Desastre del desborde del Piraí. Foto: Defensa Civil.
Las regalías que pagan los mineros y los explotadores de áridos, por su actividad que altera el cauce natural de los ríos, no compensan los desastres por las inundaciones que provocan, según la diputada de Unidad Cecilia Requena. La legisladora pidió a las autoridades pensar en el costo y beneficio al autorizar esas actividades extractivistas.
Las fuertes y constantes lluvias registradas desde el jueves pasado provocaron varios desastres en al menos 25 municipios de Santa Cruz. Hasta el momento, las personas fallecidas superan las 20 y aún se buscan a más desaparecidos. Los daños materiales son incalculables.
La tragedia tendría como uno de sus orígenes la extracción de áridos en la cuenca superior y en el río, sin que exista control por parte de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y los municipios, según la diputada.
La AJAM es la encargada de dar autorizaciones para que se pueda explotar bancos secos en la parte superior, pero bajo condiciones de cuidado medioambiental. Sin embargo, la falta de control de esas operaciones termina por afectar el cauce natural del río y su degradación.
Requena sostuvo que las instituciones llamadas a fiscalizar esas actividades no tienen la capacidad para cumplir sus obligaciones y por eso se ve tanta actividad minera ilegal que opera con completa impunidad. Incluso cuando son los pueblos indígenas los que denuncian, esas organizaciones del Estado no se constituyen en parte querellante.
“Este tipo de desastres ya deberían llamarnos la atención porque obviamente lo que se paga en regalías por minería, —porque los áridos y bancos secos se consideran una especie de minería, por eso la dotación de permisos de la AJAM—, resulta que terminamos perdiendo como en la peor guerra. Porque no alcanza ni siquiera para mitigar el desastre”, lamentó la diputada en entrevista con la ANF.
La legisladora de Unidad indicó que están trabajando en una ley de bosque y otros sistemas de vida para que las autoridades estén obligadas a constituirse en querellantes contra los que causen ese tipo de desastres.
“Lo que pagan los mineros en Tipuani y en Guanay no alcanzan ni para vaciar las pozas que se crean por el desastre minero. Entonces, la pérdida para el bien común ya es cuantificable y debería ser más seriamente cuantificada, pero no se lo hace. Ahí queda claro que el país, el bien común, el interés general, está realmente perdiendo y que estas riquezas están privatizándose para gente que ni siquiera, por omisión del Estado, paga nada o casi nada de sus responsabilidades”, condenó Requena.
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