Para julio de 2025, la población penitenciaria llegó a 33.058 internos. Foto: Red UNO.
El Consejo de la Magistratura lanzó el “Plan Integral de Control, Transparencia y Descongestionamiento con Perspectiva de Género en Recintos Penitenciarios”, una iniciativa que busca descongestionar las cárceles, reducir la retardación de justicia, agilizar los procesos judiciales y mejorar el acceso a la justicia para sectores vulnerables del país.
La iniciativa contempla el despliegue mensual de brigadas móviles interinstitucionales en los centros penitenciarios de los nueve distritos judiciales, integradas por personal del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) y de la Unidad de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura.
Este viernes 6 de marzo, las primeras brigadas comenzaron su labor en los centros penitenciarios femeninos de Miraflores y Obrajes, en La Paz, donde se prevé la emisión gratuita de aproximadamente 316 certificados del Rejap y Cenvi para personas privadas de libertad, informó la agencia ABI.
El plan también incluye auditorías jurídicas y el mecanismo “Despacho Puertas Abiertas”, destinado a intervenir en causas judiciales paralizadas, especialmente aquellas relacionadas con violencia de género.
De acuerdo con información publicada por el diario El Deber, la población penitenciaria llegó a 33.058 internos a julio de 2025, lo que implica un hacinamiento superior al 105 % a nivel nacional.
“Anunciamos una medida estructural para saldar una deuda histórica de nuestro Estado: garantizar una justicia pronta para las poblaciones más vulnerables”, afirmó la representante Distrital del Consejo de la Magistratura en La Paz, Gabriela Araoz.
Araoz señaló que la intervención permitirá revisar procesos judiciales y priorizar casos de mujeres en situación de vulnerabilidad, como madres cabeza de hogar, embarazadas, adultas mayores o personas con enfermedades graves.
“El Consejo de la Magistratura aplicará una política de cero tolerancia a la retardación de justicia para identificar posibles responsabilidades de autoridades o servidores judiciales que retrasen los procesos de manera injustificada”, enfatizó.
Con esta estrategia, el Órgano Judicial busca fortalecer la confianza ciudadana en el sistema judicial, garantizar justicia oportuna y reducir la mora procesal en el país.
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