María Luisa Rafael, defensora ambiental. Foto: Yenny Escalante
María Luisa Rafael ya no vive en su comunidad. En la comunidad Querarani, en el municipio de Poopó (Oruro), su casa quedó reducida a paredes, sin techo. Tampoco queda mucho más: la tierra es infértil, el agua está contaminada y apenas sobreviven cuatro familias donde antes había vida.
“El problema es la minería. Siguen contaminando, no han cumplido nada”, resume. Desde hace casi dos décadas, María Luisa denuncia los impactos de la actividad minera en el ayllu Cabeza. Asegura que cooperativas y concesiones continúan operando sin implementar medidas básicas como diques de cola o tratamiento de aguas, pese a compromisos asumidos ante autoridades.
Las consecuencias son visibles y cotidianas. “Se están muriendo los ganados. De mí han muerto 14 ovejas”, cuenta. La producción agrícola prácticamente ha desaparecido y la falta de agua segura ha obligado a muchas familias a migrar.
El río que atraviesa la zona es hoy una señal de alarma. “Baja como sangre”, describe, aludiendo al color rojizo que dejan los residuos mineros. Antes, recuerda, había peces y el agua servía para el uso diario. “Podíamos bañarnos, lavar ropa. Todo eso se ha perdido”.
La contaminación no solo ha vaciado comunidades, también ha fracturado relaciones. En Poopó, muchos pobladores dependen de la minería para sobrevivir, lo que, según la defensora ambiental, ha dividido a las familias. Cuenta que hay vecinos que trabajan en las minas, por lo que no están de acuerdo con los reclamos contra esa actividad.
La defensa del territorio le ha costado caro. María Luisa asegura que ha sido amenazada, enfrentó siete procesos judiciales y tuvo que abandonar su comunidad por falta de condiciones para vivir. Hoy reside en Oruro, aunque sigue viajando constantemente a su lugar de origen. “Nosotros denunciamos y terminamos denunciados”, lamenta. Según dice, acceder a la justicia es casi imposible: “Los abogados no nos quieren atender porque no podemos pagar como los mineros”.
Durante muchos años, formó parte de la Coordinadora en Defensa del Río Desaguadero, Lago Uru Uru y Poopó, que llegó a reunir a más de 80 comunidades afectadas. Sin embargo, denuncia que los esfuerzos se debilitaron con el tiempo y que los recursos destinados a la mitigación ambiental no beneficiaron a las comunidades.
Rafael señala que lograron 14 millones de euros para proteger el lago Poopó, pero no saben en qué se gastaron, pues a las comunidades no les llegó nada, afirma.
En el ámbito local, sostiene que el problema se agrava porque muchas autoridades tienen vínculos con la actividad minera. Pese a todo, María Luisa no ha dejado la lucha. Fue nombrada como defensora de su territorio en 2005 y, desde entonces, ha rechazado incluso propuestas políticas que, según afirma, buscaban silenciarla..
Su historia expone un conflicto mayor: el avance de la minería —muchas veces sin control— sobre territorios indígenas y campesinos, en un contexto de crisis ambiental y cambio climático. “Estamos destruyendo todo. Después vamos a lamentar”, advierte.
Mientras tanto, Querani se vacía. Y aunque María Luisa ya no puede vivir allí, sigue regresando. Porque, dice, la defensa de su tierra no termina, incluso cuando ya casi no queda nada.
María Luisa Rafael participó en un taller de capacitación, organizado por SEMTA, para fortalecer sus conocimientos sobre herramientas legales y mecanismos de protección, en el marco del proyecto «Mujeres por Escazú en Bolivia: defensoras indígenas y rurales por la igualdad de género y la justicia ambiental».
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