La familia de Julio Lero en inmediaciones del penal de San Pedro de La Paz, donde permanece recluido.
Este viernes 6 de marzo de 2026 se da inicio al juicio oral abierto contra el joven indígena tsimane Julio Lero Sánchez, de 25 años, acusado del asesinato del indígena leco Francisco Marupa, de 66 años, en el Parque Nacional Madidi. Lero fue detenido en febrero de 2025 tras la muerte de Marupa, quien fue hallado sin vida en su platanal en la zona de Torewa, al norte del departamento de La Paz.
Desde entonces, el caso ha generado debate por la forma en que se condujo la investigación y por las dudas sobre las evidencias que sostienen la acusación. Hoy, el Ministerio Público buscará que la autoridad judicial castigue al procesado con 30 años de presidio.
La familia de Lero arribó a La Paz en las últimas horas. Su madre, su padre y sus hermanos defienden su inocencia y piden que el proceso no se contamine.
Organizaciones indígenas, de la sociedad civil e investigaciones periodísticas han puesto en evidencia un conjunto de inconsistencias, debilidades y observaciones al proceso —las cuales se detallan a continuación—, pero la coincidencia es que tanto el procesado como la víctima merecen un juicio justo. En esa misma línea, la Defensoría del Pueblo pidió un enfoque plural para el desarrollo del proceso, considerando las particularidades culturales del acusado.
1. Supuesta confesión del acusado
Entre las principales observaciones figura la supuesta confesión del acusado, considerada el principal elemento en su contra. Según los antecedentes del caso, no existe un registro, documento o grabación formal que confirme esa confesión. El interrogatorio fue realizado inicialmente por comunarios y no por autoridades, sin la presencia de un abogado defensor ni de un traductor, pese a que el joven tiene un manejo limitado del castellano. Además, los documentos fueron firmados con su huella dactilar y su nombre fue escrito por terceros, incluso con errores en su identificación.
2. Inconsistencias con la causa de muerte
Otra de las inconsistencias señaladas tiene que ver con la causa de la muerte. En su supuesto testimonio, Lero habría dicho que mató a la víctima “con cuchillo y flecha”. Sin embargo, la autopsia médico legal determinó que Marupa falleció a causa de un golpe contundente en la cabeza (traumatismo craneoencefálico grave y shock hipovolémico), sin rastros de heridas de arma blanca ni de flechas.
«La conclusión médico legal establece una muerte violenta por la existencia de heridas contusas cortantes en la región temporal parietal, como lo establece el Protocolo de Autopsia Médico Legal emitido por el Dr. Humberto Salinas Viscarra, médico forense del Instituto de Investigaciones Forenses», señala el cuaderno de investigación.
También circularon versiones públicas, en redes sociales, que hablaban de machetazos o disparos, lo que no coincide con el informe forense.
3. Evidencias materiales
El caso también presenta debilidades en las evidencias materiales. La Fiscalía sostiene que en la embarcación del acusado se hallaron pertenencias de la víctima, pero no se realizaron peritajes para confirmar que esos objetos le pertenecían realmente.
4. No encontraron el arma
Tampoco se encontró el arma homicida ni se analizaron algunos elementos hallados cerca del cuerpo, como una carretilla. La Fiscalía sostiene que Lero trasladó el cuerpo en una carretilla con la intención de ocultarlo, pero que lo abandonó debido a las dificultades para desplazarse por el terreno.
5. Ausencia de pruebas científicas
A ello se suma la ausencia de pruebas científicas consideradas clave en investigaciones de este tipo. No se realizaron análisis de ADN, pruebas de sangre ni levantamiento de huellas dactilares que vinculen al acusado con el crimen. Incluso se reportó la existencia de dos huellas encontradas en la escena del hecho que nunca fueron sometidas a análisis pericial. El bote retenido por la Fuerza Naval tampoco fue examinado mediante pericias técnicas, señala un reportaje de ANF.
«No se ha hecho ninguna pericia. (No se tiene) ninguno de esos elementos probatorios que pueden circunscribirse y tener con fe probatoria que el señor Julio Lero Sánchez haya sido autor del hecho», manifestó Gabriel Quiroga, abogado de Julio Lero.
6. No se tomaron en cuenta todos los testimonios
Los testimonios también presentan cuestionamientos. No existen testigos presenciales del asesinato y las personas que apuntan al acusado lo hacen a partir de comentarios de terceros. En contraste, de acuerdo con videos de ANF, al menos cinco personas señalaron que Lero se encontraba en un culto religioso en el momento en que se cometió el crimen, pero estas versiones no fueron incorporadas en la investigación fiscal.
7. Barreras de idioma durante el proceso
Otro de los cuestionamientos al proceso es la barrera idiomática. Julio Lero pertenece al pueblo tsimane y tiene un manejo limitado del castellano; sin embargo, durante varias actuaciones judiciales no contó con un intérprete oficial que le permitiera comprender plenamente lo que ocurría. Esta situación fue observada incluso en una petición de informe presentada en la anterior legislatura, en la que se advirtió que la ausencia de traducción adecuada podría haber vulnerado su derecho a la defensa y al debido proceso.
8. No se hizo la reconstrucción de los hechos
Asimismo, el abogado Gabriel Quiroga cuestiona que las autoridades no hayan ampliado las pesquisas en el lugar del hecho ni realizado una reconstrucción del crimen para verificar las distintas versiones sobre lo ocurrido. Estas diligencias son consideradas fundamentales para establecer la dinámica del hecho.
9. Error inicial en identificar al acusado
Las observaciones también alcanzan al desarrollo del proceso judicial. Entre los aspectos señalados figuran errores iniciales en la identificación del acusado; de inicio se le atribuyó otro nombre y se usó su huella dactilar en lugar de su firma en los documentos del proceso.
10. Caso mediático
El caso se volvió mediático desde sus primeras horas, luego de que circularan versiones que vinculaban el asesinato con mafias mineras y presentaban a Marupa como un defensor ambiental. En ese contexto también se difundió un video con un audio atribuido a la víctima que posteriormente fue identificado como falso, lo que contribuyó a construir una narrativa pública que no necesariamente coincide con los hechos verificados.
Por las redes circuló un video con la fotografía del difunto y un audio atribuido a su persona, un discurso en el que defendía el agua sobre el dinero. Pero el video resultó ser falso, el audio correspondía al discurso de un hombre en Ecuador en septiembre de 2024. La verificación fue realizada por Bolivia Verifica.
Con el inicio del juicio previsto para hoy viernes, el proceso entra en una fase decisiva en la que las autoridades judiciales deberán examinar las pruebas, testimonios y observaciones planteadas.
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