En el primer trimestre de 2026, Bolivia registró 26 feminicidios, según reportes oficiales. Esto significa que entre 8 y 9 mujeres son asesinadas cada mes por un hombre que puede ser su esposo, expareja, novio, pariente o algún conocido. Es una cantidad vergonzosa para un país y para un Estado que posee un amplio catálogo de leyes de derechos humanos y una cantidad considerable de instituciones —estatales, sociales y privadas— que dicen defender y promover los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes.
Además, existe un mandato constitucional claro: desterrar el Estado patriarcal y machista. Sin embargo, en la realidad, los avances han sido muy escasos en esta ruta hacia la no violencia en todas sus formas contra las mujeres.
Estas 28 mujeres han sido cruelmente asesinadas de las formas más bestiales: disparos, acuchillamientos, violaciones, estrangulamientos y golpizas. Los autores actúan burlándose de la vida humana y de las leyes que sancionan drásticamente estos delitos. Mientras tanto, fiscales, jueces y autoridades de gobierno ofrecen conferencias de prensa para anunciar la cantidad de muertes registradas, con rostros tristes, compungidos y solidarios.
Una mujer asesinada no es un simple dato numérico ni un caso más que deba quedar archivado en los estrados judiciales; para ellos, el drama parece terminar cuando la noticia deja de ser tendencia. Mientras tanto, hijas, madres, tías y sobrinas golpeadas miran impávidas cómo el agresor camina libre e impune, paseándose de boliche en boliche.
Estos feminicidios nos deben alertar una vez más para analizar el fondo de un problema irresuelto en cada región del Estado Plurinacional: la violencia en todas sus formas contra las mujeres. Mientras las numerosas instancias competentes del Estado, las bastantes ONGs que reciben fondos del exterior y la misma sociedad no se sinceren ni generen acciones integrales y radicales, lamentablemente esta situación perdurará.
Pensando maliciosamente, pareciera que algunos que no quiere afrontar el problema en sus verdaderas dimensiones y mantener una bandera política de vigencia. “¡Ni una más!” es el grito de protesta, pero luego aparecen los cuerpos violados, golpeados y acuchillados en alguna calle, lote o camino abandonado.
Algo está fallando para que cada mes lloremos el asesinato de una mujer que puede ser alguien cercano. Probablemente los actores principales no quieran reconocerlo porque cada uno asume que hace “muy bien” su trabajo, con show mediático incluido. Lo vemos en operativos para recuperar cadáveres o detener sospechosos: fiscales, policías y personeros del gobierno en primer plano, «figureteando» que responden a sus roles y prometiendo justicia.
Bolivia está en crisis, y no solo económica; está enferma en sus estamentos y en la mentalidad de sus habitantes. Es una enfermedad que nos corroe las entrañas y se traslada a las acciones cotidianas: la violencia que quiere ganar la batalla para que las sociedades exploten y no podamos generar condiciones de convivencia pacífica.
Para combatir estos niveles de violencia, los legisladores han aprobado múltiples leyes: contra la violencia hacia la mujer, contra la trata y tráfico, el Código Niña, Niño y Adolescente, de seguridad ciudadana, de acoso político, contra el racismo y muchas otras. Estas otorgan atribuciones legales a gobernadores, alcaldes, fiscales, educadores y activistas para desplegar acciones de prevención y educación; pero de la ley a la realidad hay mucho trecho.
Este es uno de los principales problemas: el asesino sabe que las instituciones son débiles. Sabe que, cometido el delito, es probable que no vaya a la cárcel, se escape o sea liberado. Así sucedió con el exjuez Zeballos —el de las 32 maletas llenas de dólares— a quien madres de víctimas gritaron: “Miserable, las vas a pagar en la cárcel porque liberaste a los violadores”; o el caso de la niña Yubinka, cuyos verdugos aún no han sido condenados.
La sociedad —cruceña, paceña, alteña, cochabambina— está enferma porque en sus entrañas acechan demonios listos para lanzarse sobre las víctimas. Muchas veces actúa con doble moral: como ocurrió recientemente con un tipoy roto por una feminista, que generó una tempestad de reacciones cívicas y culturales, mientras esa misma sociedad guarda silencio o es timorata ante la violencia sexual y los maltratos.
¿Quiénes están fallando? ¿El gobierno, las defensorías, el Ministerio Público, los tribunales, las escuelas, los medios o las familias?. ¿O fallan los paquetes de leyes que resultan inviables y no se cumplen? ¿O fallamos todos?
Estamos fallando todos porque somos una sociedad morbosa que no reacciona frente a los depredadores sexuales a quienes ve en televisión o reuniones. Un ejemplo es la impunidad del expresidente Evo Morales, con orden de aprehensión desde hace un año por graves delitos sexuales, ante quien la justicia tiembla y el gobierno hace cálculos.
En el libro Yo maté a Sherezade, la autora plantea a las mujeres no negociar derechos ni hacer concesiones. La escritora árabe Joumana Haddad grita que el sistema coloca al hombre en una posición omnipotente y convence a las mujeres de complacerlo para abrirse paso a la vida. Ella cuestiona: “¿A eso lo llaman ingenio? ¿A eso lo llaman resistencia?”.
Ese es el camino, mujeres de Bolivia: no conceder un milímetro en sus derechos, no soportar un solo golpe más y destruir desde las entrañas ese chip patriarcal y machista que aún impera en el país.
Hernán Cabrera es periodista y licenciado en Filosofía.
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