Fiscalía admite nuevo proceso penal contra 16 comunarios de Tariquía y un concejal

Desarrollo

|

|

Yenny Escalante

Defensores ambientales intentaba detener al contingente policial. Foto captura de pantalla Provinciana TV

El Ministerio Público admitió una nueva denuncia contra 16 comunarios y un concejal de la provincia O’Connor, en Tarija, por los presuntos delitos de “asociación delictuosa y otros”. El hecho se conoció este lunes, luego del ingreso forzado de un contingente policial a la zona de acceso al pozo petrolero Domo Oso X3, en el territorio de Tariquía.

«Hoy me estoy este enterando que nuevamente (tenemos) otra otra denuncia, otra demanda, nos hacen llegar mes a mes, día a día un una notificación», manifestó una de las denunciadas, Juanita Marina Mercado, quien es locataria de Chiquiacá, en Tariquía.

Este hecho generó preocupación entre comunidades y organizaciones sociales, que advierten una persecución judicial no justificada contra defensores ambientales que se oponen a la exploración hidrocarburífera en la zona.

De acuerdo con el requerimiento fiscal de directriz inicial, la denuncia fue presentada por Fernando Vargas Guzmán, en representación de YPFB y Petrobras Bolivia S.A., y se enmarca en una investigación por delitos de acción pública como asociación delictuosa, atribuirse derechos del pueblo y atentados contra la libertad de trabajo, tipificados en el Código Penal.

Juanita Marina Mercado, locataria de Chiquiacá, es una de las denunciadas. Video: Tariquía Hoy

El documento instruye a la Policía la designación de un investigador, la notificación de los sindicados y su comparecencia a declarar en un plazo de 24 horas —por lo que se prevé que mañana martes sea la primera audiencia—, bajo advertencia de que, en caso de inasistencia, podría emitirse un mandamiento de aprehensión, conforme a la normativa vigente.

Entre los sindicados figuran comunarios de Chiquiacá Norte, Chiquiacá Sud, Loma Alta y Pampa Redonda, además de un concejal municipal, cuyos nombres constan en el documento fiscal. Los hechos investigados están vinculados, según la denuncia, a acciones que presuntamente afectaron las actividades petroleras en el área San Telmo Norte.

Organizaciones ambientales y sectores de la sociedad civil cuestionaron la actuación fiscal y policial, y alertaron que el uso del sistema penal contra comunarios podría sentar un precedente de criminalización de la defensa del territorio en Bolivia. La investigación se encuentra en fase preliminar.

¿Qué dice Petrobras?

En diciembre de 2025, la empresa petrolera brasileña Petrobras anunció que, a través de la contratista IST, iniciaría los trabajos de exploración del pozo Domo Oso X3, ubicado en el área San Telmo Norte, en Tarija. “Mediante un diálogo permanente con las 10 comunidades del cantón Chiquiacá, se ha socializado el proyecto, así como la experiencia técnica y operativa necesaria para ejecutarlo de manera segura, sustentable y respetuosa con el medio ambiente”, sostuvo en un comunicado.

La compañía informó que la intervención cuenta con el contrato de servicios petroleros con YPFB, aprobado por Ley, y con la licencia ambiental otorgada en julio. Asimismo, señaló que el proyecto contempla la apertura de un camino de acceso y la construcción de una planchada petrolera donde se instalará el taladro de perforación.

Petrobras indicó que el proyecto se encuentra fuera de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, no obstante, los comunarios tariquieños advierten que se contaminarán las cabeceras de las fuentes de agua que alimentan a la región y a todo el departamento de Tarija.

También le puede interesar:

Autor

Comparte:

Noticias

más leídas

Guardaparques rechazan instructivo del Sernap que los limita a dar información sobre las áreas protegidas

Personas con discapacidad piden a candidatos de La Paz inclusión en salud, educación y empleo

Cerro Rico de Potosí: la minería “responsable” no frena la contaminación ni los daños al territorio

Entre contaminación y extractivismo: Tacanas y TIM exponen vulnerabilidad en la Amazonía

Ministerio Público y Órgano Judicial, las entidades más denunciadas en 2025 ante la Defensoría

Informe IPDRS: Bolivia empeña su patrimonio natural para cubrir el vacío que dejó el gas

Fundación Solón: El Gobierno busca regularizar por la vía rápida a miles de mineros que incumplieron la ley por 12 años

Definen estrategias de prevención y manejo integral de incendios forestales para el próximo decenio