Marcha en defensa de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía.
Agencia de Noticias Ambientales – ANA
Pactos económicos entre Petrobras Bolivia S.A y un comité de la comunidad de Saicán permitieron la emisión de la licencia ambiental para dar curso a las actividades de exploración hidrocarburífera en el pozo DOMO OSO-X3, ubicado en el área de contrato San Telmo Norte, el cual atraviesa a la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía en el departamento de Tarija. El hecho pondría en evidencia que no hubo una consulta previa, libre e informada de buena fe a las comunidades afectadas.
El acuerdo de entendimiento que data del 22 de octubre de 2023, puesto a la luz pública, da cuenta de que la empresa Petrobras negoció la licencia ambiental para el pozo Domo Oso X3 con un grupo de comunarios de Saicán, a espaldas de las otras comunidades afectadas por la actividad petrolera.
“La comunidad manifiesta su conformidad para que Petrobras, a partir del 1 de noviembre de 2023 pueda ingresar a efectuar los trabajos de relevamiento de datos citados en la cláusula 2.1 anterior, para la obtención de la respectiva Licencia Ambiental, Plan de Desmonte y elaboración de Ingeniería Básica del Proyecto, así como otros estudios relacionados”, señala textual el documento.
El documento añade que el ingreso considerará las alternativas propuestas por la comunidad, sin embargo, “la decisión final del camino estará sujeta a los resultados del Estudio Técnico de Ingeniería que será efectuado y presentado por Petrobras”.
Por su parte, Petrobras tenía presupuestado para la gestión 2024 la suma total de 400 mil bolivianos y una suma similar para la gestión 2025, que serían destinados para la realización de proyectos sociales en favor de la comunidad, presupuesto que se efectivizará siempre y cuando se emita la respectiva Licencia Ambiental del Proyecto y además se inicien los trabajos de construcción del Proyecto Perforación del Pozo Exploratorio DMO X-3.
De ese modo, Petrobras condicionó la entrega del segundo monto, que debería enfocarse en proyectos de beneficio comunal que defina la comunidad en su conjunto en función de las necesidades identificadas.
“La suma considerada será entregada exclusivamente para el pago de proyectos de apoyo comunitario que previamente hayan sido presentados por la comunidad y aprobados por Petrobras a su exclusivo criterio. Los desembolsos estarán condicionados a la efectiva implementación de cada proyecto, conforme términos que serán definidos y acordados en futuros convenios complementarios a este, siendo que los montos podrán ser entregadas en cuentas bancarias de la comunidad o de sus contratistas, conforme orientación de la comunidad”, se lee.
El acuerdo de entendimiento firmado por parte del Comité de Coordinación de Saicán fue suscrito por Shirley Aguilera, secretaria general; Lainman Aguilera, corregidor; Cristina Garzón, presidenta; Jaime Aguilera; vicepresidenta y Elías Meriles, tesorero.
Por el lado de Petrobras Bolivia SA, firmaron el acuerdo André Bitar Santa Rosa, en su calidad de representante legal de la petrolera y Nicole Fehse Nieme, abogada.
En la segunda cláusula de dicho acuerdo se señala que, en el marco del Contrato de Servicios Petroleros para la Exploración y Explotación del Área de San Telmo Norte, suscrito entre YPFB y Petrobras, aprobado mediante Ley 1049 del 7 de abril de 2018, Petrobras como operador requiere realizar actividades de relevamiento de datos para la obtención de la respectiva Licencia Ambiental, Plan de Desmonte, así como la elaboración de la Ingeniería Básica del proyecto: Perforación del Pozo Exploratorio DMO-X3 y otros estudios relacionados.
También se establece que para la realización de las actividades citadas en la cláusula 2.1 anterior, Petrobras requiere ingresar dentro del área de la comunidad, de manera tal que pueda desarrollarse normalmente el proyecto, ya sea que sean ejecutadas directamente por ella, sus accionistas afiliadas, contratistas, subcontratistas o por quien Petrobras designe.
