En un encuentro clave desarrollado en Santa Cruz, un conjunto de instituciones y organizaciones aportaron con insumos y experiencias para la elaboración del plan que permitirá combatir los incendios en Bolivia y enfrentar la crisis que cada año amenaza a la biodiversidad del país. Entre las propuestas planteadas está la necesidad de contar con un estrategia para el manejo del fuego y las políticas públicas que regirán tanto a nivel nacional como departamental en los próximos años, integrando además experiencias internacionales-
El taller, que delinea el Plan Estratégico Nacional de Manejo Integral del Fuego 2026–2035, se centra en pasar del combate directo a la prevención con una normativa institucional fortalecida. Según lo abordado, la vital está solo apagar el fuego, sino en entender cómo y por qué se produce, involucrando a todos los actores del territorio, reportó la agencia ABI.
Estas son las estrategias y ejes centrales que marcarán la agenda está la institucionalización de políticas, es decir contar con normativas sólidas a nivel nacional y departamental, sobre todo evitando vacíos legales en la gestión de quemas.
Lograr cooperación internacional para el fortalecimiento de capacidades con el respaldo de expertos internacionales de Brasil (IBAMA PREVFOGO), la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) y el FIRE HUB.
Por otro lado alcanzar la gobernanza participativa, razón por la cual, por primera vez, se integraron en una sola mesa técnica a las Fuerzas Armadas, organizaciones indígenas, sectores productivos, académicos y centros de investigación, con quienes se empezó a construir consensos sobre el uso del fuego.
Finalmente, sobre la coordinación operativa, el Viceministerio de Defensa Civil se comprometió a mejorar la respuesta efectiva y la transparencia en la gestión de riesgos, asegurando una logística más eficiente ante las temporadas más secas.
Este nuevo enfoque de gobernanza cuenta con el respaldo financiero y técnico de organismos como UK PACT, la Unión Europea (vía Suecia) y la AECID. Según ABI, lo que se busca es «que el país cuente con las herramientas necesarias para reducir drásticamente» esta problemática.
