Imagen de la zona afectada. Foto: ANA Bolivia.
ANA BOLIVIA
La directora de la Autoridad Jurisdiccional Administrativo Minero (AJAM) Departamental de Oruro, Rossemary Moller, fue denunciada por la vía administrativa, por archivar un caso de minería ilegal en el área de producción de quinua dentro del predio denominado Saca Saca parcela 4, situado en el municipio de Soracachi de la provincia Cercado del departamento de Oruro.
“La presente denuncia tiene por objeto poner en conocimiento graves irregularidades en la actuación funcional de la autoridad denunciada, materializadas en la emisióndel Auto AJAM-DEP-OR/MIN-ILEGAL/AUTO/1/2026 de 24 de febrero de 2026, por el cual se dispone el archivo de una denuncia por minería ilegal, pese a la existencia de evidencia técnica, objetiva y suficiente que acredita la comisión del ilícito administrativo”, señala el memorial presentado por el abogado Jaime Cuellar, en representación de la familia Carvajal Soto.
Dicha actuación, según el jurista especializado en minería ilegal, configura un conjunto de infracciones administrativas graves, entre las que se identifican la parcialización en la valoración de la prueba, la omisión de consideración de elementos técnicos determinantes, la negativa indebida de ejercicio de funciones frente a un ilícito evidente, el incumplimiento de deberes funcionales y la vulneración de principios estructurales del procedimiento administrativo.
“Estos hechos ameritan la activación inmediata de mecanismos de control interno, investigación y determinación de responsabilidades”, indica la denuncia.
Conforme a la revisión integral se señala que el área minera denominada San Lucas, denunciada por actividad minería ilegal, se encuentra jurídicamente revertida al dominio originario del Estado, en virtud de la extinción definitiva de derechos mineros, dispuesta mediante resolución administrativa.
“A pesar de la condición jurídica plenamente consolidada, se ha verificado la existencia de actividades extractivas activas, continuas y organizadas, evidenciadas a través de la presencia de maquinaria pesada, remoción sistemática del suelo, alteración del entorno natural y delimitación georreferenciada de áreas de intervención”, señala textual el documento.
Estos elementos, según el abogado, constituyen indicadores técnicos inequívocos de explotación minera, configurando de manera plena el ilícito de minería ilegal conforme a la normativa vigente.
Sin embargo —según la denuncia—, la autoridad denunciada ha incurrido en una valoración arbitraria y fragmentaria de dicha prueba, desnaturalizando su contenido técnico mediante apreciaciones genéricas que no guardan correspondencia con la realidad fáctica acreditada. Esta conducta evidencia una grave omisión en la aplicación del principio de verdad material, afectando la integridad del procedimiento y desvirtuando la finalidad de la función administrativa, de acuerdo con la acusación.
Antecedentes
Tres copropietarias del predio denominado Saca Saca parcela 4, situado en el municipio de Soracachi de la provincia Cercado del departamento de Oruro, presentaron denuncia formal ante la AJAM el año 2025, por explotación minera ilegal en tierras agrícolas de vocación productiva de quinua.
“Dicho predio ha sido utilizado de forma continua, pacífica y lícita para fines estrictamente agroproductivos, consistentes principalmente en la siembra y producción de quinua, papa y otros cultivos agrícolas, sin que en ningún momento se haya desarrollado, autorizado o tolerado actividad minera alguna dentro de sus límites”, señala el memorial dirigido entonces a la directora de la AJAM Departamental, Felipa Moller, ahora denunciada.
En el marco de la vocación productiva agraria, y en ejercicio legítimo de sus derechos emergentes de la propiedad agraria reconocida por el Estado, es que las denunciantes, al verse gravemente afectadas por actividades mineras ilegales ejecutadas por terceros, acudieron ante la AJAM Oruro para salvaguardar la integridad del predio, el derecho de propiedad, la seguridad jurídica y el ordenamiento jurídico vigente.
“No obstante todo lo expuesto, se ha constatado que, pese a la existencia de una extinción definitiva de derechos mineros respecto del área minera denominada San Lucas, vigente y plenamente eficaz desde enero de 2021, personas determinadas y determinables, identificadas presuntamente como José PCD y Sixto R, han ejecutado actividades mineras ilícitas de explotación de áridos”, señala la denuncia.
Las referidas actividades mineras se desarrollan al interior de un predio agrario de propiedad legalmente reconocida a favor de las denunciantes, sin ostentar título minero válido, contrato de adecuación, autorización administrativa alguna, ni derecho conferido conforme la Ley 535 de Minería y Metalurgia
