Kerana de Santa Cruz Saucedo Flores. Foto: Sumando Voces
Llegar a los 50 años debería ser sinónimo de estabilidad. Pero para muchas mujeres trans en Bolivia, esa etapa está marcada por la incertidumbre. Sin acceso histórico a educación, empleo formal ni créditos, el futuro se vuelve una pregunta abierta: ¿de qué vivir?
Esa es la preocupación que plantea Kerana de Santa Cruz Saucedo Flores, presidenta de la población trans en Santa Cruz, quien advierte que gran parte de este sector enfrenta una vida atravesada por la exclusión desde edades tempranas, lo que repercute directamente en su vejez.
“Muchas salen de sus casas a los 13, 14 o 15 años por la violencia. Desde ahí ya empiezan a sobrevivir, no a vivir”, explica. Sin apoyo familiar ni acceso a estudios, las oportunidades laborales se reducen casi por completo.
En ese contexto, muchas mujeres trans terminan en trabajos informales, en condiciones precarias o en el trabajo sexual, no como una elección, sino como una de las pocas alternativas disponibles. Sin embargo, esa misma realidad luego es motivo de estigmatización. “La sociedad juzga, pero también es la que consume esos servicios”, cuestiona.
El problema se arrastra con los años. Al no haber tenido empleos formales, muchas mujeres trans no acceden a beneficios sociales, jubilación ni posibilidad de ahorro. Tampoco logran acceder a créditos para emprender, debido a la falta de garantías económicas.
Saucedo señala que, incluso cuando intentan iniciar un negocio, las barreras son altas. “Los bancos te piden requisitos que no puedes cumplir. Entonces todo se hace con esfuerzo propio”, afirma.
Ella misma logró establecer un salón de belleza tras varios años de trabajo, el cual hoy funciona dentro de un centro comunitario en Santa Cruz. Desde ahí, también impulsa oportunidades para otras mujeres trans, generando espacios laborales en áreas como la estética y la preparación de alimentos.
Pero reconoce que no todas corren la misma suerte. “No todas llegan a tener un negocio o un ingreso estable. Muchas siguen en la calle, sobreviviendo como pueden”, dice. A esto se suma el acceso limitado a la salud. Aunque existe el sistema público, Saucedo advierte que es insuficiente para cubrir las necesidades reales.
Frente a este panorama, la dirigente insiste en la necesidad de políticas públicas que garanticen inclusión real, acceso a educación, empleo y servicios básicos. Advierte que, sin estas medidas, la situación de las mujeres trans mayores seguirá siendo crítica.
“Somos personas, tenemos capacidades. Pero si no nos dan oportunidades, ¿cómo vamos a construir un futuro?”, cuestiona.
Mientras tanto, la pregunta sigue vigente para muchas: cómo sostener la vida cuando el tiempo avanza, pero las oportunidades nunca llegaron.
Muro financiero para la población LGBTIQ+
Para las mujeres lesbianas o trans que forman parte de la población LGBTIQ+, el muro financiero es aún más alto. El estudio
«Alli Cullqi: Derechos Económicos de las Mujeres Diversas en Bolivia«, de la Coordinadora de la Mujer, revela que el 56,3% de las mujeres «diversas» sin fuente laboral identifica su identidad de género u orientación sexual como un impedimento directo para solicitar un crédito. Además, el sistema financiero es percibido como un espacio diseñado exclusivamente para modelos de «familia tradicional», excluyendo a parejas del mismo sexo que desean solicitar créditos conjuntos. Se reporta que el 72,7% de estas mujeres ha sufrido discriminación en procesos económicos y laborales, lo que les genera una profunda desconfianza hacia las instituciones.
En el caso de las mujeres trans, la brecha salarial es dramática, ya que perciben ingresos cercanos a los 1.700 bolivianos, frente a los 4.500 bolivianos de profesionales en puestos comparables. «Más del 35% de las personas con diversa orientación sexual e identidad de género percibe ingresos mensuales inferiores a 1.000 bolivianos», establece la investigación.
El estudio apunta una doble falla del Estado: la ineficiencia para garantizar derechos económicos generales y una «ceguera» ante las realidades de la diversidad. Frente a ello, el 75% de mujeres diversas no confía en la respuesta estatal frente a la desigualdad económica y el 78,9% considera que la justicia no responde ante casos de discriminación laboral.
La carencia de activos fijos es el principal freno técnico. Según las encuestas nacionales del informe, el 74,3% de las mujeres diversas emprendedoras y el 65,2% de las mujeres heterosexuales en situación de desempleo no cuentan con bienes inmuebles que puedan servir como garantía hipotecaria. Esta falta de patrimonio las mantiene atrapadas en un ciclo de baja productividad, donde no pueden tecnificar sus negocios ni acceder a mercados más competitivos.
Ante esta realidad, la Coordinadora de la Mujer urge al Estado a implementar un Programa Nacional de Financiamiento Diferenciado. Esta propuesta busca que la banca formal acepte garantías flexibles no patrimoniales, como el aval comunitario o el historial comercial, y ofrezca tasas subsidiadas. Asimismo, se recomienda que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) regule explícitamente las prácticas discriminatorias para garantizar que el acceso al capital sea un derecho efectivo y no un privilegio limitado por el género o la identidad.
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