Incidencias del diálogo entre el Gobierno con la COB. Foto: ABI
Luego de 47 días de protestas y más de 40 de bloqueos por parte de los sectores movilizados, la COB y el Gobierno finalmente instalaron el diálogo para analizar el pliego petitorio del ente matriz. El documento combina demandas económicas, sociales y políticas, entre ellas el rechazo a toda forma de privatización de empresas públicas y estratégicas y participación absoluta (mediante consultas previas) en en la toma de decisiones del Ejecutivo.
El Gobierno ha respondido que atenderán los pedidos en el marco de lo «legal» y que no se debe perder de vista que el presidente y su gabinete tienen prerrogativas otorgadas por la norma para ejercer sus funciones.
Las 8 demandas de la COB y la respuesta del Gobierno
1. Derechos humanos y pacificación
La COB exige el respeto a los derechos humanos, rechaza las iniciativas para penalizar los bloqueos (ley antibloqueos) y demanda el cese de la “persecución política y judicial” a detenidos durante conflictos sociales; para estos demandan la liberación inmediata y amnistía judicial. Además, piden frenar los actos de discriminación contra indígenas y campesinos.
- El Gobierno exige como “condición fundamental” para la mesa del diálogo la pacificación del país, “lo que implica el desbloqueo inmediato”, dijo en ministro de la presidencia José Luis Lupo. Sobre la liberación de detenidos, una comisión creada a instancias del diálogo analiza cada uno de los casos. Sin embargo, Lupo adelantó que no puede haber “impunidad” absoluta para “quienes hayan cometido delitos” y recordó hechos como el del policía que recibió una paliza.
2. Cumplimiento de compromisos gubernamentales
La organización plantea mecanismos legales para garantizar que las autoridades del Ejecutivo (en nivel nacional, departamental y municipal) y del Legislativo cumplan sus promesas electorales y rindan cuentas periódicamente sobre los avances de gestión. Con ese fin, piden aprobar una ley específica.
- Hasta el momento, no hay una posición al respecto, ni de parte del Gobierno ni del Legislativo. Sin embargo, tanto la Asamblea Legislativa Plurinacional, como las asambleas departamentales y los concejos municipales son las entidades responsables, por ley, de la fiscalización a la funciones del presidente, de los gobernadores y de los alcaldes, respectivamente. Adicionalmente, rige la Ley 341 de Participación y Control Social, que contempla el mecanismo de rendición de cuentas, el cual debe realizarse al menos dos veces por año y presentar resultados de gestión ante la ciudadanía y las organizaciones de control social. Asimismo, a solicitud del control social, la Contraloría está habilitada para realizar auditorías y control sobre el uso de recursos públicos.
3. Defensa del modelo económico estatal
La COB rechaza cualquier proceso de privatización de empresas públicas y estratégicas. Se opone a la contratación de créditos con el FMI y exige transparencia en toda negociación de crédito con organismos internacionales. Además, pide acelerar la distribución del 50/50.
4. Participación social en las decisiones públicas
La propuesta plantea que las organizaciones sociales sean consultadas previamente antes de la aprobación de leyes, decretos o medidas económicas de impacto nacional. Esta condición es “obligatoria” y citan como ejemplo el decreto 5515, mediante el cual el presidente ejerce sus funciones incluso desde fuera del país mediante medios tecnológicos.
5. Protección del empleo, los salarios y las jubilaciones
La COB exige acciones para contener el alza de precios de la canasta familiar, preservar el poder adquisitivo de los trabajadores y avanzar hacia una jubilación equivalente al 100% del salario, como con las FFAA, para diversos sectores. También, la atención del pliego petitorio de inicios de 2026.
- Respecto de estas tres exigencias de la COB, el ministro Lupo recordó que el gobierno de Rodrigo Paz fue elegido democráticamente y, por consiguiente, tiene facultades constitucionales para gobernar. “Esto significa emitir normas, decretos, tener negociaciones con organismos internacionales, ser responsable en el manejo del precio de los carburantes y en el manejo de las pensiones. Esa es una potestad del gobierno, no se va a cogobernar con nadie, esa es responsabilidad del gobierno”, sostuvo. Según la autoridad, si la COB quiere llegar al Ejecutivo debe formar un partido e ir a elecciones.
