La libertad de expresión y de prensa en las Américas registró un preocupante retroceso, de acuerdo con el más reciente Índice Chapultepec, elaborado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). En el caso de Bolivia, el estudio alerta que hasta antes de la salida de Luis Arce del poder, el país se encontraba en la categoría de “alta restricción”, lo que refleja un entorno adverso para el ejercicio del periodismo y el acceso a la información.
Indicadores en Bolivia
El indicador de alta restricción significa un deterioro significativo de la libertad de expresión y prensa. «Bajo el gobierno de Luis Arce, la sostenibilidad de los medios ha padecido la discriminación en las pautas publicitarias, la fiscalización y sanciones tributarias —como represalia a las críticas— y el lenguaje de estigmatización a la prensa independiente, a veces agredida en las calles por simpatizantes del gobierno, que actúan bajo un clima de impunidad», se lee en el documento
Según el informe presentado este 10 de marzo y disponible en este enlace, el país tiene una puntuación de 37,12 sobre un máximo de 100, lo que significó un alza leve respecto de la medición anterior, «sin que ello signifique un cambio en la franja en la cual se encuentra desde la medición pasada». La actual valoración se hizo sobre el periodo comprendido entre el 2 de noviembre de 2024 y el 1 de noviembre de 2025, es decir en momentos en que Arce aún gobernaba Bolivia.
De acuerdo con los jueces, el Poder Ejecutivo es el que tiene mayor influencia en las situaciones adversas a las libertades de expresión y de prensa, en grado de «influencia fuerte». En cuanto al Poder Legislativo, el reporte hace nota que este ha «engavetado algunos proyectos» como el de la Ley de Acceso a la Información Pública y ha estudiado un proyecto de ley para brindar mecanismos de protección a los comunicadores, que ha sido motivo de críticas por parte de los gremios periodísticos por establecer controles sobre los profesionales de la comunicación.
Sobre el Poder Judicial hace notar que «ha estado al servicio de denuncias contra periodistas, por publicaciones contrarias a autoridades locales o a grupos de poder económico».
Cita como ejemplo los casos de Yolanda Barrientos, en Sucre, y Roberto Puma, en Tarija. Pero además, la suspensión del juicio y la liberación bajo medidas cautelares de los implicados en el caso denominado “Las Londras”, incidente de 2021 en el cual periodistas fueron secuestrados y torturados, sin que haya castigo para los responsables. Asimismo, recuerda que periodistas de investigación han denunciado ser víctimas de ciberacoso, mediante la creación de cuentas falsas que emprenden campañas de desprestigio y amenazas.
Un dato también importante es que la vulnerabilidad económica de los periodistas, producto de la precarización del trabajo periodístico, también provoca autocensura.
Sobre la región
El informe regional, que evalúa la situación del periodismo en 23 países del continente, señala que el promedio general alcanzó 47,13 puntos sobre 100, el nivel más bajo desde que se realiza esta medición.
“La tendencia regional muestra un deterioro preocupante en las condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión”, advierte el reporte del Índice Chapultepec, que evalúa factores como el acceso a la información, la actuación del Estado frente a la violencia contra periodistas y el nivel de presión o control sobre los medios.
El período analizado se consolida como uno de los más difíciles para el ejercicio del periodismo en la región, marcado por homicidios, detenciones arbitrarias, procesos judiciales y exilios forzados que afectan a periodistas desde México y Centroamérica hasta varios países del Cono Sur.
Entre los mecanismos más frecuentes de restricción figuran la criminalización del periodismo independiente, el uso de discursos estigmatizantes contra la prensa y diversas formas de asfixia económica deliberada contra medios críticos.
Durante la presentación del informe, la presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Martha Ramos, alertó sobre un creciente discurso que busca desacreditar el trabajo periodístico.
“Se han intensificado narrativas que presentan a la prensa como un enemigo, lo que debilita el derecho de la sociedad a estar informada”, señaló.
León Hernández, coordinador académico del índice e investigador de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), presentó los resultados elaborados a partir de la evaluación de 195 expertos sobre libertad de expresión en 23 países. Entre los hallazgos más relevantes destacan:
• Liderazgo precario: República Dominicana se mantiene en el primer lugar con 82,17 puntos, siendo la única nación ubicada en la categoría “Con Libertad de Expresión”. Sin embargo, Hernández advirtió sobre la presencia de una “mordaza sigilosa”, caracterizada por el uso discrecional de la publicidad oficial y por la vulnerabilidad económica que afecta a numerosos medios de comunicación.
• Caídas alarmantes: Estados Unidos registró el descenso más pronunciado del índice al perder 22,65 puntos, pasando del cuarto al undécimo lugar. El informe atribuye este retroceso a un entorno marcado por la retórica hostil hacia la prensa durante el gobierno del presidente Donald Trump, la eliminación de ciertas salvaguardas institucionales y episodios de agresiones contra periodistas durante coberturas informativas.
• La franja roja: Venezuela (7,02 puntos) y Nicaragua (18,22 puntos) continúan ubicándose en la categoría “Sin Libertad de Expresión”. En el caso venezolano, la SIP denunció la consolidación de una estructura sistemática de censura que ha derivado en el cierre de más de 400 emisoras de radio y en la detención de 25 periodistas tras los acontecimientos electorales de 2024.
El caso de El Salvador. Sergio Arauz, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), profundizó en la situación de su país, que se ubica junto a Cuba, Venezuela y Nicaragua en los niveles más críticos del índice.
Arauz denunció una “escalada represiva” en el contexto del régimen de excepción impulsado por el gobierno de Nayib Bukele. Según explicó, el uso de la Ley de Agentes Extranjeros, sumado al hostigamiento judicial contra medios y periodistas, ha obligado al exilio a alrededor de cincuenta periodistas salvadoreños en el último año.
“No hay posibilidades de ejercer el periodismo plenamente sin enfrentar consecuencias cuando existe un Poder Ejecutivo con facultades prácticamente ilimitadas y sin controles efectivos”, afirmó Arauz, subjefe de redacción de El Faro, cuya redacción opera actualmente desde el exterior. Además, alertó sobre el crecimiento de la autocensura entre la población salvadoreña, impulsada por el temor a represalias.