“Para que no negocien las licencias ambientales”
El presidente Rodrigo Paz ha señalado el 18 de marzo “Queremos relanzar una relación con una empresa tan importante como esta…”. Se espera que esta nueva relación se respete las Áreas Protegidas, a las organizaciones indígenas y campesinas, así como las leyes, para que no se negocien licencias ambientales.
Petrobras, con el aval del Estado boliviano, reduce el rol y la participación de las comunidades potencialmente afectadas por las actividades exploratorias en Domo Oso X3 y todo el bloque San Telmo Norte, a un denominado “comité”, el cual es a partir de ahora el único interlocutor válido y reconocido por Petrobras, marginando a la organización de las comunidades en el cantón Chiquiacá y peor aún a las del cantón Tariquía.
Petrobras Bolivia SA —una sociedad constituida bajo las leyes de Bolivia, inscrita en el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio de Bolivia (Seprec) bajo la matrícula 1028173027 con NIT 1028173027, legalmente representada por su gerente general, André Bitar Santa Rosa— se acredita por el Testimonio de Poder 801/2023, otorgado en fecha 27/09/2023 ante el Notario de Fe Pública No 12 de Distrito Judicial de Santa Cruz a cargo de la Dra. Claudia Heredia de Suárez con domicilio en la Av. Gral. Libertador José de San Martín No 1700, edificio Centro Empresarial Equipetrol, 2do piso, zona Equipetrol Norte de la ciudad de Santa Cruz.
Se establece además que, para futuras gestiones se tendrán reuniones de coordinación y definirá un apoyo en base al desarrollo del proyecto. Adicionalmente las partes convienen que: la contratación para la ejecución y construcción del Proyecto, dará prioridad al personal que proponga el Comité a ser designado por la comunidad, desde que los mismos cumplan con los requisitos requeridos para los respectivos cargos o puestos.
No solo eso, también se anticipa que, las áreas de los campamentos serán ubicadas en coordinación de Petrobras con el Comité designado por la comunidad Saicán, siempre y cuando cumplan la normativa y factibilidad técnica.
Durante el desarrollo del proyecto se gestionarán planes de capacitación a favor de los miembros de la comunidad, en coordinación con el Comité a ser designado por la comunidad.
Las partes convienen que la contratación para la ejecución y construcción del Proyecto, dará prioridad al personal que proponga el Comité a ser designado por la comunidad, desde que los mismos cumplan con los requisitos requeridos para los respectivos cargos o puestos.
Criminalización a defensores
Desde el 2024, las empresas petroleras han iniciado procesos penales; es decir, la criminalización a defensoras o defensores que defienden la reserva natural. Desde el año 2025 se han radicalizado las presiones y acoso por parte de Petrobras, YPFB y el gobierno boliviano.
El caso de Tariquía ha llegado hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como un hecho de criminalización a defensores, y a pesar de las recomendaciones dadas al Estado boliviano y la posición de la Defensoría del Pueblo, desde las instancias judiciales se ha insistido en mantener abiertos los procesos penales en contra de comunarios y cívicos que se oponen a la actividad petrolera que afectará los ojos de agua, ríos y vertientes vitales no solo para la zona de influencia, sino también para la propia ciudad de Tarija.
Versión oficial de YPFB
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó que el Tribunal Agroambiental logró constatar que el pozo exploratorio Domo Oso-X3 se encuentra ubicado fuera de los límites de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquia, pero no mencionó los impactos que generaría la actividad petrolera prevista.
En una nota de prensa, la empresa estatal sostiene que la autoridad judicial logró constatar la ubicación proyectada de la planchada de pozo, verificando que ésta se encuentra fuera de los límites de la reserva, ubicada en el departamento de Tarija.
Sin embargo, puntualizó que YPFB, la inspección judicial realizada en el área, se llevó a cabo de manera parcial. Durante la inspección, no fue posible verificar el camino de acceso al proyecto, debido a que actualmente no existe una vía abierta, ya que no se han iniciado actividades operativas en la zona.