- Sí reconoció que, de acuerdo con la norma vigente, está obligado a llevar a consulta temas estratégicos y que es responsabilidad “socializar” estos proyectos.
- En cuanto a la propuesta de distribución 50/50, una de las principales promesas de campaña de Paz, sigue en fase de construcción normativa y negociación política. La iniciativa busca que el 50% de los recursos públicos quede en manos del nivel central y el otro 50% se distribuya entre gobernaciones, municipios, universidades y autonomías indígenas.
- Acerca de las privatizaciones, el 25 de mayo, en el acto de conmemoración de la Gesta Libertaria de Chuquisaca, el presidente Rodrigo Paz negó que el Gobierno vaya a privatizar las empresas. “Cuando escucho a amigos de la ciudad de El Alto decir: ‘oye Rodrigo, vas a privatizar’, eso no es verdad, no se va a privatizar nada”.
6. Transparencia, fiscalización e investigación soberana
El pliego demanda que el ciudadano argentino Fernando Cerimedo, asesor del Gobierno, sea alejado de su cargo y se investigue “minuciosamente” sus funciones y su “presunta influencia” en la designación de cargos. Asimismo, piden que en el Legislativo se cree una comisión mixta para investigar los bullados casos relacionados con el narcotráfico (maderas y maletas).
- En el caso de Cerimedo, aún no hay una postura gubernamental.
- Sobre los denominados casos narcomadera y narcomaletas, el Ministerio Público lleva adelante las investigaciones. En el primero, la Fiscalía boliviana y el Ministerio Público de Chile crearon un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) tras la incautación de droga en Chile. Esto derivó en más de 50 allanamientos a aserraderos en Santa Cruz y Beni, el precintado de empresas exportadoras y la citación formal de sus propietarios.
- En el segundo, la investigación penal provocó la destitución y detención preventiva en Palmasola del juez Hebert Zeballos por almacenar la marihuana en su galpón. Asimismo, la exdiputada Laura Rojas fue aprehendida y cautelada penalmente, sumando una denuncia de la Cancillería por uso de pasaporte diplomático falsificado o vencido.
7. Política de hidrocarburos y resarcimientos
Exigen la estabilidad de precios en los hidrocarburos y compensación por los carburantes defectuosos, además de una auditoría técnica independiente sobre la importación, almacenamiento y control de calidad de los combustibles.
- El presidente anunció la eliminación de la subvención estatal a los combustibles el 17 de diciembre de 2025. Tres días después, el Ministerio de Hidrocarburos informó que este nuevo esquema se mantendrá congelado de manera excepcional por un periodo de seis meses; posterior a este plazo, los valores dejarían de ser fijos y comenzarían a fluctuar, pero ese ajuste no se ha producido.
- Respecto de las compensaciones por la “gasolina basura”, el 15 de junio de este año, UNIBienes informó del desembolso de 91,8 millones de bolivianos en indemnizaciones a propietarios de 31.704 vehículos afectados (45% del total). La empresa, encargada de la administración, revisión y gestión de pagos del proceso de compensación, reportó que 70.588 vehículos fueron registrados en el Sistema de Registro de Reclamos (SREC).
8. Protección ambiental y defensa de la soberanía
La agenda propone restringir actividades extractivas (mineras e hidrocarburíferas) en áreas protegidas. Por otro lado, mantener una política internacional alineada con los principios de soberanía y paz establecidos en la Constitución.
- La Reserva de Tariquía (Tarija) es un foco de tensión entre conservación y explotación hidrocarburífera. Comunarios y activistas denuncian el avance de un proyecto de exploración con efectos adversos para el medio ambiente. El Gobierno dice que se trata de un proyecto estratégicos para recuperar reservas de gas.
- Otro frente de controversia es la reciente aprobación de normas para agilizar la adecuación de derechos mineros. Organizaciones ambientales denunciaron que estas disposiciones podrían facilitar la consolidación de actividades extractivas en zonas sensibles.
