Mediante un pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por el operativo realizado el 19 de junio por funcionarios del Ministerio de Gobierno, de Migraciones y la Policía en instalaciones de la Casa de la Mujer, y anunció una serie de medidas para velar por el cumplimiento de los derechos de la organización, de su personal y de las victimas de violencia a las que asiste.
«Conocidos estos hechos, la institución activó de manera inmediata las acciones defensoriales correspondientes y dispuso la apertura de un caso de oficio para realizar el seguimiento y esclarecimiento de lo ocurrido», se lee en el documento.
Asimismo, la oficina defensorial recordó que cualquier actuación de las autoridades públicas debe desarrollarse con estricto respeto a las garantías constitucionales, el debido proceso y los derechos humanos.
Según la denuncia de la Casa de la Mujer, servidores públicos de la Policía y de la Dirección General de Migración, dependientes del Ministerio de Gobierno, ingresaron al recinto sin proporcionar información suficiente sobre los motivos y alcances del procedimiento, lo que generó incertidumbre y preocupación entre las mujeres que recibían atención y protección, así como entre el personal de la institución.
Por este motivo, la Delegación Defensorial Departamental de Santa Cruz tomó contacto con las representantes de Casa de la Mujer para conocer las circunstancias del caso, brindar el acompañamiento institucional correspondiente y coordinar las acciones necesarias para la protección de las personas involucradas.
«La Defensoría del Pueblo realizará las gestiones institucionales correspondientes ante las máximas autoridades de las entidades involucradas para solicitar el esclarecimiento de los hechos, la determinación de las responsabilidades que correspondan, la adopción de medidas de no repetición y la protección efectiva de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos», dice el pronunciamiento.
Asimismo, reafirmó que las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos desempeñan una función esencial para el fortalecimiento del Estado Democrático de Derecho y deben desarrollar su labor en un entorno libre de intimidaciones, hostigamientos o cualquier forma de represalia.
Aquí puede acceder al pronunciamiento:
