Hace aproximadamente 18 años fui contratado por una empresa de seguros de salud que gestionaba servicios para el Grupo Zurich y a varias entidades de intermediación financiera; el objetivo era realizar una reingeniería de la empresa. Al concluir con la revisión de la información financiera, en la presentación del informe técnico, les di a conocer a los socios que la situación se encontraba en un estado crítico, al borde de la iliquidez.
El problema principal era el excesivo gasto administrativo que expresaban sus estados financieros; en algunos casos existían impagos a los centros médicos y asegurados que reclamaban por la negativa de estos centros en la atención médica. La solución planteada: reducir estos gastos, sobre todo los administrativos, que englobaban viajes, viáticos y gastos personales de los socios. Luego de unos días, el socio principal se reunió conmigo con la noticia de que procederían a vender la empresa. Asumí que no deseaban tomar acciones correctivas por las ventajas que representaba disponer de recursos para uso personal y otros privilegios que debían abandonar para estabilizar la empresa. Así que realizaron la desvinculación laboral de mi persona. Años más tarde, la prensa escrita informaba que la empresa se había declarado en quiebra, dejando deudas exorbitantes tanto con los centros de salud como en el ámbito laboral.
Con los conflictos presenciados en las operaciones de YPFB (gasolina adulterada, corrupción en la compra de combustibles), se me vino a la mente esa experiencia. Analistas y políticos realizaron innumerables hipótesis sobre las causantes de la lamentable situación de la estatal, motor de la estabilidad económica durante 18 años; desde la afirmación de autoridades que atribuían todo a un complot interno de funcionarios contratados en gestiones del Movimiento al Socialismo, hasta explicaciones poco claras como depósitos sucios.
Sin duda alguna, existen demasiadas ventajas económicas al ocupar un alto cargo en la estatal petrolera, sin contar con las trabas sindicales que hacen casi imposible despedir a parte de los más de 5.000 empleados. El problema no es solo la reducción de ingresos por la venta de gas, que hace insostenible mantener esa planilla; el problema es también el equipo ejecutivo de YPFB, con una estructura excesivamente compleja a nivel administrativo. Existe un número elevado de gerencias, subgerencias y direcciones que vuelve burocrática e incluso imposible la toma de decisiones oportuna y correcta.
La alta gerencia está compuesta por 10 a 12 cargos; el segundo nivel, por 13 a 15 gerencias; y en el tercer nivel se encuentran alrededor de 30 direcciones nacionales. Esta estructura jerárquica densa conlleva efectos directos sobre la eficiencia: ralentiza la toma de decisiones porque cada proceso pasa por múltiples filtros; diluye la responsabilidad al intervenir demasiados cargos; genera duplicidad de funciones entre gerencias y direcciones; produce información contradictoria; y fomenta luchas internas por recursos bajo una lógica de “silos”.
Esta burocracia se multiplica al considerar que YPFB cuenta con empresas subsidiarias (Chaco S.A., Andina S.A., Refinación S.A., Aviación S.A., Transporte S.A., Transierra S.A., Logística S.A., Pretroandina S.A., Redes de Gas S.A.) las cuales mantienen sus propias estructuras ejecutivas, creando capas de supervisión que a menudo se solapan con las funciones de la Casa Matriz. A esto se suma lo más relevante: sostener una tecno-estructura amplia presiona el flujo de caja, ya que los recursos destinados a salarios, asesores y gastos de representación dejan de invertirse en las operaciones.
A pesar de los altos salarios, los ejecutivos cuentan además con privilegios: viajes al exterior, viáticos, estadías en hoteles de 5 estrellas, bonos, vehículos, chofer, seguros de salud privados complementarios, capacitación en el exterior y gastos de representación. En una empresa petrolera eficiente, los gastos de administración suelen representar entre el 3% y el 5% de los ingresos brutos; sin embargo, a pesar de producir hoy aproximadamente la mitad del gas natural que en 2014, las planillas se incrementaron, especialmente en los niveles ejecutivos.
La complejidad del organigrama en las grandes corporaciones estatales, la hiper-especialización de cargos funciona como una “caja negra” que fragmenta la información y crea una burocracia defensiva donde cualquier intento de recorte se pierde en un laberinto de aprobaciones y justificaciones técnicas.
En ese contexto, la reestructuración de la empresa es un desafío complejo, lo que ayuda a entender la reciente renuncia de la presidenta de YPFB, Claudia Cronenbold. Es difícil dirigir una institución donde los altos cargos se aferran a sus privilegios y donde la información puede llegar sesgada. La denuncia de la diputada Luciana Campero sobre espacios de ocio privados dentro de oficinas en Santa Cruz refuerza esta percepción: dormitorios de lujo, salas de juego y ambientes más cercanos a un hotel que a una oficina técnica estatal.
Si bien en marzo se desvinculó a 410 funcionarios y el actual presidente, Sebastián Daroca, pidió a los ejecutivos poner sus cargos a disposición, la tarea es compleja. No es sencillo encontrar ejecutivos patriotas dispuestos a sincerar responsabilidades o cerrar áreas que duplican funciones y afectan la eficiencia.
La clara muestra de que el propio Gobierno identificó a la burocracia como un obstáculo es la reciente promulgación del Decreto Supremo 5617. Al autorizar la compra directa de hidrocarburos en el extranjero, el Ejecutivo no solo busca agilizar las importaciones, sino que admite implícitamente la necesidad de evitar el laberinto administrativo que la misma estatal ha construido.
La situación de YPFB es compleja y su reestructuración o reingeniería no es cuestión de días o meses. Diagnosticar, sincerar funciones, adaptar la estructura a la realidad financiera y eliminar duplicidades son pasos indispensables. De lo contrario, se repetirá el patrón: ejecutivos que aprovechan el cargo en beneficio propio mientras la empresa pierde eficiencia y credibilidad por informes sesgados.
El costo político para el gobierno es alto. Solo queda esperar que las futuras decisiones sean las correctas para que la empresa recupere eficiencia y contribuya a que el país salga de la crisis. Los bolivianos debemos reconocer que la situación de YPFB no es un problema sencillo que se puede solucionar inmediatamente; no se puede esperar que el Gobierno actúe como un mago esperando que saque de su sombrero soluciones a problemas que se gestaron y enraizaron durante 20 años, debemos apuntar al diálogo, la racionalidad debe apremiar para salir juntos de la situación económica lamentable que enfrenta Bolivia.
Rubén Ticona Quisbert es economista y defensor ambiental.
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