Imagen del 16 de mayo de 2026 de manifestantes participando en una protesta para exigir la renuncia del presidente boliviano, Rodrigo Paz Pereira, en la ciudad de El Alto, Bolivia. (Xinhua/Javier Mamani) Diario del Pueblo
La prolongada conflictividad que atraviesa Bolivia, marcada por bloqueos de caminos, desabastecimiento de alimentos y combustible, incremento de precios y una creciente tensión política, ha puesto sobre la mesa la necesidad de abrir canales efectivos de diálogo. Especialistas consultados sugieren que autoridades regionales como alcaldes y gobernadores asuman una participación más activa para actuar como mediadores en el conflicto entre el Gobierno y los sectores movilizados.
«Yo creo que la iniciativa es fungir como intermediarios», dijo el politólogo Marcelo Silva al referirse a los alcaldes y gobernadores de los departamentos directamente afectados, como La Paz y Oruro. «Estas instancias, que hoy están quietas y calladas, deberían jugar un papel de pacificación y de mediación en el conflicto. Creo que ese debería ser su rol», enfatizó el especialista en contacto con Sumando Voces. Añadió que, en otros departamentos donde la conflictividad es menor, como Santa Cruz, las autoridades pueden contribuir promoviendo llamados al diálogo y posiciones más reflexivas que ayuden a reducir la tensión.
Una mirada similar tiene la socióloga e investigadora María Teresa Zegada, quien reconoce que los gobiernos departamentales y municipales no están obligados legalmente a intervenir en conflictos de esta naturaleza, pero sostiene que la gravedad de la situación les impone una responsabilidad moral. “Las autoridades subnacionales deben velar por el bienestar de su población”, afirmó a Sumando Voces, al recordar que las consecuencias de los bloqueos se sienten en todas las regiones mediante la escasez de productos, el aumento de precios y las dificultades para comercializar mercancías.
Hoy se cumplen 30 días desde que iniciaron los bloqueos en contra del Gobierno de Rodrigo Paz. Antes de ello, las razones de las protestas se fundamentaban en la escasez de combustible, la gasolina «basura», la falta de ítems para los maestros, el incremento salarial, entre otros pedidos. No obstante, después, la demanda de la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores movilizados afines al expresidente Evo Morales se resumió a un solo punto: la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Según la Defensoría del Pueblo, la conflictividad de mayo dejó siete personas fallecidas. De ellas, cuatro (entre ellas un niño de 12 años) murieron debido a que los bloqueos impidieron o dificultaron el acceso oportuno a atención médica, mientras que un joven de 23 años perdió la vida por un impacto de bala durante los enfrentamientos registrados en un operativo para habilitar un corredor humanitario.
Algunos obstáculos
El experto Marcelo Silva considera que, en el actual escenario, existe una ausencia de actores institucionales con capacidad real de mediar, especialmente en el departamento de La Paz, una de las regiones más golpeadas por las protestas. A su juicio, tanto la Alcaldía paceña como la Gobernación enfrentan limitaciones políticas que han reducido su margen de acción para asumir un rol articulador entre las partes enfrentadas.
Según Silva, el alcalde de La Paz enfrenta el desafío de no romper los vínculos políticos que mantuvo con sectores sociales afines durante la campaña electoral, mientras que el gobernador paceño carecería de la legitimidad política necesaria para convertirse en un interlocutor aceptado por todos los actores. Incluso, sostuvo que algunos sectores movilizados podrían percibir a la autoridad departamental como parte del conflicto y no como un mediador imparcial.
«El Gobernador sí está impedido de hacerlo porque es un gobernador que, si bien es cierto tiene una legitimidad jurídica, la legitimidad política no la tiene. Es más, podría interpretarse en algún momento que el Gobernador de La Paz es parte del conflicto», puntualizó.
Esa situación, explicó, ha generado un vacío que está siendo ocupado por otros actores. El vicepresidente del Estado, organizaciones de derechos humanos y la Iglesia Católica han intentado promover acercamientos, aunque hasta ahora sin resultados concretos. En criterio del especialista, instancias como la Asamblea de la Paceñidad o los concejos municipales podrían asumir una función más activa en la búsqueda de consensos y mecanismos de pacificación.
