalaron los representantes mediante un comunicado público.
Los extrabajadores denuncian que la empresa mantiene obligaciones por salarios devengados, indemnizaciones, desahucios, aportes a la seguridad social y otros beneficios sociales. En ese sentido, para resguardar sus derechos, señalan que registraron anotaciones preventivas y gravámenes de crédito laboral sobre los inmuebles con matrículas 3.01.1.02.0005672 y 3.01.1.02.0004736.
El remate se realiza en el marco de un proceso ejecutivo mercantil iniciado por Banco Bisa S.A., identificado con el NUREJ 30370081. Los extrabajadores afirman que sus solicitudes para participar en el proceso fueron rechazadas bajo el argumento de que no forman parte del mismo, pese a que reclaman derechos laborales vinculados al patrimonio que será rematado.
Asimismo, piden al Tribunal Supremo de Justicia celeridad en los recursos de casación pendientes y solicitan al Ministerio de Trabajo y a la Defensoría del Pueblo su intervención institucional y participación como veedores.
Ante esta situación, solicitaron que los recursos obtenidos sean retenidos en Depósitos Judiciales hasta determinar y resolver de manera prioritaria las acreencias laborales.
Las víctimas invocan el artículo 48, parágrafo IV de la Constitución Política del Estado para solicitar que las autoridades garanticen la protección efectiva de los salarios, beneficios sociales y aportes laborales no pagados.
Los trabajadores declararon estado de emergencia y movilización permanente. Advirtieron que, si no reciben una respuesta antes del remate, evaluarán acciones constitucionales, denuncias ante las autoridades competentes y movilizaciones pacíficas.
