Yanira Silvetty Reynoso
El líquido vital, denominado así por la importancia que tiene para la subsistencia del ser humano en la tierra y todos lo seres vivos que la habitan, ha sido un tema relegado en la agenda nacional y departamental de las autoridades de gobierno para el departamento de Tarija.
No todos tienen acceso al agua en este departamento. Según datos del INE, en Tarija el 29,7% no cuenta con el servicio de agua por cañería, por lo tanto, según esta estadística, tres de cada diez familias dependen de ríos y acequias, así como otros medios para abastecerse de este recurso básico que debería estar garantizado.
Pero esta realidad nos presenta otra problemática latente y preocupante: la contaminación. Se reporta que en las comunidades agropecuarias el 58,9% del agua presenta algún grado de contaminación. El INE además indica en este estudio que la contaminación por agroquímicos alcanza el 56,7% en esas zonas. Panorama similar de riesgo y emergencia se observa en la zona alta de Tarija, donde el año 2023, el diario El País mencionaba que pozos profundos del área se encuentran contaminados con plomo.
Por todo ello, es inevitable realizarse la siguiente interrogante ¿Quién protege a la población tarijeña del acceso desigual y contaminación del agua? La falta de leyes, control ambiental, inversión y políticas medio ambientales, entre otros factores importantes, fragmentan el ciclo del agua como derecho, dejando a las comunidades rurales, zonas periurbanas depender de fuentes no tratadas, ríos contaminados o conexiones defectuosas para abastecerse.
Tarija exige de forma inmediata una verdadera política de gestión del agua basada en diagnósticos reales y propuestas de proyectos realistas, que invierta en tratamiento de aguas residuales, que controle el uso de agroquímicos en zonas agrícolas, que garantice conexiones permanentes y de calidad en las áreas periurbanas, así como rurales y que dote de mecanismos de monitoreo ciudadano. No basta con lamentar la contaminación, las conexiones precarias o los pozos que ya no dan abasto; es necesario reconocer que la gobernanza del agua no es solo técnica, sino profundamente política y social.
Cada día las personas que habitamos esta tierra vivimos cegados en el presente derrochando este recurso, vivimos regidos por un reloj de veinticuatro horas ocupados en nuestra individualidad, ignorando la madre tierra sin avizorar el futuro y las consecuencias cercanas que conllevan nuestro descuido. Por lo tanto, el compromiso de cada ciudadano tarijeño también es fundamental en la protección del agua. Informarse, cuidar su uso diario, monitorizar constantemente y hacer prevalecer nuestro derecho al acceso seguro a este líquido vital ante las autoridades, también es parte de la solución.
Debemos reconocer que el agua no es una mercancía sino un derecho, que su gestión no es solo técnica sino ética, que su protección es tarea colectiva. Si el agua nos pertenece a todos, entonces cuál es el compromiso genuino de proteger este liquido vital por parte de los principales actores.
Nos encontramos ante una situación de riesgo respecto al agua para todos los seres vivos que habitan este valle tarijeño. En este nuevo panorama político social, las acciones de todos deben tener por objetivo garantizar la protección y acceso seguro a uno de los principales elementos de la vida en la tierra: el agua.
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