Mujeres defensoras del medio ambiente. Foto: Yenny Escalante/Sumando Voces
Más de 20 mujeres defensoras de derechos ambientales de La Paz, Potosí y Oruro participaron en un taller de capacitación orientado a fortalecer sus herramientas legales y mecanismos de protección, en el marco del proyecto “Mujeres por Escazú en Bolivia: defensoras indígenas y rurales por la igualdad de género y la justicia ambiental”.
La iniciativa busca equipar a las participantes con conocimientos jurídicos y una ruta crítica clara para encaminar denuncias por vulneraciones ambientales dentro del marco normativo boliviano, informó a Sumando Voces Daniel Poca, director del Servicios Múltiples de Tecnologías Apropiadas (SEMTA).
“El objetivo principal es munirlas de herramientas legales y orientar cómo deben proceder cuando enfrentan afectaciones, para que esas vulneraciones sean canalizadas correctamente por la vía normativa y legal”, explicó Poca.
Uno de los ejes centrales de la capacitación fue la socialización del Acuerdo de Escazú, tratado regional ratificado por Bolivia que garantiza el acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones y la protección de personas defensoras del medio ambiente. Esta parte del taller fue brindado por representantes de la Defensoría del Pueblo.
Según Poca, si bien Bolivia cuenta con una ley que incorpora el Acuerdo al ordenamiento jurídico nacional, su implementación aún es incipiente y poco difundida. “Es fundamental que las defensoras conozcan esta normativa, porque les brinda un respaldo específico frente a amenazas o vulneraciones”, señaló.
El proyecto es ejecutado de manera conjunta por la Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA) y SEMTA, con financiamiento del Gran Ducado de Luxembourg y el respaldo de ONU Mujeres. Forma parte de una estrategia nacional que contempla la realización de talleres en distintas regiones del país.
En la segunda jornada del evento, desarrollado este 20 de febrero, participan representantes del Tribunal Agroambiental, quienes explican los mecanismos institucionales disponibles para la defensa de derechos ambientales y territoriales.
El contexto en el que surge el proyecto está marcado por el incremento de conflictos ambientales en distintas regiones del país. Por ejemplo, las mujeres de Oruro relataron cómo la contaminación minera de la estatal minera Huanuni envenena día tras día a las personas que aún viven en esa región.
De la misma manera, la situación en Andavilque, en Lllallagua – Potosí, no ha mejorado a casi un año del desastre. “Ya pasó casi un año desde que las lamas de la Comibol se ha llevado las casas, se ha llevado todo un pueblo. A uno le duele. Nosotros vinimos a La Paz a pedir audiencia, pero no nos han hecho caso”, reclama con lágrimas en los ojos Felicia Oporto, una de las damnificadas.
De acuerdo con Poca, desde el observatorio de LIDEMA se ha evidenciado un aumento de vulneraciones vinculadas principalmente al sector minero, aunque también existen otras afectaciones que impactan a comunidades indígenas y rurales.
El proceso de capacitación continuará en Cochabamba, donde se prevé la participación de defensoras de Sucre y Tarija, y concluirá en Santa Cruz, con presencia de representantes de Pando y la Amazonía. En total, se proyecta capacitar a 60 mujeres en el eje central del país.
Como resultado del proceso, se prevé evaluar la conformación de una red de mujeres defensoras ambientales que permita articular acciones, compartir información y fortalecer la protección colectiva frente a posibles riesgos en el ejercicio de su labor.
Daniel Poca, director de SEMTA
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