Para Silva, la aparente ausencia de varias autoridades subnacionales no responde necesariamente a una actitud de indiferencia, sino a un cálculo político. Recordó que gobernadores y alcaldes llevan pocas semanas en funciones y se encuentran en una etapa de consolidación de liderazgo y acumulación de respaldo ciudadano. En ese contexto, considera que muchos optan por mantenerse al margen para evitar costos políticos asociados a una eventual toma de posición en un conflicto altamente polarizado.
En esa misma línea, la académica María Teresa Zegada atribuye parte de la pasividad observada a que las nuevas autoridades subnacionales «aún se encuentran organizando sus gestiones» y, además, muchas de ellas no tienen afinidad política con el Gobierno nacional, lo que reduce los incentivos partidarios para involucrarse en la búsqueda de soluciones.
Pese a ello, insiste en que la estabilidad democrática exige una participación más decidida de los líderes regionales. Desde su perspectiva, las autoridades electas tienen la responsabilidad de contribuir a la pacificación del país mediante convocatorias al diálogo, reuniones con sectores en conflicto y acciones orientadas a reducir la confrontación.
Marcelo Silva sostiene que la clave para superar el bloqueo político radica en establecer conversaciones sin condiciones previas. “El diálogo tiene que ser sin condiciones”, afirmó, al señalar que las negociaciones reales no se desarrollan frente a los medios de comunicación, sino mediante contactos reservados y operadores políticos capaces de generar confianza entre las partes. A su juicio, insistir en requisitos previos o en discursos públicos de confrontación solo profundiza la distancia entre los actores enfrentados.
En medio de un escenario cada vez más complejo, ambos especialistas coinciden en un punto central: mientras no existan puentes de comunicación efectivos y una voluntad genuina de diálogo sin condiciones, las posibilidades de resolver el conflicto seguirán siendo reducidas. La mediación de autoridades regionales, instituciones de la sociedad civil y actores con capacidad de generar confianza aparece, así, como una de las pocas rutas posibles para evitar una mayor profundización de la crisis.
Los pedidos de Oruro y Potosí
Instituciones cívicas, empresariales y sectores de la sociedad civil de Oruro emitieron el 29 de mayo un pronunciamiento titulado «Por la dignidad de Oruro y la defensa de la democracia boliviana», mediante el cual exigen al gobernador Edgar Sánchez, y al alcalde Iván Quispe, pronunciarse públicamente frente a la crisis política, económica y social que vive el país, especialmente La Paz y Oruro.
Las entidades firmantes demandan a ambas autoridades «abandonar la pasividad institucional» y que asuman una postura firme en defensa del orden constitucional y la estabilidad democrática. Piden la ejecución inmediata de planes de contingencia que garanticen el libre tránsito, el abastecimiento de la canasta familiar y el normal desarrollo de las actividades productivas en el municipio y el departamento.
“Señor Alcalde, señor Gobernador: la historia y el pueblo de Oruro los están observando. La neutralidad en momentos de crisis nacional no es prudencia, es abandono”. Este llamado exhorta a los líderes a defender la paz social, la democracia y los intereses del departamento, reportó La Patria.
En Potosí, la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin) demandó la habilitación de un corredor humanitario para atender a los transportistas que permanecen retenidos en las carreteras a causa de los bloqueos. El presidente de la organización, Óscar Chavarría, informó en radio Fides que el pedido fue planteado en coordinación con la Alcaldía de Potosí, ante la preocupación por la situación de los choferes que enfrentan escasez de alimentos, medicamentos y otros insumos básicos.
El dirigente advirtió que los efectos de la protesta también alcanzan al sector minero, que reporta dificultades para acceder a diésel y materiales necesarios para sus operaciones. Según explicó, la paralización de las rutas afecta tanto a las cooperativas como a las familias que dependen de esta actividad económica en el departamento.
Ante este panorama, la Fedecomin anunció que buscará coordinar acciones con autoridades e instituciones locales para gestionar ayuda y dialogar con los sectores movilizados. Chavarría instó a priorizar criterios humanitarios y permitir el paso de asistencia a las personas afectadas mientras persiste el conflicto.
