El Defensor, Pedro Callisaya, brinda informe en la Comisión de Constitución. Foto: Defensoría del Pueblo.
El informe presentado por el Defensor del Pueblo ante la Comisión de Constitución de la Cámara Baja sobre las acciones que desarrolló durante los 53 días de protesta aún no fue analizado por esta instancia. La autoridad defensorial fue interpelada con al menos 25 preguntas y, por su lado expuso las acciones que ejecutó durante el conflicto y la vigencia del estado de excepción.
La sesión en la que Pedro Callizaya respondió a la petición de informe oral se llevó a cabo el jueves 2 de julio, a iniciativa de la diputada Marlene Miranda (PDC). Dado que el Legislativo ingresó en receso el lunes 6 de julio, la delegación camaral no analizó el informe presentado por Callizaya. Además, Kathia Saucedo, secretaria técnica de dicha comisión, aclaró que debe ser la propia Miranda quien solicite un análisis en conjunto. En ese sentido, precisó que esto podría darse una vez concluida la pausa parlamentaria (que rige hasta el 20 de julio).
Saucedo aclaró que la Comisión de Constitución no emitió una posición institucional debido a que la sesión concluyó cerca de las 21:30 y posteriormente debía tratarse el proyecto de ley de convocatoria a elecciones judiciales. «No hubo un análisis como Comisión ni conclusiones conjuntas. Lo que existió fueron opiniones individuales de los diputados durante la sesión».
Agregó que, al cierre de la sesión, la diputada Miranda anunció que solicitará que la Comisión elabore un informe pormenorizado sobre los resultados de la comparecencia del Defensor, una vez que se reanuden las actividades legislativas tras el receso.
Qué información se demandó del Defensor
La secretaria técnica detalló que durante la sesión se formularon cerca de 25 preguntas, centradas principalmente en las acciones que dicha institución adoptó para atender a las personas afectadas durante las protestas y bloqueos registrados entre mayo y junio.
Según explicó, las consultas estuvieron organizadas en varios ejes. Uno de ellos estuvo referido a información sobre las personas perjudicadas por las medidas de presión, incluidos los fallecidos y heridos. Los legisladores también solicitaron conocer qué acciones de protección y tutela emprendió la Defensoría para evitar esos desenlaces y asistir a las víctimas.
Asimismo, se le pidió explicaciones sobre la actuación de la institución para garantizar el paso de ambulancias, alimentos, combustible y otros suministros esenciales hacia la ciudad de La Paz. «La crítica fue que las imágenes presentadas por el Defensor mostraban mercados abastecidos, cuando la población paceña experimentó una escasez de alimentos y otros productos básicos durante ese periodo», señaló Saucedo.
Otro bloque de preguntas estuvo dirigido a conocer si la Defensoría promovió acciones legales o impulsó procesos ante el Ministerio Público contra los presuntos responsables de los bloqueos que derivaron en la vulneración del derecho a la salud y en la pérdida de vidas.
De acuerdo con Saucedo, varios legisladores expresaron su percepción de que la Defensoría del Pueblo tuvo una actuación insuficiente durante el conflicto y cuestionaron la ausencia de una participación más activa para facilitar el desbloqueo de rutas y la protección de la población.
El reporte de la autoridad defensorial
Por su parte, según información de la agencia ABI, el Defensor del Pueblo aseguró que la institución promovió el monitoreo internacional sobre la situación de los derechos humanos en el país, mediante el envío de 31 comunicaciones al Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos.
Explicó que, entre el 1 de mayo y el 22 de junio, la Defensoría del Pueblo remitió 17 comunicaciones al Sistema de las Naciones Unidas y 14 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el propósito de mantener informados a dichos organismos sobre el desarrollo de los hechos, las acciones institucionales desplegadas y la situación de los derechos humanos en el país a lo largo de los más de 50 días de protesta.
También refirió que entre mayo y junio desplegó 30 acciones de prevención, gestión y facilitación del diálogo, 13 a nivel nacional y 17 en el ámbito subnacional, en los departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca, Potosí. Estas acciones incluyeron cinco llamados al diálogo en coordinación con la Iglesia Católica y más de 130 organizaciones de la sociedad civil.
En cuanto a fallecimientos, la institución defensorial documentó 22 casos ocurridos en el contexto de los conflictos: 19 corresponden a terceros afectados por los bloqueos, incluyendo pacientes oncológicos que no pudieron llegar a sus tratamientos y víctimas de accidentes en rutas alternas. Dijo que ante esta situación, la entidad instó al Ministerio Público a realizar investigaciones «con celeridad y debida diligencia» para garantizar justicia a las familias.
De igual manera informó que desde el 20 de junio (cuando el decreto de estado de excepción entró en vigor) hasta el 3 de julio, la entidad ejecutó 74 acciones defensoriales en los nueve departamentos del país para supervisar el respeto a los derechos humanos y el funcionamiento de los servicios esenciales.
Callisaya indicó que está dispuesto a complementar su informe con la documentación requerida por la diputada Miranda y se comprometió a remitir la información que aún se encuentre pendiente.
