En un país atravesado por ciclos de conflictividad, desigualdad y profundas brechas sociales, sostener durante cinco décadas una apuesta colectiva por los derechos humanos no es un hecho menor. Es una señal de persistencia, pero también de sentido histórico. La Red UNITAS cumple 50 años y su trayectoria invita a reflexionar sobre el papel de la sociedad civil en la construcción democrática de Bolivia.
Su origen no puede entenderse sin el contexto de la dictadura de Hugo Banzer. Nació en un tiempo en el que la defensa de los derechos era vital. En medio de la restricción de libertades, la persecución y el silenciamiento, la articulación de organizaciones de la sociedad civil fue una forma de resistencia.
Desde entonces, su misión estuvo marcada por la convicción de que la sociedad organizada puede abrir espacios, promover el desarrollo y resolver conflictos por la vía democrática. Por ello, no es casual que, a lo largo de la historia reciente, UNITAS haya estado presente en debates clave, en la articulación de propuestas y en la defensa de derechos cuando las instituciones flaqueaban, desde procesos de apertura democrática hasta coyunturas de alta conflictividad.
Desde su origen, se consolidó como un espacio de articulación entre organizaciones diversas, con presencia territorial y compromiso con las poblaciones más vulnerables. Hoy, ese entramado se expresa en 24 instituciones asociadas que trabajan en todo el país, llevando adelante programas, proyectos e iniciativas que impactan de manera directa en la vida de miles de personas, muchas veces a través del fortalecimiento de organizaciones sociales, no desde la lógica de la confrontación, sino desde la formación, la ética y el compromiso con causas concretas, ayudando a transformar demandas dispersas en agendas colectivas.
Los datos son elocuentes: solo en 2024, la Red y sus asociadas ejecutaron 151 millones de bolivianos, alcanzaron a más de 393.000 destinatarios directos y desarrollaron 166 planes, programas y proyectos. Detrás de esas cifras hay algo más que la gestión: hay presencia en territorios donde el Estado muchas veces llega tarde o no llega, hay acompañamiento a comunidades, hay defensa de derechos en contextos adversos.
Pero reducir la trayectoria de UNITAS a cifras sería insuficiente. Su aporte central radica en una visión que hoy cobra vigencia más que nunca: la apuesta por las 3D —democracia, desarrollo y derechos humanos— como pilares inseparables. En tiempos de polarización, cuando el debate público tiende a fragmentarse, esta mirada integral recuerda que no hay desarrollo sin derechos, ni democracia sostenible sin inclusión.
La democracia, en este enfoque, no se limita al acto electoral. Se construye en la participación cotidiana, en el control social, en la vigilancia ciudadana y en la capacidad de incidir en las decisiones públicas.
El desarrollo, por su parte, no se entiende como crecimiento económico aislado, sino como la posibilidad real de mejorar condiciones de vida, reducir desigualdades y ampliar oportunidades. Y los derechos humanos no son una consigna abstracta, sino una práctica concreta que atraviesa cada acción, desde el acceso a servicios básicos hasta la defensa de poblaciones en situación de vulnerabilidad.
En ese entramado, las 24 asociadas de UNITAS no son solo ejecutoras de proyectos. Son actores territoriales que traducen estos principios en acciones concretas, adaptadas a realidades diversas: áreas rurales, ciudades capitales e intermedias, contextos indígenas, juventudes, mujeres. Esa diversidad es, al mismo tiempo, una fortaleza y un desafío, porque implica sostener una agenda común en un país profundamente heterogéneo.
A lo largo de estos 50 años, la sociedad civil ha sido, muchas veces, un contrapeso frente a decisiones estatales, pero también un aliado estratégico en la implementación de políticas públicas, con una doble dimensión: crítica y propositiva.
Sin embargo, este recorrido no estuvo ni está exento de tensiones. En distintos momentos, el trabajo de la sociedad civil ha sido mirado con sospecha, reducido a intereses externos o incomprendido en su rol. Esa lectura no solo es simplista, sino peligrosa. Debilitar a la sociedad civil organizada es debilitar uno de los pocos espacios que han logrado sostener continuidad en medio de la inestabilidad.
Hoy, cuando la desconfianza institucional sigue siendo un rasgo persistente, el aporte de redes como UNITAS adquiere una dimensión estratégica. No solo por su capacidad de ejecución, sino por su rol como puente entre ciudadanía y Estado, como espacio de articulación y como generador de evidencia y propuestas.
Si algo ha demostrado la historia de UNITAS es que la sociedad civil organizada no es un actor secundario. Es, muchas veces, el hilo que sostiene el tejido democrático cuando este se tensiona.
