La familia de Julio Lero en La Paz. Foto: Sumando Voces
La audiencia de inicio de juicio contra el indígena tsimane Julio Lero Sánchez, acusado de la muerte del también indígena Francisco Marupa, fue suspendida este viernes debido a un error en el registro de su nombre, lo que impidió su traslado del Penal de San Pedro al Juzgado. La audiencia fue reprogramada para el 16 de marzo, a las 11 de la mañana.
«(La audiencia) se ha suspendido porque el personal de apoyo del Tribunal se ha confundido o no ha hecho las diligencias correspondientes, porque el señor Julio Lero Sánchez —actual acusado— está registrado en el Ministerio (Púbico) como Julio Lero Tayo, siendo el verdadero (nombre) Julio Lero Sánchez. Nosotros hemos corregido eso a tiempo el año pasado, pero no ha sido considerado», explicó a Sumando Voces el jurista Gabriel Quiroga Vargas, abogado de Julio Lero.
La defensa aseguró que la observación fue advertida y corregida oportunamente el año pasado; sin embargo, la información no fue actualizada adecuadamente en los registros que utiliza el personal encargado de realizar los traslados.
Defensa cuestiona la investigación
El abogado de Lero sostuvo que, durante el juicio, buscará demostrar la inocencia de su defendido utilizando las inconsistencias de las pruebas presentadas por la Fiscalía. «Vamos a demostrar que Julio Lero Sánchez es inocente con las propias pruebas del Ministerio Público, porque no son consistentes para demostrar su responsabilidad (en el crimen)», señaló.
La defensa cuestionó la ausencia de evidencia material que sustente las versiones de los testigos. Según el abogado, en el proceso se mencionan objetos que supuestamente fueron encontrados para incriminar al acusado —como víveres, una radio, parlantes o un machete—, pero estos no fueron secuestrados ni incorporados formalmente como evidencia.
También mencionó contradicciones en las versiones de los testigos, quienes señalaron a distintas personas como autores intelectuales del crimen. “Un testigo dice que Lero fue enviado por una persona identificada como Ocampo; otro habla de un tal Baldivieso. Son versiones contradictorias; otros dicen que en el crimen participó el hermanito de Lero”, cuestionó.
Asimismo, señaló inconsistencias sobre el lugar donde se habría encontrado una carretilla relacionada con el caso, que en algunos registros aparece como hallada cerca de la vivienda de la víctima y en otros como recuperada en la casa del denunciante.
El abogado defensor también apuntó sus sospechas hacia Daniel A. —yerno de la víctima y testigo clave en el proceso—, a quien considera un posible responsable del hecho debido a contradicciones en su versión sobre lo ocurrido. Según explicó, en una de sus declaraciones el hombre afirmó que al regresar de su platanal observó manchas de sangre en la puerta de la vivienda de la víctima, lo que lo llevó a ingresar al cuarto y posteriormente salir a buscarlo junto con sus trabajadores.
Sin embargo, la defensa sostiene que en otra versión el mismo testigo relató que primero fue a su platanal y recién al retornar decidió ir a saludar a la víctima, momento en el que habría advertido las manchas de sangre. Para el abogado, estas diferencias en el relato generan dudas sobre su testimonio y sugieren que habría tenido el tiempo suficiente para planificar el hecho antes de reportar la desaparición.
Cuestionamientos sobre la fecha del hecho
Otra observación planteada por la defensa se refiere a la fecha de la muerte de la víctima. Según el abogado, mientras algunos testimonios sostienen que el hecho ocurrió el 12 de febrero, el certificado de defunción señala el 11 de febrero.
La defensa sostiene que incluso existen testigos que ubican al acusado (Julio Lero) en otro lugar la noche de esa fecha. “Tenemos testigos que indican que el 11 de febrero, en la noche, él estaba en una iglesia orando”, afirmó el abogado. Esta afirmación también fue señalada por el pastor de la iglesia de la zona, de acuerdo con un video de ANF.
Hasta el juzgado llegaron la madre de Julio Lero y sus dos hermanos, uno de ellos menor de edad. Con escasos recursos y bajo las inclemencias del tiempo, esperaron el desarrollo de una audiencia que finalmente fue suspendida, mientras la justicia corrige errores administrativos en el proceso y el Ministerio Público mantiene su pedido de 30 años de cárcel.
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