Sesión de la Cámara de Diputados. Foto: Diputados
La Cámara de Diputados tratará en pleno este viernes el proyecto de ley de abrogación de la norma 1720 de conversión de la pequeña propiedad agraria en mediana. Mientras tanto la vigilia de los sectores campesinos e indígenas de base continúa en exteriores de la Vicepresidencia en el centro paceño. Y, por otro lado, el empresariado se declaró en emergencia ante el temor de que la ley se anule.
La presidenta interina de la Cámara Baja, Daniela Cabrera, anunció la convocatoria al cierre de la 104ª sesión ordinaria, luego de que no prosperara el intento de adelantar el tratamiento del proyecto para la jornada del jueves.
La iniciativa fue aprobada en la Comisión Amazónica y de Tierras. La diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Patricia Patiño, sostuvo que la propuesta responde a observaciones de inconstitucionalidad. “No vamos a estar de acuerdo con algo que viola y vulnera la Constitución”, afirmó a Unitel.
El tratamiento de la norma se da en un contexto de posiciones encontradas. Mientras organizaciones campesinas e indígenas advirtieron riesgos para las tierras comunitarias, el Gobierno negó esa versión, aunque accedió a tramitar la anulación de la ley tras acuerdos con estos sectores.
En paralelo, representantes del sector productivo declararon estado de emergencia y analizan medidas. El presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (Fepsc), Carlos Krutzfeldt, indicó, según Unital, que se prevé una reunión con instituciones cruceñas para evaluar acciones frente a la posible abrogación.
Desde el Ejecutivo, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, señaló que el objetivo es incorporar en una nueva normativa las distintas visiones en torno al régimen de tierras.
El proyecto no pudo ser tratado el jueves debido a que la solicitud para modificar el orden del día no alcanzó los dos tercios requeridos por el reglamento de la Cámara de Diputados. El debate de este viernes será clave para definir el futuro de la Ley 1720, en un escenario marcado por presiones sociales, económicas y políticas.
