Hace unos días, en el programa Sin Concesiones, conducido por Mery Vaca, tuve la oportunidad de participar junto a una candidata a la alcaldía del municipio de Tarija y a una vocal del TED de Tarija. La candidata describió, con una sinceridad y valentía poco habituales, el acoso y la violencia política a la que está siendo sometida, en las calles y en redes sociales, desde el inicio de la campaña electoral de las elecciones subnacionales 2026. Relató que los insultos, las acusaciones y la violencia en redes sociales dirigidas a su persona han creado una situación muy difícil de enfrentar día a día. Su familia —dijo— también está atravesando un momento duro a causa de estas agresiones que, según su percepción, no parecen estar siendo registradas por el Tribunal Electoral Departamental de Tarija. Aunque todavía no ha presentado una denuncia formal ante esta instancia y espera hacerlo cuando termine el proceso electoral, no dijo que piense renunciar a su candidatura. Sin embargo, señala que no percibe mayor interés institucional por atender su caso.
Este caso es apenas un ejemplo de lo que viven muchas mujeres que deciden participar en la competencia electoral. Mujeres que, aun cuando no encuentran protección ni garantías suficientes, siguen adelante. Sabemos que esta situación no es nueva. Lamentablemente se repite elección tras elección. Pero si el impacto del acoso y la violencia política en las calles ya es fuerte, su expansión en redes sociales lo multiplica y lo hace aún más difícil de enfrentar. Y frente a esto surge una pregunta inevitable: ¿cómo es posible que, teniendo una normativa considerada avanzada en relación con otros países de la región, las mujeres en Bolivia sigan siendo objeto de acoso y violencia política sin que estos hechos sean sancionados?
El caso de esta candidata muestra algo que muchos sospechamos desde hace tiempo: la norma existe, pero no alcanza. Las instituciones encargadas de aplicarla no siempre tienen la capacidad de registrar estos hechos, de hacer seguimiento o de actuar con la rapidez que se necesita. La vocal del TED de Tarija informó que durante esta campaña se registraron cinco renuncias de mujeres a sus candidaturas: en tres de los casos las renuncias fueron forzadas y uno de ellos fue remitido a la Fiscalía por tratarse de una denuncia de acoso y violencia política (AVP). Son datos que deberían preocuparnos porque quiere decir que, frente a los ojos de todos, la presión y la violencia están sirviendo de mecanismos de exclusión política en plena campaña electoral de las subnacionales.
¿Tenemos datos más amplios? El Observatorio de Paridad Democrática del Órgano Electoral Plurinacional ha actualizado su portal con información sobre denuncias y renuncias entre 2018 y 2025. En 2021 —año de las últimas elecciones subnacionales— se registraron solo 32 denuncias de acoso y violencia política. Entre 2022 y 2025 se acumulan 254 denuncias. Por su parte, reportes oficiales del Consejo de la Magistratura indican que en 10 años de aplicación de la Ley 243, contra el Acoso y la Violencia Política se han registrado 538 denuncias de AVP en todo el país. El 29% de ellas corresponde a casos de acoso político y el 71% a violencia política y solo un 3% cuenta con sentencia. ¿Reflejan estas cifras la dimensión real del problema? Difícil saberlo. ¿Cuántos casos no se denuncian? Tampoco lo sabemos.
Pero esta realidad revela que, en la práctica, el acoso y la violencia política casi nunca tienen consecuencias. La sobrecarga procesal, la falta de seguimiento institucional y el poco interés que muchas veces muestran las instancias judiciales terminan desalentando a quienes piensan denunciar. Para muchas mujeres, iniciar un proceso significa enfrentarse a años de trámites sin garantías de que se haga justicia.
¿Esto debe quedar así? ¿Debemos resignarnos a que la participación política de las mujeres siga condicionada por la violencia y la intimidación? Tal vez no se trate de crear más normas, sino de mirar con seriedad cómo se están aplicando las que ya existen. La Ley 243 contra el Acoso y la Violencia Política, la Ley 1096 de Organizaciones Políticas, la Ley 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia y la Ley 026 de Régimen Electoral deberían funcionar de manera articulada para prevenir, registrar y sancionar estos hechos de forma más eficaz.
¿Puede el organismo electoral empezar a hacer algo concreto por su parte? Sí. Porque mientras continúe esforzándose para fiscalizar el uso de los recursos financieros de las organizaciones políticas, dejando de lado la aplicación de sanciones por el incumplimiento de lo que sus propios estatutos establecen sobre el respeto a la participación de las mujeres, el mensaje seguirá siendo el mismo: participar en política continúa siendo mucho más difícil y riesgoso para las mujeres.
¿Debe el Estado trabajar para generar mejores condiciones que permitan aplicar efectivamente estas normas? También. Porque mientras no se tomen medidas que vayan desde la educación y la prevención (empezando en la familia) hasta reformas que mejoren la capacidad del sistema de justicia para atender estos casos, seguiremos atrapados en el mismo círculo. Y lo peor es que terminaremos reforzando esa idea tan nuestra de que, frente a la violencia contra las mujeres en política, “así nomás es”.
Es hora de ir más allá de las estadísticas, de los comentarios indignados y de las anécdotas que aparecen en cada proceso electoral. Es hora de empezar a buscar soluciones reales.
Sandra Verduguez es comunicadora social, integrante de Observación Ciudadana de la Democracia (OCD).
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