Periodistas de Bolivia. Foto: RRSS
La detención de la representante legal de Empresa Editorial Canelas S.A. reaviva una larga disputa judicial por la restitución de derechos laborales de un grupo de extrabajadores del diario Los Tiempos por el incumplimiento en el pago de salarios devengados desde 2018.
El Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba dispuso el apremio de Ghilda Rosario Veizaga Moldes, quien fue aprehendida la noche del jueves 5 de febrero dentro de un proceso de ejecución coactiva iniciado por extrabajadores del medio de comunicación.
La orden judicial establece que la representante legal permanezca en la cárcel de San Sebastián Mujeres hasta que se cancele el monto adeudado de 435.692 bolivianos por concepto de sueldos devengados.
Entidades agremiadas exigen que se cumpla la ley
Ante esta situación, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de Cochabamba (APC) emitieron un pronunciamiento de respaldo y solidaridad con las y los periodistas y trabajadores de Los Tiempos, denunciando una grave y persistente vulneración de derechos laborales por parte de la empresa Editorial Canelas S.A.
Los hechos «constituyen una prueba contundente del incumplimiento sistemático de las obligaciones laborales por parte de la empresa”, señala el comunicado, que advierte que el conflicto no afecta únicamente a los demandantes del proceso judicial, sino a más de 100 periodistas y trabajadores, quienes durante años habrían sido privados de su derecho a una remuneración justa y oportuna, estabilidad laboral y acceso a la seguridad social.
Las organizaciones periodísticas alertan que la precarización laboral en un medio de comunicación emblemático del país no solo representa una injusticia social, sino también una amenaza directa a la libertad de prensa y a la democracia, al debilitar las condiciones mínimas para el ejercicio del periodismo libre y ético.
En ese marco, la ANPB y la APC exigieron a Editorial Canelas S.A. el cumplimiento inmediato de la Ley General del Trabajo y de las resoluciones judiciales, así como a las autoridades competentes garantizar la ejecución efectiva de las decisiones emitidas, en apego al artículo 115 de la Constitución Política del Estado, que garantiza una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones.
“La ley es clara: los derechos laborales son irrenunciables. Sin justicia laboral no hay libertad de prensa”, concluye el pronunciamiento, que reafirma que la defensa de los derechos de periodistas y trabajadores de la prensa es una condición indispensable para una sociedad democrática.
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