Desde hace varios años, medios de comunicación, organizaciones indígenas y entidades de la sociedad civil vienen denunciando hechos de avasallamiento, invasión de propiedad privada, amedrentamiento y despojo territorial en regiones del oriente boliviano por parte de comunidades interculturales. Estas acciones han afectado tanto a pueblos indígenas originarios como a productores agropecuarios, generando conflictos sociales y territoriales.
Recientemente, en el departamento de Santa Cruz, se reportó el avasallamiento por parte de comunidades interculturales de la comunidad Tia Uñe, territorio perteneciente a la Tierra Comunitaria de Origen del pueblo Ayoreo. De manera similar, en 2021, al menos 40 familias ayoreas fueron desplazadas de la comunidad Yoquiday, sin que hasta la fecha exista una respuesta efectiva del Estado ni de las instancias judiciales competentes.
La pregunta de fondo es: ¿desde cuándo las comunidades interculturales antes denominadas colonizadores se convirtieron en un problema estructural en regiones como la Amazonía boliviana?
El término interculturales se institucionaliza políticamente a partir de la Constitución Política del Estado de 2009, en el marco del reconocimiento de los pueblos indígena originario campesinos. Posteriormente, esta categoría se consolida en políticas públicas, normativa sectorial y en la estructura sindical y organizativa promovida por los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS).
Durante la última década y media, el Estado impulsó políticas de asentamientos humanos y redistribución poblacional en regiones rurales de Pando, Beni y el norte de Santa Cruz y La Paz. Estas políticas, orientadas formalmente al desarrollo rural y al acceso a la tierra, habrían tenido también un componente político-sindical, orientado a ampliar la influencia organizativa y electoral del oficialismo en territorios históricamente ajenos a su base social.
Uno de los instrumentos centrales en este proceso fue el Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (FONDIOC), posteriormente denominado Fondo de Desarrollo Indígena (FDI). Este fondo, activo principalmente entre 2010 y 2016, tenía como beneficiarios por normativa a pueblos indígenas, comunidades campesinas e interculturales, y financiaba proyectos productivos y de infraestructura con recursos públicos.
Las comunidades interculturales, además de participar en procesos de asentamiento y dotación de tierras fiscales mediante los mecanismos de saneamiento y adjudicación del Estado, también accedieron de manera directa a financiamiento proveniente del FONDIOC–FDI. De acuerdo con datos difundidos por la Fundación ICEES (mayo de 2015) y recopilaciones de proyectos realizadas por organizaciones de análisis social, las organizaciones interculturales habrían recibido alrededor de 212.139.000 bolivianos del FONDIOC–FDI, cifra que las ubica como uno de los principales beneficiarios del financiamiento público asignado por este mecanismo.
Paralelamente, el registro de comunidades indígenas e interculturales se incrementó de manera significativa en las últimas décadas, particularmente en los departamentos de Pando, Beni, el norte de La Paz y la Amazonía de Santa Cruz. Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran la existencia de cientos de comunidades registradas en estas regiones, cuyas fechas de incorporación censal coinciden temporalmente con los años de mayor actividad financiera del FONDIOC–FDI (2010–2016). Si bien esta coincidencia no constituye por sí sola una prueba de causalidad directa, sí evidencia una correlación temporal relevante que amerita mayor análisis.
La combinación de acceso a tierras fiscales y de recursos económicos públicos constituyó un incentivo poderoso para la conformación y formalización de comunidades interculturales. Sin embargo, los impactos sociales y ambientales de este proceso han sido ampliamente cuestionados. En las últimas décadas, la expansión de asentamientos interculturales ha estado asociada, según denuncias de organizaciones indígenas, informes ambientales y reportes periodísticos, a la deforestación acelerada, incendios forestales y a la ocupación de áreas colindantes o superpuestas a territorios indígenas y áreas protegidas.
Estos asentamientos han derivado en conflictos recurrentes con pueblos indígenas del oriente boliviano, vulnerando derechos territoriales reconocidos constitucionalmente y, en algunos casos, poniendo en riesgo la integridad física y la vida de comunidades enteras. De igual manera, productores ganaderos y agricultores han denunciado un incremento de avasallamientos a la propiedad privada en los últimos años. La reducción de recursos públicos y proyectos destinados a organizaciones interculturales durante la gestión gubernamental de Luis Arce Catacora a causa de la crisis, ha intensificado estas tensiones. Al verse privadas de fuentes de financiamiento estatal, ciertas organizaciones habrían recurrido a la ocupación ilegal de tierras fiscales, territorios indígenas y predios privados, en algunos casos generando incendios forestales con la finalidad de facilitar procesos posteriores de saneamiento y dotación de tierras.
El resultado es un problema social, ambiental y político de gran magnitud. En su intento de consolidar una base política y sindical en el oriente boliviano, el MAS habría contribuido a la gestación de un conflicto estructural que hoy desborda la capacidad de control del Estado. La ausencia de sanciones efectivas y de una política clara de respeto al Estado de derecho solo profundiza esta crisis.
Ningún grupo social puede situarse por encima de la ley o manipular la misma. Durante casi dos décadas, los bolivianos no solo fuimos testigos del desvío de recursos y hacia proyectos fantasma vinculados al Fondo de Desarrollo Indígena, sino también de un daño sostenido al tejido social del país. Que uno de los principales grupos beneficiarios de un fondo creado para pueblos indígenas haya sido el sector intercultural resulta irónico, indignante y profundamente doloroso para los pueblos indígenas que confiaron en este mecanismo como una vía para mejorar su calidad de vida. El fallecido Marco Aramayo, indígena mojeño y exdirector del FDI, quien fue el que denunció con valentía los desvíos de recursos y la existencia de proyectos inexistentes, de seguro sufrió esta misma indignación al constatar que millones de bolivianos destinados a los pueblos indígenas terminaron favoreciendo a colonizadores.
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Rubén Ticona Quisbert es economista y activista del Colectivo Lucha por la Amazonia.
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